Cómo será la Justicia después de la Ley de Ministerio Público

Debate. Los diputados darán el martes uno de los últimos pasos de la reforma judicial integral de la provincia; sólo restará la sanción del Código Procesal Penal para concluirla.
Este martes, en el recinto legislativo, se debatirá la Ley de Ministerio Público. En 1997, cuando se reformó la Constitución Provincial se incorporó la figura jurídico-administrativa del Ministerio Público, pero sin otorgarle mayores atribuciones. Llegado el 2005, luego de una nueva modificación de la Carta Magna se incorporan y se jerarquiza al Ministerio Público con la creación de dos institutos: la Fiscalía General y el Defensor General. Como órganos autónomos dentro del Poder Judicial estos dos nuevos cargos serán reglamentados y comenzarán su vida institucional una vez aprobada la Ley de Ministerios.

La nueva norma cambiará de manera sustancial el organigrama administrativo de la Justicia de Santiago.

Se crearía, por ejemplo, la figura de un fiscal adjunto con dos secretarías, una Secretaría de Superintendencia y una Secretaría Letrada. También la de un fiscal de Cámara con competencia en lo Civil, Contencioso Administrativo si se crea la cámara Penal y Laboral.

El Ministerio Público tendrá autonomía funcional dentro del Poder Judicial y estará integrado por el Ministerio Fiscal y el Ministerio de la Defensa, representados por un fiscal general y un defensor general, quienes actuarán ante el Superior Tribunal de Justicia.

Según reza el dictamen del proyecto al que EL LIBERAL tuvo acceso “(el Ministerio Público) actúa en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, velando por el respeto de los derechos, deberes, principios y garantías constitucionales, custodiando la buena marcha de la administración de justicia”. Para ello cuenta con legitimación plena en defensa de los intereses individuales, colectivos o difusos de la sociedad, en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales.

Los miembros del Ministerio Público serán designados y removidos de la misma forma y con iguales requisitos que los miembros de la Corte Suprema de Justicia, es decir por intermedio del Consejo Asesor de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento.

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El Ministerio Público puede pedir la colaboración de todo funcionario o autoridad del Estado, de sus entes descentralizados y de los organismos de contralor, quienes están obligados a prestarla. Igual proceder deben observar los organismos y entidades privadas. En caso de demora, podrá requerir al juez o tribunal la aplicación de medidas de coerción previstas en las normas.

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