Como miembro del Tribunal de Cuentas, Barriga aprobó el convenio con OSDE que hoy cuestiona

Así se indica desde el Ejecutivo en la respuesta al pedido de informes elevado por el Presidente del Concejo Municipal, en relación a los beneficios económicos obtenidos por la empresa prepaga de salud. “Resulta sorprendente que desempeñarse como secretario de Hacienda haya argumentado la nulidad” del convenio que antes avaló, dice la nota. Ahora intervendría el Tribunal de Contralor para determinar si existió perjuicio económico al erario municipal.
El polémico convenio suscripto en 2001 entre el Ejecutivo municipal y la empresa prepaga de salud OSDE sigue generando desacuerdos entre el oficialismo y la oposición. Desde el cuerpo deliberativo, Darío Barriga, fue el principal crítico e incluso durante su paso por la secretaría de Hacienda, en 2007, anuló el acuerdo firmado oportunamente por Jorge Temporetti.

Pero ahora, el Ejecutivo respondió un pedido de informes sobre el tema en el que –además de justificar lo actuado administrativamente en todo el proceso- aclaró que el propio Barriga, como Presidente del Tribunal de Cuentas, en 2001 compartió el criterio de Temporetti en la negociación con la empresa prepaga.

“Resulta sorprendente que años después, al desempeñarse como Secretario de Hacienda, haya argumentado la nulidad de tal convenio y haya manifestado la existencia de un presunto perjuicio al erario municipal”, agrega la respuesta al pedido de informes, que ingresó hoy al Concejo.

Incluso, la respuesta firmada por el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Nelson Vigueras, señala que “en el caso de estar comprometida, eventualmente, la responsabilidad de los funcionarios actuantes en la negociación con OSDE, también dicha responsabilidad sería compartida por el entonces Presidente del Tribunal de Cuentas”.

El convenio fue suscripto entre la municipalidad y OSDE el 31 de marzo de 2001, y estableció que a partir del 1 de abril de ese año OSDE se vería beneficiado por la modificación de su condición de contribuyente con la reducción de la alícuota de 0,8 a 0,5 por mil para la aplicación de los términos de la ordenanza Fiscal y Tarifaria, así como la condonación del 50 por ciento de una deuda que la empresa mantenía con la comuna.

Defensa

Al margen de desnudar esta “contradicción” entre aquella aprobación y el actual cuestionamiento de Barriga, la respuesta al pedido de informes incluye una defensa de la actuación de Temporetti durante su gestión en 2001 y la decisión del actual intendente, Marcelo Cascón, de volver a poner en vigencia los beneficios obtenidos por OSDE (ver notas en link aparte).

Según el escrito que ingresó hoy al Concejo, Temporetti tenía “capacidad jurídica” para la firma del convenio con la prepaga, en función de su condición de representante del Ejecutivo. Temporetti era concejal en 2001 y asumió la responsabilidad de la conducción del área de Hacienda del Ejecutivo, en el marco de la emergencia económica dispuesta por ordenanza.

La respuesta repasa las atribuciones derivadas de la ordenanza 1064 del 2000 que declaró el estado de emergencia económica, administrativa y financiera a la municipalidad de Bariloche, por un plazo de seis meses; así como la ordenanza 1127 de 2001 que prorrogó la emergencia mencionada.

Esa normativa autorizaba beneficios fiscales y contemplaba quitas en las deudas con el municipio, bajo la urgencia de recaudación para las escuálidas cuentas comunales.

A modo de resumen, Vigueras señala que “se advierte la capacidad jurídica excepcional dispuesta por tiempo determinado del concejal Jorge Temporetti de implementar los términos de la ordenanza 1064-2000, en el área del departamento Ejecutivo”.

Además, argumenta que en el acuerdo “no existe una exención de carácter permanente, que sí sería materia de tratamiento del Concejo Municipal”; y que el convenio “no varió la tasa imponible sino que sólo sirvió de marco para clasificar la actividad de OSDE”.

“Por todo lo expuesto –concluye la respuesta al pedido de informes- se concluye que carece de sustento legal la Disposición 547 (de la secretaría de Hacienda, firmada por Barriga en 2007) que declara nulo de nulidad absoluta el Convenio en análisis”, y ratifica, entonces, “la vigencia de tal convenio que clasificó la actividad desarrollada por OSDE y su consecuente tributación”. (ANB)

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