Compás de espera para la Defensoría

El proyecto para establecer la figura del Defensor del Pueblo se encuentra demorado en la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante.
Se entablaron contactos con el Ejecutivo para conocer la viabilidad económica de la propuesta.

En los días previos a la última sesión del Concejo Deliberante, todo hacía suponer que el proyecto para habilitar en Luján una Defensoría del Pueblo estaba a punto de ser tratado.

El jueves de la semana pasada, sin embargo, desde la Comisión de Legislación del Concejo se decidió demorar el tratamiento. Pequeñas objeciones al proyecto original hicieron que la propuesta no entrara en el temario de la sesión que se realizó al día siguiente.

En particular, existen dudas de orden administrativo, pero especialmente económico. Algunos concejales pretenden conocer si el Ejecutivo estará dispuesto a afrontar los gastos que demande la instalación del nuevo organismo.

A estas complicaciones se sumó una situación personal que afectó a Roberto Monzón, principal impulsor de la alternativa. El edil del interbloque Frente Unión Vecinal no pudo asistir a ese encuentro por un problema de salud que todavía lo mantiene alejado de sus funciones como concejal.

De cualquier manera, el miércoles de esta semana la Comisión de Legislación se reunió con el secretario Legal y Técnico del municipio, Alcides Pedurán. El funcionario se comprometió a estudiar el proyecto desde el punto de vista específicamente administrativo. En paralelo, los concejales buscan que el secretario de Economía, Héctor Artero, estudie la posibilidad de habilitar una partida presupuestaria para cubrir el sueldo del futuro Defensor del Pueblo, y también analice la reubicación de cinco trabajadores administrativos del plantel municipal. Además, deberá contemplar la posibilidad de alquilar un edificio, en caso de que no exista un inmueble propiedad de la comuna que pueda ser utilizado como Defensoría.

En el medio de estas tratativas y definiciones, todavía se desconoce la postura que tendrán las distintas fuerzas políticas que conforman el Concejo cuando el proyecto finalmente sea tratado.

En el seno del bloque Compromiso Peronista, por ejemplo, aún no existe consenso sobre la posición que se tomará al momento de la votación. “Existen algunas diferencias de criterios dentro del propio bloque. De cualquier manera no son diferencias insalvables. Además queremos tener certezas sobre el financiamiento, porque no sea cosa que el proyecto se apruebe y después nunca se implemente”, explicó Luis Vanin a EL CIVISMO.

En el bloque Reafirmación Peronista para la Victoria la situación es, en parte, similar. Algunos concejales mantienen pocas expectativas sobre los alcances que tendrá la futura, y todavía hipotética, Defensoría. Salvador Faro, adelantó a este bisemanario que no cree que el Defensor del Pueblo signifique un cambio para el vecino y puso en duda la capacidad de financiamiento.

El oficialista Mauricio Molinero, en tanto, expresó que “el proyecto nos parece importante, pero tenemos que tener en cuenta la realidad. El gran problema es económico”.

Quienes mantienen clara su posición a favor de la iniciativa son los concejales que políticamente responden a la ex diputada María Inés Fernández. Consultado por EL CIVISMO, el presidente de ese bloque, Jorge Artero, fue contundente: “Nosotros lo vamos a acompañar. Estamos totalmente a favor”.

La semana próxima, el proyecto ingresaría a la Comisión de Economía, con el propósito de avanzar en el punto que despierta mayores cuestionamientos.

LOS ALCANCES

La propuesta, presentada a mediados de año por el Frente Unión Vecinal, plantea que la intervención del Defensor del Pueblo “podrá ser requerida por toda persona física, jurídica, asociaciones, entidades intermedias o grupos de vecinos, que invoquen un derecho o un interés particular, colectivo o comunitario afectado o comprometido por actos, hechos u omisiones de los organismos municipales”.

El Defensor tendrá a su cargo la supervisión de la actividad administrativa del Departamento Ejecutivo local y de otras dependencias a su cargo. De esta manera, el organismo será el responsable de controlar el accionar de los concesionarios, contratistas y prestadores de obras o servicios públicos.

Cada año, el Defensor deberá elaborar un informe anual que contenga un resumen de todos los casos tratados durante ese período “y las recomendaciones a que los mismos hubieren dado lugar, pudiendo incluir propuestas para la adopción de determinadas medidas o la modificación de la legislación municipal”. El informe será elevado al Concejo Deliberante por intermedio de una Comisión de Enlace, que formulará las observaciones que estime pertinente.

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