La Procuración General bonaerense intensificó los trabajos para organizar las fiscalías como no ocurrió nunca antes, mediante una red llamada 24-7, lo cual significa que están en labor permanente las veinticuatro horas, los siete días de la semana.

Uno de los fiscales que integra la red es Claudio Oviedo, quien se desempeña en el Ministerio Público de Morón. Es uno de los principales referentes de esa zona en la lucha contra la pornografía infantil y el llamado grooming (proceso de seducción que ejerce un adulto hacia un menor con un fin sexual).

En diálogo con diario Hoy, Oviedo comentó que existe “un convenio con una ONG llamada Ncmec. Se trata del Centro Nacional de Chicos Desaparecidos y Explotados. En los Estados Unidos, el Congreso autorizó a esta ONG a recibir todas las denuncias que están obligadas a hacer las redes sociales que tienen servidores en Norteamérica. Para eso hay un software mediante el cual se escanean minuto a minuto todas las imágenes que se suben y que pasan por esos servidores. Y cuando en esas fotos o videos se detecta pornografía infantil, se hace una captura de pantalla y se denuncia el lugar desde donde se la subió”.

¿Qué pasa cuando se detectan casos en la Argentina? 

“Esa ONG directamente le pasa las imágenes al Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, con el que existe un convenio internacional. A su vez, este organismo argentino firmó un acuerdo con todas las procuraciones del país. El Ministerio Público porteño concentra todo, pero divide por provincia, y lo que viene a territorio bonaerense es más del 50 por ciento de todo el material”, agregó el agente fiscal, quien además es docente de Derecho Constitucional en la Universidad de Morón.

El letrado explicó que “se logró ver que hay adultos que intervienen y que existe otro sector en el tráfico de pornografía infantil, que son los adolescentes, quienes difunden fotos que se sacan entre ellos. Hasta hemos tenido casos de nenas de ocho años en poses de sexo explícito. Cuando sucede esto último, viene la otra parte de la investigación. Concretamente, como los protagonistas son tan chicos tenemos que saber si hay alguien que les esté pidiendo esas fotos desde otro lado, para luego determinar si hay grooming o no. Una cosa es hacerlo porque uno quiere, y otra cosa son aquellos sujetos pasivos que terminan siendo víctimas de un grooming mediante el cual se los fue induciendo, seduciendo”.

En los últimos meses se lograron condenas en varios casos, entre los cuales se encuentra la causa contra Luis Alberto Oviedo, de 31 años, quien exhibió a través de su cuenta de Facebook -durante los años 2014, 2015 y 2016- la representación de partes genitales de menores de 18 años con fines predominantemente sexuales, además de videos dedicados a actividades sexuales explícitas. La Justicia de Morón lo condenó a un año de prisión con ejecución condicional, y dos años bajo el control del Patronato de Liberados.

Otro caso se registró en el Juzgado Correccional N° 1 de ese mismo departamento judicial. Allí se terminó condenando a Facundo Roberto Maldonado a seis meses de ejecución condicional y control por parte del Patronato de Liberados durante dos años, por haber publicado imágenes íntimas de una niña mediante su cuenta de Facebook. 

La mecánica del pedófilo

El fiscal Oviedo sostuvo que el accionar de los pedófilos comienza “con gestos que avanzan progresivamente. Puede decir, por ejemplo, a sus víctimas: mandame una foto en tal pose. Después intenta conseguir una pose más osada, luego le solicita una desnuda, y si la niña le dice no quiero, amenaza con mandar las fotos anteriores a la familia. El pedófilo hace toda una ingeniería informática respecto de las víctimas que quiere, observa en su perfil quiénes son sus amigos, sus padres. Y la menor empieza a sentirse atrapada”. 

No solo la difusión de imágenes íntimas es un delito, sino que también entran en juego agravantes para los acusados como son “las extorsiones y amenazas coactivas”. Con referencia a la pena, el artículo 131 del Código Penal establece: “Prisión de seis meses a cuatro años al que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer delito contra la integridad sexual de la misma”.

 

“Lo que hay que trabajar fuertemente es la prevención y hacer entender que un chico a la noche en su habitación con su teléfono podría estar más en riesgo que si a esa misma hora estuviera en una plaza, porque la infinidad de oportunidades para que tenga contactos virtuales es mucho más amplia”, afirmó Oviedo. 

Megacausa Ángel Guardián

Oviedo mencionó que “hay un caso muy grande en el cual el año pasado trabajamos en coordinación todas las fiscalías del país. Se trata de la causa Ángel Guardián, donde había más de 300 casos detectados de personas que, usando perfiles falsos, se habían conectado con una enorme cantidad de chicas pidiéndoles imágenes de pornografía infantil. Había casos en la Argentina, Perú y Colombia, pero la mayor cantidad era acá”. 

“Desde todas las fiscalías de la Provincia nos acercamos a las casas de las víctimas a verlas. Las chicas nos contaron lo que les pasó. Y detectamos que muchas de ellas habían intentado cambiar el perfil, pero como se había hecho toda una ingeniería de datos muy grande, siempre las terminaban encontrando. Las buscaban en los perfiles de Facebook de una tía, de una prima o de una amiga”, explicó sobre la investigación.

Al respecto, el letrado contó: “Hay varias personas que están detrás de esa operación. Todavía no las pudimos descubrir, porque cambian permanentemente sus nombres. Se empezó a investigar porque en todas estas imágenes que mandaban desde Ncmec había muchas que tenían la misma pose y edad. Y empezó a surgir que eran los mismos usuarios quienes las contactaban”. 

 

Sobre el procedimiento para emprender una investigación, Oviedo detalló: “Llega la dirección de IP, el nombre de la línea de teléfono, el correo electrónico, los correos asociados, la compañía de teléfono. Pero al momento del allanamiento se plantea otro problema, porque el que subió la imagen puede no vivir en el lugar allanado, y puede ser la casa de un amigo o de un vecino que tiene la clave de wifi que se comparte. Por ello hay que trabajar mucho en la concientización”.