Se compilaron todas las normas tributarias

El nuevo texto ordenado del Código entrará en vigencia a partir del 30 de abril de 2010.
La labor de síntesis normativa que encaró la Legislatura con la sanción del Digesto Jurídico se evidencia en números concretos: de las 215 leyes que analizó la comisión de Hacienda, sólo 48 subsisten y tienen vigencia. El resto fue ron declaradas caducas porque sus disposiciones y cambios fueron incorporados a las normas originales, que fueron corregidas y ampliadas, y en las que se eliminaron las reiteraciones, las sobreabundancias, las contradicciones y los errores lingüísticos.

El trabajo encarado sobre el Código Tributario provincial es un ejemplo puntual. A fines de mes, la Ley 5.121 cumplirá exactamente 30 años, pero recién desde ayer reúne en su articulado todas las modificaciones realizadas en las 42 normas que trataron sobre sus 359 disposiciones, que tienen ahora nueva numeración correlativa (se eliminaron los bis, ter y cuáter) y una redenominación de sus incisos.

También, los cambios introducidos en 20 leyes referidas al establecimiento de las alícuotas de cada tributo provincial quedaron unificados en la ley original, de mayo de 1984. Los legisladores también consolidaron las normas fiscales municipales y comunales, incluyendo el concepto imponible y monto de referencia de cada percepción, el Convenio Multilateral (permite cobrar impuestos fuera de la provincia) y la designación de ciertos agentes de retención (como los ingenios azucareros). De esta forma, se clarificó y se simplificó el acceso a las normas impositivas, y se podrá determinar con mayor agilidad la carga fiscal que se debe pagar en cada oportunidad, lo que facilitará la realización de inversiones. En este rubro se incorporaron todas las reformas legales realizadas hasta el momento. Para permitir la adecuación de todas las oficinas públicas a la actualización dispuesta al Código Tributario Provincial, se resolvió que el nuevo texto ordenado entre en vigencia a partir del 30 de abril de 2010.

Deuda pública

La ratificación abarcó la declaración de emergencia económica y financiera a la Provincia (vigente desde noviembre de 1999), la absorción de la deuda de municipios y comunas, y la habilitación al Gobierno para la toma de créditos y emisión de títulos públicos, cuyo plazo de cancelación está aún vigente. Por este motivo, las normas originales no fueron declaradas caducas ni derogadas.

También se confirmó la constitución de una sociedad mixta con la UNT para explotar Canal 10; la designación de la Caja Popular de Ahorros como la única entidad autorizada para organizar el juego de quiniela y el régimen del Activo por Activo, que le permite al Estado desprenderse de bienes por obras o servicios a cargo de privados. Otras disposiciones que se mantienen regulan el Fondo para el Desarrollo del Interior, con la determinación del porcentaje de aporte estatal que le corresponderá a cada municipio y a cada comuna (algunas normas están suspendidas en forma excepcional hasta fin de año); la prioridad para que se adquieran bienes a las PyME tucumanas en paridad de oferta; la privatización del Banco de la Provincia de Tucumán y adhesiones a leyes nacionales para la generación de empleo, y la Ley de Administración Financiera.

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