El Gobierno supo con antelación que una tormenta embraveciday política podía avecinarse. Había empezado su gestación el jueves 14, cuando la reforma previsional quedó entre dos fuegos: el de la firme objeción opositora, liderada sobre todo por el kirchnerismo y la izquierda; la floja convicción de Cambiemos para defenderla. Elisa Carrió impuso en el oficialismo el criterio de levantar la sesión en Diputados. Con el argumento que los ánimos sociales estaban caldeados y la calle, a juicio suyo, excesivamente tapizada con gendarmes.

Ese gesto fue interpretado por los opositores como una debilidad. La antesala, a lo mejor, de un impacto posterior a Mauricio Macri que licuara el capital político cosechado en las elecciones del 22 de octubre. Ni el bono compensatorio a los jubilados, ni el pacto con un grupo importante de gobernadores peronistas para avanzar con la reforma detuvo el plan de resistencia pergeñado por la oposición. El naufragio de la reforma previsional podía detonar un efecto dominó. Hundir también el resto de los proyectos de Macri. Obligar al Presidente a recurrir a los Decretos de Necesidad y Urgencia y deslegitimar lentamente su gestión. Un amago oficial se convirtió en un búmeran: la promoción de un DNU para sancionar la reforma previsional, luego de la sesión fracasada, resultó un acicate antes que un freno para la estrategia opositora.

El sábado 16 sucedieron dos cosas, cuya conexión precisa no podría establecerse. Circuló entre los partidos de izquierda un instructivo de nueve puntos para las organizaciones dispuestas a marchar el lunes a la Plaza de los Dos Congresos. Se aconsejaba circular encolumnado y no de manera individual. Respetando los criterios de seguridad de cada grupo. También, portando pañuelos para taparse la cara, si resultara necesario. Y limones y agua para aplicar en caso de que la Policía lanzara gases lacrimógenos y gas pimienta.

Se recomendaba además una muda de ropa (remera) para dificultar la identificación que suelen realizar los policías antes de proceder a una detención. Constituir, por otra parte, los llamados “pie telefónico”. Aquellos dedicados a atender a quienes sufren contratiempos. También se aconsejó no llevar encima nada pesado que dificultara correr. Ni cuadernos y agendas con datos personales o políticos contraproducentes –por el presunto valor de prueba judicial-- en caso de una detención.

Los últimos dos avisos del instructivo trasuntaban el espíritu de los preparativos. Se exigía no marchar con niños. Una costumbre de las organizaciones sociales y piqueteras cuando salen a las calles a reclamar alguna reparación social. Parecía claro que se esperaban choques con la Policía. Al final se distribuyeron los teléfonos de ocho doctores del Frente de Abogados Populares a quienes se debía recurrir en caso de una emergencia.

Aquel mismo sábado sucedió en Santa Fe un cónclave político. En Oliveros, una localidad a 50 kms de Rosario, con 5 mil habitantes. Reconocido por una Colonia Psiquiátrica. La reunión se hizo en el country Carcaraes, próximo a la ruta 11 y al Río Carcarañá. Concurrieron varios legisladores del Frente Para la Victoria, entre ellos su jefe, Agustín Rossi y Máximo Kirchner. El sitio elegido no fue un capricho. El jefe comunal es allí Martín Calori, un militante camporista, que a diferencia de lo que ocurrió en Buenos Aires, hizo una campaña a destajo en 2015 a favor de Daniel Scioli.

En dicho encuentro se planificó lo que luego se vio en la sesión de Diputados. Prolongar las discusiones sobre la reforma previsional todo lo posible –hubo 51 cuestiones de privilegio-- mientras se tomaba la temperatura callejera. Nadie puede asegurar que haya existido un pacto explícito entre el kirchnerismo y los grupos de la izquierda que concurrieron a confrontar. Pero fueron objetivamente funcionales uno al otro. Existieron discursos, en las horas de violencia, que trasuntaron esa impresión. Los de Leopoldo Moreau, Leonardo Grosso, Hugo Yasky, la trotskista Romina del Pla y hasta el del jefe del PJ, el sanjuanino José Luis Gioja.

Aquella funcionalidad fue, precisamente, la que arrojó sombrassobre el legítimo derecho de la oposición a cuestionar la reforma previsional. Las condenas al salvajismo callejero resultaron aisladas, tardías y tímidas. Terminaron por ser perjudiciales a la estrategia global. Los incidentes quedaron en primer plano; las objeciones a la nueva fórmula para el ajuste de las jubilaciones se ubicaron por detrás. Tan grande resultó el descontrol que la onda expansiva se extendió hasta la Legislatura bonaerense. Alli irrumpió junto a algunos gremialistas el intendente de Ensenada, Mario Secco. Un cristinista furioso. En Buenos Aires se debatía la derogación de las jubilaciones de privilegio para gobernadores, vices y diputados. Pero Secco formuló una arenga en contra de la reforma previsional que se estaba discutiendo a 60 kms de La Plata. Ahora debe responder ante la Justicia.

El flirteo con la violencia se asemeja demasiado a un juego con fuego. Mucho más en un país de recurrente historia trágica como la Argentina. La clase dirigente nunca calibra bien la dimensión y el efecto que suelen adquirir sus palabras públicas. Hasta el tono influye negativamente en una sociedad que tiende a convertir casi en una contracultura la trama que establecen las leyes y los principios orientadores. El clima hostil prolongado derivó en agresiones horribles. Las sufrieron, entre otros, el periodista de TN, Julio Bazán, el diputado Martín Lousteau y la legisladora bonaerense, Carolina Píparo. La mujer que en 2010 fue objeto de una salidera bancaria cuando estaba embarazada. Todos fueron víctimas de actitudes hórdicas. La antítesis de cualquier rasgo civilizador.

Para colmo, algunos diputados continuaron azuzando el fuego. Moreau adujo, por ejemplo, que Bazán había sido una víctima también de la empresa en la que trabaja. Por su modo de informar. Le faltó agregar que algo habría hecho. Jorge Rafael Videla no hubiera podido empardar esas palabras en plena dictadura. Máximo también aprovechó aquellos episodios para ensayar una victimización personal y familiar por las causas de corrupción que los tienen embretados en la Justicia. Pero ambos casos no serían similares: el diputado y portavoz de Cristina conoce bien el sentido de esas cosas. Carga con un recorrido y un bagaje. Máximo, quizá no.

El trasfondo de la reaparición de la violencia esconde aspectos profundos y preocupantes. Por empezar, la violencia política y social nunca dejó de jalonar las tres décadas de democracia. En estos dos años se computan los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en conflictos con grupos mapuches radicalizados.El kirchnerismo amontonó en sus 12 años en el poder 14 muertos y un desaparecido. Aunque nunca se haya hecho cargo de ninguno.

El rebrote violento denota la vigencia de la fractura del convenio no escrito en torno a límites imprescindibles que aseguran la cohesión de una sociedad. La convivencia, al final, no sería más que un pacto de obviedad. La definición no pertenece a ningún pensador francés, británico o alemán. El autor es el sociólogo uruguayo Gustavo Leal. La luz roja del semáforo existe para que un vehículo se detenga. No para continuar. Las calles fueron hechas para circular. No para interrumpirlas. Los policías están para cuidar a los ciudadanos. No para arrojar piedras contra sus propios pares. Las organizaciones de derechos humanos están para fiscalizar cualquier posible exceso. No para fraguar una desaparición. El Congreso es la institución donde se debaten y se aprueban –o no-- las leyes que regulan a cualquier nación. No un recinto rehén de las prepotencias callejeras. El derecho a la protesta es irrenunciable. Pero no tiene por qué razón codearse con el delirio.

El Estado debe estar para garantizar el orden básico y la seguridad. Pero aquella enumeración de premisas tienen en nuestro país un anclaje muy precario. Es decir, no rige el pacto de obviedad. A tanto llega la distorsión que el Gobierno debió recurrir casi a un absurdo para intentar que la sociedad comprenda la necesidad de combatir la violencia y reponer orden: permitió que 88 policías desarmados resultaran heridos antes de iniciar una embestida firme –en casos indiscriminada-- contra los revoltosos que cascotearon cuatro horas a los agentes.

Nadie ha salido indemne después de la semana de furia. Macri retuvo el timón de la autoridad presidencial que fue desafiado. Pero inauguró un vínculo nuevo e incierto con un amplio sector social que tuvo mucha incidencia en su llegada al poder y en la consolidación de octubre.

En ese derrotero se incluye también la remoción de alianzas que, tal vez, le aguarde en los dos años que le restan. Tuvo el respaldo de un bloque de gobernadores peronistas. Podría contar con ellos unos meses más. Ese pejotismo ya avizora el horizonte del 2019. La gran duda que debe despejar sería la incidencia de Cristina.

La ex presidenta está cercada. A las causas de corrupción se añade la confirmación de la prisión preventiva por el Memorándum de Entendimiento con Irán. La Cámara Federal emprolijó el fallo inicial de Claudio Bonadío. La decisión introduce un bravo pleito en el Senado: el pedido de desafuero de Cristina.

Que suceda o no depende del peronismo. De la jefatura que allí ejerce Miguel Angel Pichetto, el rival interno de la ex mandataria.Esa dependencia fortalece objetivamente al senador. Una novedad que no desagrada al paladar del Gobierno.