Como no llega la plata, aplazarán la ejecución de las obras públicas

Proyectan prorrogar plazos a contratistas.
Por el momento, el Gobierno no diferirá pagos a las constructoras, pero sí atrasará todos los planes de obras públicas a la espera de que la Nación normalice el envío de los fondos pautados.

La mora del poder central en pagar los certificados de obra (con los que abona el Estado los emprendimientos) tornó insostenible la situación para la mayoría de las empresas del medio, que plantearon sus quejas ante el gobernador, José Alperovich. Efectivamente, lo último que canceló la Casa Rosada corresponde a julio, y están pendientes agosto y setiembre (vencidos legalmente, ya deben ser pagados dentro de los 55 días de firmados), y próximo a caducar octubre. El problema es que la Provincia ni siquiera tiene indicios acerca de cuándo se desembolsará el pasivo, que ya supera los $ 100 millones.

Frente a este dilema, el Gobierno pensó primero en reeditar una operatoria financiera con el Banco Tucumán y emitir órdenes de pago diferidos, para que las contratistas puedan tomar dinero prestado de esa entidad hasta tanto llegue el flujo nacional. Sin embargo, esa idea parece haber sido desechada, al menos momentáneamente. "Veremos cómo viene el goteo en 2010. Lo prudente es esperar para ver el comportamiento en los próximos meses. Bajo ningún punto de vista la ley prevé pagos diferidos", aclaró el presidente del bloque de legisladores oficialistas Tucumán Crece, Roque Tobías Alvarez.

La norma a la que hace referencia el parlamentario será tratada en el recinto durante la sesión del viernes 18. Puntualmente, lo que pretende ese texto es dar un marco de legalidad a los ya notorios atrasos de las empresas en la realización de las obras. El borrador fue definido por legisladores alperovichistas y los funcionarios de las áreas involucradas, principalmente Vialidad y el Instituto de la Vivienda. Además, cuenta con la anuencia de las cámaras empresarias.

El proyecto faculta al PE -a través de los organismos licitantes de los proyectos- a celebrar durante 180 días acuerdos con las contratistas de obras públicas, adjudicadas o en proceso de adjudicación. El objetivo es reformular las fechas de inicio de las obras, los plazos de ejecución y de finalización, "en función de las necesidades de ahorro efectivo y de las condiciones y disponibilidad del origen de los fondos". De esa manera, las empresas contarán con un tiempo extra de 45 días corridos y de hasta un 25% del plazo del contrato original. Por ejemplo, si una contratista contaba con ocho meses para ejecutar una obra, ahora podrá finalizarla en hasta 10 meses.

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