Cómo funcionó en Neuquén el aparato represor de la Dictadura

La conducción de las actividades clandestinas fue responsabilidad exclusiva del personal seleccionado por el Destacamento Inteligencia del Ejército.
Cinco son los testigos, tal vez uno más, que restan presentarse para concluir con el juicio histórico que la Justicia Federal de Neuquén sigue a ocho militares procesados por delitos de lesa humanidad.

Los incriminados, poco antes del 24 de marzo de 1976, asolaron la región con allanamientos y detenciones ilegales de numerosas personas.

Los procedimientos, muchos de ellos, eran realizados en horas de la noche, amparados en la oscuridad. Utilizaban soldados armados para cerrar manzanas completas y así impedir la circulación de vehículos y peatones.

La Policía provincial de Neuquén y Río Negro y otras fuerzas de seguridad colaboraban con los procedimientos e inclusive liberaban las zonas previamente seleccionadas para los operativos.

Las últimas declaraciones del juicio comienzan mañana y finalizan el miércoles próximo. Después será el turno de los alegatos de los fiscales, querellantes y defensores y finalmente la esperada sentencia. Su lectura podría producirse en la primera quincena de diciembre.

Las audiencias de debate se vienen realizando desde hace más de tres meses en el Tribunal Oral Federal de Neuquén y son conducidas por el presidente Orlando Coscia, y los vocales Eugenio Krom y Oscar Albrieu.

Aniquilamiento

Las Fuerzas Armadas irrumpieron en el país con la misión de arrasar con todas las actividades de miles de hombres y mujeres que militaban en distintas organizaciones políticas, sociales y comunitarias.

En la región, las acciones militares se desplegaron de manera encubierta, en el amplio marco de contención de la Subzona 52, que tenía su centro de operaciones en la Sexta Brigada de Montaña de Neuquén.

Los procedimientos, no exentos de golpes de puño, patadas, culatazos e intimidaciones, terminaban con el encierro de las víctimas en celdas del centro clandestino de detención conocido como La Escuelita, donde se ejecutaban los terribles interrogatorios. Algunos soldados que tuvieron que desmantelar el lugar aseguraron que había sangre en las paredes y en los pisos, por lo que se puede inferir que se produjeron asesinatos.

El precario edificio estuvo habilitado durante algunos años en un terreno ubicado en el sector Sudeste, donde antes funcionaba el Batallón de Ingenieros de Construcción 181, a la vera de la Ruta Nacional 22.

La conducción de las aterradoras actividades clandestinas fue responsabilidad exclusiva del personal seleccionado por el Destacamento Inteligencia del Ejército. Estaban preparados para interrogar, conocían los métodos y contaban con el apoyo de jefes superiores, según surge de las investigaciones.

Los incriminados, todos ellos mayores de 60 años, procesados con prisión preventiva son el teniente coronel Oscar Lorenzo Reinhold, el mayor Luis Alberto Farías Barrera, el general (re) Enrique Braulio Olea, el teniente coronel Mario Alberto Gómez Arenas y los capitanes Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Sergio Adolfo San Martín. También fueron llevados a juicio oral y público el médico Hilarión de la Paz Sosa y el suboficial Francisco Julio Oviedo.

El ex juez federal de Neuquén, Guillermo Labate, concluyó una descomunal investigación con terminantes evidencias que desnudó con meridiana claridad el funcionamiento del aparato represivo ilegal montado en esos años durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.

Los militares fueron incriminados por delitos de lesa humanidad, de asociación ilícita en concurso real con quince hechos de privación ilegítima de la libertad agravada, que implicó la desaparición forzada de una de las víctimas, Oscar Ragni.

El magistrado los acusó también de la aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravados por ser perseguidos políticos, allanamiento ilegal y robo.

Las víctimas, mujeres y varones, militantes de partidos políticos, sindicales, docentes, estudiantes universitarios y otros jóvenes, muchos de ellos que no estaban de acuerdo con el golpe de Estado fueron secuestrados, sus ojos vendados, engrillados de pies y manos, tirados sobre camastros y encerrados en pequeños calabozos de La Escuelita.

Después se sucedieron los tormentos con la aplicación de corriente eléctrica por sus cuerpos desnudos.

Durante el juicio denunciaron que la picana eléctrica se aplicaba también por las encías, la boca y, en muchos casos, por la zona vaginal de algunas mujeres y que sus gritos de dolor eran acallados con el volumen de una radio.

Otros confesaron haber sido golpeados, pateados en el suelo, sometidos a fusilamientos y humillados y algunas jóvenes comprometidas con ideales y sueños de vivir protegidos por un sistema democrático, con enorme valentía contaron sus padecimientos en prisión. También dijeron haber sido abusadas sexualmente, aunque no violadas.

Todos vivieron en la oscuridad durante semanas completas. Las vendas apretadas con fuerza lastimaron sus ojos y sus párpados.

Conductas penales

El fiscal del Tribunal Oral de Neuquén, Manuel de Reyes Balboa, y el fiscal federal Marcelo Grosso, tendrían prácticamente definida las imputaciones para la totalidad de los militares acusados de gravísimos cargos. Trascendió que no les temblará el pulso para reclamar al Tribunal severas condenas para cada uno de ellos.

Se descuenta también que los abogados querellantes de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) y del CEPRODH (Centro de Profesionales de Derechos Humanos de Neuquén) y los representantes de Francisco Ledesma, detenido por más de seis años, se pronunciarán en igual sentido.

Es obvio que los defensores de los acusados, varios de ellos abogados particulares, tratarán de hacer caer los cargos que se les enrostra a sus clientes.

Se ha demostrado de manera irrebatible que el teniente coronel Oscar Reinhold se desempeñaba como jefe de la División Inteligencia del Comando de la Subzona 52.

Numerosos fueron los testimonios que afirmaron incontables contactos del militar con detenidos y con familiares de las víctimas. Incluso mantuvo reuniones con amigos de los presos, quienes preocupados llegaban hasta las puertas del Comando para entrevistarse con el militar.

Tenía facultades para hacer cumplir a rajatabla sus decisiones. Hacía sonar con fuerza los tacos de sus botas, cuando caminaba por los lustrados pasillos del Comando. Imponía temor y escuchaba las súplicas de una mujer o de un hombre con la pistola 9 milímetros sobre su escritorio.

Un testigo detenido en la provincia de Río Negro y torturado con ensañamiento en La Escuelita fue entregado a sus familiares por el militar en el propio Comando. La víctima bajó las escaleras que conducen al primer piso del edificio militar de la avenida Argentina auxiliado por otras personas. Su rostro era irreconocible por las lesiones. La violencia también hizo estragos en su cuerpo. El testigo, quien dijo ser su amigo desde la infancia, se animó a trasladarlo en su automóvil hasta su casa para bañarlo y curarle sus heridas. Le relató al Tribunal la angustia de aquel imborrable momento y lloró desconsoladamente.

El mayor Luis Alberto Farías Barrera actuaba como jefe de la División Personal del Comando.

Su responsabilidad en los delitos tampoco admite discusión. Su contacto con los presos era total. Fue el responsable de conducir múltiples viajes a la Unidad 6 de Rawson para trasladar a presos políticos a esta ciudad.

Intentaba aparecer como el militar bueno, solidario y amable. Inclusive fue hasta la casa de una de las víctimas para recordarle que no lo había torturado y que tuvo un buen comportamiento. Estaba pidiendo clemencia. Sabía que el hombre lo podía comprometer en el juicio oral y público.

Sin embargo, se sabe que Farías Barrera cumplía al pie de la letra las órdenes de sus superiores, fundamentalmente de Reinhold, participaba de las reuniones semanales de la “comunidad informativa” y conocía al dedillo todo sobre las detenciones ilegales y el horror que se producía en el centro clandestino.

Enrique Braulio Olea, quien declaró que se retiró con el cargo de general de Brigada en 1976, fue el responsable de la jefatura del Batallón de Ingenieros 181 y del Área Militar 521. En el extenso predio controlado por las fuerzas militares a su cargo funcionó La Escuelita.

Los hombres del destacamento de Inteligencia del Ejército tenían el control total del centro clandestino de torturas. Se movilizaban a toda hora por el edificio militar y también paseaban por pasillos y oficinas. No usaban uniformes de la fuerza, algunos de ellos se disfrazaban con indumentaria de empresas petroleras. No hablaban con nadie, aunque visitaban la cantina del Batallón para comprar. Se alimentaban con la comida que se preparaba en el lugar, algunas de las guardias en La Escuelita fueron provistas por el Batallón e inclusive se probó también en el juicio que el lugar fue desmantelado por soldados que en 1978 cumplían con el servicio militar.

Para el fiscal y los querellantes no hay duda de que el general Olea es absolutamente responsable de los gravísimos hechos que ahora investiga el Tribunal Federal.

El jefe

Las evidencias dan cuenta también de que el teniente coronel Mario Alberto Gómez Arenas era el jefe de Inteligencia 182 de Neuquén.

Varios testigos lo ubican como un hombre bajito que usaba barba tipo candado y que, siempre vestido de civil, entraba al Batallón con absoluta libertad y que mantenía contactos con otros jefes castrenses. También intervenía en cada una de las reuniones donde se analizaba y resolvía las acciones ilegales.

«Las órdenes no se discuten, se ejecutan», habría transmitido en más de una oportunidad el militar a sus subordinados directos, los capitanes Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín y Dipascuale, quien se encuentra prófugo. Los tres oficiales fueron destinados en la Primera Sección del Destacamento de Inteligencia.

Una de las víctimas, Eduardo París, fue sacado de su trabajo por el jefe del Departamento Investigaciones de la Policía de la Provincia. Confesó al Tribunal que el preso fue entregado a Molina Ezcurra y San Martín.

Francisco Julio Oviedo era el encargado de la Sección Contrainteligencia. Habría trasladado detenidos desde La Escuelita hasta la Unidad Penal 9 de esta ciudad.

En cuanto al médico Hilarión de la Paz Sosa, se desempeñaba como jefe de Sanidad del Comando y se habría probado también que prestaba servicios en el centro clandestino de detención.

El trascendental rol de Inteligencia

El ex juez Labate sostuvo en el requerimiento de autoelevación a juicio que en 1975 se produjo una directiva del comandante general del Ejército que se enmarcó en la lucha contra la subversión.

La misión fue “operar ofensivamente” en apoyo de las Fuerzas Armadas para “detectar y aniquilar las organizaciones subversivas”.

La decisión militar de aquel entonces determinó que “las operaciones debían ser suficientemente intensas para desalentar o desarticular el aparato subversivo”.

El juez logró determinar, a través de los testimonios aportados por el imputado Adel Vilas, en la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca y de otras investigaciones que “las unidades de inteligencia serán el único medio técnico que dispondrá el Ejército para realizar las actividades que permitirán: ‘detectar y conocer al enemigo’”.

La Directiva 404/75 del Comandante General habla también de que “las grandes unidades de combate podrán recibir apoyo de inteligencia, consistente en elementos de interrogadores e intérpretes y ejecutores de actividades abiertas”.

Labate sostuvo que “el plan sistemático, clandestino y criminal” instaurado en el país a partir del 24 de marzo de 1976, se ejecutó de acuerdo a los lineamientos del Ejército.

Es así que se incluyeron como oponentes a un espectro social tan amplio que “la casi totalidad del pueblo argentino podía encontrarse contenida y catalogada como enemigo”.

Organizaciones políticas y gremiales

El firme propósito de reprimir, como primera medida, avanzó hacia las organizaciones políticas. Para las fuerzas militares, resultaban sospechosas de que podían movilizar los distintos estamentos partidarios, gremialistas y estudiantes.

Con relación a los gremios, la directiva del comandante general del Ejército también fue directa. Había que impedir oposición a la toma del poder, efectuar demandas salariales orientadas a provocar la ruptura de un nuevo orden económico y la resistencia civil obrera contra el gobierno militar.

Los jóvenes estudiantes secundarios y universitarios no escaparon a la represión, persecución y encarcelamiento. Se les atribuía la orientación política-ideológica con la realización de huelgas, paros, ocupación de casas de estudios y la incorporación a la “Organización Peronista Montoneros”, como elementos simpatizantes o militantes para “sumarse a la lucha activa o pasiva contra el gobierno militar”.

Las organizaciones religiosas también eran sindicadas como enemigas. Se temía que el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, a través de su “prédica disociadora”, introdujera una opinión pública contraria al gobierno nacional.

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