Complicada situación del concejal Vignatti

Un fiscal está analizando una presentación del Tribunal Electoral para ver si impulsa una investigación penal. También aparecen comprometidos el partido Frente para la Victoria y la agrupación Nuevo Tiempo.
El concejal del PJ, Oscar Vignatti, quedó en la línea de fuego en la investigación que hizo el Tribunal Electoral Provincial por las presuntas afiliaciones "truchas" de tres partidos políticos, entre ellos el Movimiento de Acción Vecinal. ¿Por qué? Porque de 370 afiliados citados a declarar, 245 no reconocieron sus firmas, o sea el 66 por ciento.

El M.A.P., cuyo principal y casi único referente es Vignatti, está reconocido como partido nacional por la justicia electoral federal, ya que tiene personería jurídica no sólo en La Pampa, sino también en Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, Buenos Aires, La Rioja y San Luis.

El actual concejal del justicialismo -se afilió recientemente a ese partido- y ex secretario municipal de Hacienda durante la gestión tiernista, fue candidato a intendente en octubre del año pasado, obtuvo casi 900 votos y se ubicó sexto con el 1,55 por ciento de los votos.

Cuatro años antes, en 2003, había ganado la interna del radicalismo en representación de las listas Blanca, Morada y Celeste, pero finalmente no pudo estar en la boleta porque la U.C.R., junto a otras fuerzas, conformó el Frente Alternativa Pampeana (FRAP) y el candidato a intendente terminó siendo Oscar Nocetti.

Las sospechas de afiliaciones "truchas" surgieron el pasado 1 de junio, el día en que el justicialismo santarroseño fue a elecciones internas para elegir a su candidato a jefe comunal. Ese día, en la Secretaría Electoral se detectaron más de 30 fichas adulteradas. Se trató de personas independientes que quisieron votar y no pudieron porque figuraban tachadas del padrón ya que figuraban como adherentes a partidos políticos.

Por eso, a partir de ese momento, el Tribunal Electoral Provincial comenzó una pesquisa administrativa que concluyó con una presentación en la Fiscalía 1, a cargo de Carlos Ordaz, por las presuntas irregularidades, ya que 272 de las 535 personas que se presentaron a declarar, ya que fueron convocadas muchas más, no reconocieron sus firmas. Ello equivale a la mitad (50,8 por ciento).

Los números.

En el caso del Movimiento de Acción Vecinal, el Tribunal citó a 370 supuestos afiliados. 245 dijeron que sus firmas no eran auténticas, 120 admitieron que eran propias y 5 respondieron que estaban en duda. Por lo tanto, a priori el 66,2 por ciento de las fichas estarían adulteradas, lo que equivale a dos de cada tres afiliados.

Con relación al partido de alcance provincial Frente para la Victoria -que está presidido por la ex diputada Delia Gette-, de 141 personas, 118 reconocieron sus firmas y 23 no; es decir el 16 por ciento.

A Nuevo Tiempo, la justicia electoral le controló a 24 afiliados y solamente cuatro negaron sus rúbricas. Esta es una agrupación local que, en los comicios del 31 de agosto, llevó como candidato intendente al pastor evangélico Hugo Alberto González, de la iglesia "Jesús llama a tu puerta". Fue último con un millar de votos.

¿Qué hará Ordaz? Como lo que recibió del Tribunal Electoral no es una denuncia, sino una presentación atento a que en principio se habrían detectado anomalías, el fiscal ya está analizado la vasta documentación que tiene en sus manos para resolver si promueve o no una investigación penal. Un detalle: las personas que declararon hasta ahora no lo hicieron bajo juramento, por lo que deberían ratificar esos testimonios en la justicia ordinaria.

Para que un partido sea reconocido necesita reunir un mínimo de afiliados equivalente al cuatro por ciento del padrón de cada lugar. Por ejemplo, un partido para ser reconocido a nivel provincial requiere algo más de 800 fichas, y a nivel municipal, en Santa Rosa, alrededor de 150.

En teoría, los presidentes y/o apoderados de cada agrupación deben dar fe de que las firmas corresponden al afiliado porque ellos también suscriben las fichas, aunque también podría darse el caso de que algún otro dirigente sea el responsable de las eventuales falsificaciones.

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