No se descubre nada si se afirma que los 12 años de esta larga década K parecen un fresco de otra época, inmediatamente anterior. Ya no sorprende decir que el espejo del kirchnerismo refleja la oscura sombra de los ’90.

Sí -y esto es lo humillante- resultan una paradoja los discursos mesiánicos, de pretendida revolución, de la presidenta Cristina Kirchner, cabeza de un gobierno que, en sus entrañas, protege a funcionarios del menemismo más ortodoxo. El exministro de Obras Públicas de Carlos Menem, arquitecto del modelo privatizador -autor del emblemático fallido “Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”- se recicló en la era K (tan adicta al doble discurso) como impulsor de la semi-estatización de YPF en 2012, asesor del ministro de Planificación, Julio De Vido, y de varias compañías de servicios públicos reguladas por el Estado.

Sobre esos vínculos avanza ahora el juez Claudio Bonadio, que el miércoles 16 de septiembre buscará confirmar si la empresa estatal Enarsa, compró gasoil y gas natural de forma irregular, pagando “sobreprecios”, “dádivas” o “sobornos”, tal como destaca un informe realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN) y como denunciaron en octubre del año pasado legisladores nacionales del PRO.

Después de Hotesur…

El 16 de septiembre se cumplirán dos meses del apartamiento de Bonadio de la causa Hotesur, ese otro escándalo en el que se investiga a la familia presidencial y amigos del poder, como el empresario Lázaro Báez, por presunto lavado de dinero. Un día después de aquel arbitrario desplazamiento, el juez federal ordenó una serie de allanamientos en el Ministerio de Planificación, Enarsa e YPF, en busca de documentación que le permitiera demostrar si el gobierno ideó una maniobra para pagar sobreprecios -con “excesos” de hasta el 200%- en la importación de gas utilizando intermediarias entre las exportadoras y Enarsa. Y la mira la dirigió hacia Diligentia, del ex ministro menemista y ex asesor de De Vido, justamente, por ser, al mismo tiempo, consejero del gobierno y de los proveedores del Estado.

En octubre del año pasado, el propio Dromi originó la causa que ahora sigue Bonadio. Se autoincriminó en una entrevista periodística en la que aseguró que YPF, a cargo de Enarsa, realizó compras de gas licuado desde 2012 con contratos que “no tienen los códigos de transparencia que la ley le exige”; despechado, dicen altas fuentes, porque quedó fuera del negocio tras la semi-estatización de la petrolera. Tras los dichos, los diputados PRO Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso, interpusieron una denuncia contra Enarsa y pidieron la interpelación de De Vido en el Congreso.

Apartado de Hotesur, Bonadio avanza en esta presentación que engrosa la lista de sospechas de corrupción que circundan al kirchnerismo. Penosa lista, que nos recuerda que la herencia de los ‘90 se extiende impune hasta el 2015.