La Justicia amplió las sospechas sobre la obra social del gremio de los camioneros , que maneja el líder de la CGT, Hugo Moyano, al detectar 183 comprobantes de remedios contra el cáncer supuestamente falsos con los que se cobraron reintegros del Estado. Además, se puso la mira sobre dos nuevos proveedores de los medicamentos.

Con esos indicios, el juez federal Claudio Bonadio volverá a indagar a partir de hoy al dueño de la droguería Urbana, Marcos Hendler , principal proveedora de medicamentos de Camioneros.

También interrogará como sospechosos a dos auditores médicos de esa obra social: Daniel Lombardero, mañana, y Eduardo Szwarcer, el lunes 13, por la firma de expedientes mediante los cuales se pedía a la Administración de Programas Especiales (APE) que se les reintegrara lo gastado en el medicamento Erbitux contra el cáncer.

El cronograma de indagatorias continuará la semana próxima con las explicaciones que debe dar el ex director de la APE Juan Antonio Rinaldi, un funcionario que respondía a Moyano hasta que llegó al organismo y se convirtió en colaborador de Graciela Ocaña, entonces ministra de Salud. También será interrogada otra funcionaria de la APE, Silvia Córdoba.

En sus investigaciones, el juez determinó que Hendler no fue el único proveedor de la obra social de los camioneros. Detectó que el gremio también compró Erbitux, un medicamento contra el cáncer, de laboratorios Merck, a las empresas Prevent S.A y Satélite SRL.

Por eso citó a prestar declaración indagatoria como sospechosos a los titulares de esas droguerías: Luis Somoza, de Prevent SRL, y Javier López, de Satélite SA. Deberán presentarse el 21 y 22 de este mes, respectivamente. El abogado de Moyano, Daniel Llermanos, fue notificado de estas citaciones a prestar declaración indagatoria para que esté presente por si quiere hacer preguntas para defender los intereses de su cliente, imputado en la causa.

Bonadio, según le indicó la Cámara Federal, se adentró en tres expedientes de la APE correspondientes a tres pacientes: Omar Martínez, José Artuzzi y Elsa Toledo. Involucran en total 183 troqueles de Erbitux sobre los que el gremio reclamó reintegros. Un nuevo peritaje realizado hace tres semanas estableció que esos troqueles no se corresponden con los de la caja del remedio, importada de Alemania.

Para cobrar los reintegros hay que presentar en la APE un expediente con la historia clínica de cada paciente y el troquel del remedio que se le suministró. Los camaristas federales escribieron que la sospecha es que no se entregaban cajas con medicamentos, sino solamente los troqueles para adjuntarlos a los expedientes.

El juez Bonadio venía investigando a la obra social de camioneros desde hace tres años. Durante sus averiguaciones puso la lupa sobre los reintegros que cobra la obra social sindical por la provisión de costosos medicamentos para el cáncer.

Pero también lo investiga, merced a la denuncia de la ex ministra Ocaña, por supuesta administración infiel de los bienes de sus afiliados, debido a la red de empresas privadas, ligadas a la familia del líder de la CGT, que le brindan servicios a la obra social de camioneros.

Los troqueles falsos

Con respecto a los medicamentos, el magistrado avanzó y llegó a establecer que esta práctica de recibir dinero del Estado contra la presentación de comprobantes apócrifos ya se había realizado en al menos 200 casos, con el mismo medicamento, Erbitux. Primero se realizó un peritaje sobre esos troqueles presentados en los expedientes de la APE correspondientes a cuatro pacientes y se determinó que eran apócrifos. Ahora se amplió a otros pacientes. Los peritajes se efectuaron con técnicos del laboratorio Merck que trajeron desde Alemania las cajas originales de Erbitux para compararlas con las que estaban adjuntadas en la causa.

Comprobaron que en los troqueles presentados por los camioneros en los expedientes APE, la tipografía, el espacio entre las letras, la manera en que estaban impresos los códigos de barras, la calidad del cartón y la tinta usada "no se correspondían" con los originales. Por eso Bonadio procesó en ese momento a Hendler como proveedor de los troqueles. Se apoyó en una escucha telefónica donde el dueño de Urbana dialoga con una empleada de otra droguería y explora sobre la posibilidad de imprimir troqueles adulterados para la obra social del gremio de Moyano. El juez procesó también al auditor médico de la obra social sindical Daniel Lombardero, que tramitó el reintegro de dinero por remedios oncológicos con comprobantes apócrifos, y a Hugo Sola, gerente de Prestaciones de la APE.

La Cámara Federal confirmó el 16 de mayo pasado las sospechas de fraude y los camaristas de la Sala II del tribunal, Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, ratificaron de ese modo toda la investigación de Bonadio y los procesamientos.

El fallo puso en una situación complicada al líder de la CGT, ya que la firma de Moyano, como presidente de la obra social, rubrica cada uno de los legajos presentados ante la APE para cobrar los reintegros, junto con los dudosos troqueles.

Los camaristas le indicaron a Bonadio que avanzara con los otros 200 expedientes APE que tiene secuestrados. Tras regresar de una licencia de dos semanas, así lo hizo, y ahora dispuso las nuevas indagatorias.

Carlos Arslanian, abogado de Hendler, explicó que su cliente está tranquilo, a pesar de que está procesado dos veces (una en esta causa y otra en otro caso contra Moyano a cargo del juez Norberto Oyarbide) y que los peritajes no dijeron que los troqueles eran falsos, sino que "no se correspondían con los originales".

Los reintegros. Se sospecha que la obra social de Camioneros, como otras bajo investigación, cobraba reintegros del Estado por tratamientos de alta complejidad.

Los troqueles. El juez Bonadio incorporó a la investigación 183 troqueles (de medicamentos) que podrían ser falsos.

Proveedores. Además, investigará a otras dos droguerías que operaban con la obra social de Moyano.

LA MANIOBRA

Varios implicados . El fraude con medicamentos falsos o vencidos complicó a una gran cantidad de obras sociales sindicales, que usaban comprobantes apócrifos para cobrar reintegros indebidos del Estado. El primer implicado por el jefe de los bancarios, Juan José Zanola, que está preso desde hace más de un año. También por estas maniobras estuvo preso casi dos días el duhaldista Gerónimo Venegas, de los peones rurales.

Las complicaciones de Moyano . El jefe de la CGT niega toda participación en la maniobra, pero una gran cantidad de expedientes que llevan su firma están siendo investigados por la Justicia ante la sospecha de que se usaron para cobrar indebidamente subsidios estatales.

Dos causas . Hay dos investigaciones en las que está implicado Moyano y ambas fueron ratificadas por la Cámara Federal. En una lo investiga Norberto Oyarbide; en otra, Claudio Bonadio. En ninguna de las dos está procesado ni fue citado a declarar.

Los indicios . La complicación para Moyano aparece a raíz de una gran cantidad de troqueles de medicamentos al parecer apócrifos que fueron presentados para reclamar los reintegros. Además, el proveedor de la obra social de los camioneros está procesado. La principal prueba en su contra es una escucha telefónica, en la que habla de conseguir troqueles falsos para uso de Camioneros.