Cómo se pensó la implementación del ente de control de servicios públicos.

Cómo se pensó la implementación del ente de control de servicios públicos.
Tras el ingreso parlamentario de tres proyectos de ordenanza de creación del ente de control de los servicios públicos, las discusiones o el consenso que giren en torno a esas iniciativas prometen acaparar el protagonismo legislativo durante los próximos 120 días, de acuerdo al plazo autoimpuesto para su tratamiento por el viceintendente de la ciudad y presidente del Concejo Deliberante Sergio Bohe.
Un "ente de control" o un "ente contralor y regulador" será una de las disyuntivas que deberá determinarse en el Concejo Deliberante a la hora de aprobar la creación de ese organismo. Será sobre la base de los lineamientos establecidos en cada una de las iniciativas impulsadas y que plantean la primera diferencia pública de criterio dentro bloque del Partido Justicialista, que acostumbra a consensuar normas únicas y respaldarlas de forma unánime en el recinto.

Es que mientras el bloque de la Unión Cívica Radical presentó su iniciativa de "ente de control de los servicios públicos" retomando los proyectos que su arco había presentado en anteriores gestiones, los concejales justicialistas tienen dos proyectos sobre el particular: el de Luis Zaffaroni, que promueve un "marco regulatorio complementario y creación del ente de control de los servicios públicos concesionados" y el de Gustavo Reyes y Viviana Navarro, que promueve la creación del "Ente de control de los servicios públicos".

Bajo esos parámetros, dos de los proyectos de creación del cuerpo especial, que tendrá a cargo la fiscalización de la prestación de los servicios públicos, tienden a centralizar en una nueva estructura, el control y fiscalización que actualmente ejerce el municipio a través de sus estamentos. Mientras, el restante, el de Zaffaroni, formula un carácter complementario a la ordenanza 6.050/96 del "Marco Regulatorio de Concesión de los servicios públicos", y es específico en cuanto a la prestación de los servicios públicos concesionados. Incluye un capítulo que añade al procedimiento para otorgar las concesiones, la observancia de la carta orgánica, la ordenanza 6.050 y de las disposiciones de este marco regulatorio presentado, además de a los contratos.

Definido en todos los casos como una persona jurídica del derecho público, autárquica y con independencia funcional, se establece respecto al ente el rol de control, fiscalización, seguimiento y resguardo de los servicios públicos prestados por el propio Estado municipal o bien por los particulares que resulten concesionarios, permisionarios o licenciatarios de los mismos. Sobre ese particular hay que resaltar que la iniciativa rubricada por Zaffaroni añade como entidades pasibles de control a aquellas mixtas y/o de la economía social (cooperativas) que presten servicios públicos en el ámbito municipal.

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

Entre las principales atribuciones del organismo, los proyectos coinciden en establecer la fiscalización del cumplimiento de las leyes y demás normas regulatorias de cada servicio; controlar la calidad, igualdad y generalidad de su prestación; informar y proteger a los usuarios respecto de sus derechos; organizar campañas y programas educativos; controlar el cumplimiento de los contratos de concesión; analizar las bases de cálculo de los régimenes tarifarios y dar curso a los reclamos de los usuarios ejerciendo la instancia administrativa de sanción de los prestadores de servicios, entre otras.

A esos puntos, las iniciativas justicialistas suman el seguimiento del plan de inversión, las metas de servicio y niveles de desempeño estipulados en los contratos; el controlar el cumplimiento de los términos contractuales referidos a la fijación y o variaciones de tarifas o cánones de los servicios, analizando la estructura de costos e ingresos emitiendo dictamen técnico en forma previa al tratamiento de las modificaciones de precio y tarifas y el organizar el régimen de audiencias públicas previstas en la normativa aplicable.

También le otorga la facultad de requerir informes a toda dependencia municipal y a las entidades prestadoras en lo inherente a la prestación y a la preservación ambiental y la creación de un sistema de información que permita evaluar en forma sistemática el desempeño de las entidades prestadoras.

Además el proyecto de Zaffaroni, fija un artículo de deberes del ente, en los que enumera: prevenir conductas que afecten la calidad y eficiencia de la prestación y aquellas conductas anticompetitivas, monopólicas, discriminatorias o poco transparentes de los concesionarios. Prevenir acciones que deterioren el medioambiente, realizar un informe de gestión anual, recepcionar y revisar a propuesta de las entidades prestadoras un reglamento de usuario que contenga las normas reguladoras de la prestación, trámites, obligaciones y derechos de las partes.

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