Cómo es la ley que eleva la dieta de algunos concejales a cerca de 6.000 pesos

La modificación les corre a los concejales desde enero, y todos los que hayan tenido una función pública previa la cotizarán en su antigüedad desde 1987 al 4% anual. Y desde 1995 al 1%. Eso lleva las dietas de 4.700 a 7.150 pesos por mes, que con descuentos serán algo más de 5.000, solamente para el caso de que se compute desde 1987.
Hay docentes (como María Irene Blanco o Susana Valverde), miembros de Policía (como Marcelo Urlézaga), o concejales con mucha antigüedad (como Ignacio Aramburu, Héctor Cavallieri o Julio Alem) que quedarán incluidos. Y si tienen muchos años de servicio cobrarán todavía más, hasta 6.000 pesos. El beneficio abarca a ediles que trabajan apenas unos minutos por día.

Aunque hayan pasado todo enero en la pileta de su casaquinta, algunos ediles de Olavarría (y de toda la Provincia) cobrarán por encima de los mil o dos mil pesos mensuales más desde entonces, gracias a una modificación de la ley de municipios que aprobó la Legislatura y promulgó el gobernador Daniel Scioli: es la que le introduce al artículo 92 (el que regula las dietas) una frase donde entra a cotizar a favor de los sueldos políticos la antigüedad que los ediles tuvieron por otros cargos públicos.

Se trata de una ley presentada por el diputado provincial Federico Scarabino, que las cámaras trataron en noviembre con mucha rapidez y perfil bajo. La ley 13924 entró a la Cámara de Senadores como expediente E-304/08-09 el 11 de noviembre y el 26 de ese mes fue aprobada sobre tablas.

Al día siguiente la aprobó Diputados y el gobernador Daniel Scioli la promulgó como decreto 3278/2008 el 22 de diciembre.

Se trata de una modificación de la Ley Orgánica de las Municipalidades (un decreto ley del ao 1958), pero en un solo artículo: el 92, que regula las dietas de los concejales. Allí, en el apartado donde se establecen qué beneficios adicionales cobran los concejales de la Provincia de Buenos Aires por encima del cálculo de tabla, los legisladores agregaron unas pocas palabras en una frase: “incluyendo la antigüedad que corresponda a cada concejal en forma individual”.

Al establecer “en forma individual” se crea por primera vez una figura que crará diferencias entre lo que cobran los ediles. Obviamente, no establecerá diferencias hacia abajo, sino hacia arriba, proyectando algunas dietas locales muy por encima de los 5.000 pesos de bolsillo, con más de 7.000 pesos de costo de cada edil para el Municipio.

El método de pago de las antigüedades no fue reglamentado por la ley, que solamente establece que a los concejales se les deberá pagar a partir de ahora toda la antigüedad que tengan por otros cargos públicos nacionales, provinciales y municipales. Y que se les deberá abonar de acuerdo al sistema de pago de antigüedades de cada Municipio.

En Olavarría, ese pago de antigüedad para los empleados municipales es al 4% anual hasta 1995 y del 1% anual desde 1995 a la fecha. Y hay concejales como las oficialistas María Irene Blanco o Susana Valverde que tiene cerca de 30 años como docentes de la Provincia. Y cobrarán toda esa antigüedad desde enero.

Para ir a los ejemplos hay que ver cuál es la dieta actual de los concejales. En los papeles cada banca le cuesta al Muncipio de Olavarría 4.700 pesos por mes, de los cuales con 23% descuentos cada edil se lleva 3.600 (algunos algo menos) de la ventanilla.

Para un concejal con 30 años de antigüedad, el adicional hasta 1995 será de 3.384 pesos, y el de 1995 a 2009 de 564. Es decir, en bruto la dieta se iría a 8.640 pesos para la Comuna de Olavarría por mes, y con un 23% de descuentos el concejal con tanta antigüedad iría a parar a bastante más de 6.000 pesos por mes.

Se trata, obviamente, de un cálculo proyectivo y en teoría, porque todavía no fue aplicado y para saber cuánto cobrarán finalmente hay que ver de qué manera aplica el adicional por antigüedad la Municipalidad de Olavarría.

Además de Blanco y Valverde, aunque tal vez no en semejante magnitud, hay concejales con antigüedad por otros cargos públicos y que en caso de no estar ejerciéndolos (por estar de licencia) cobrarían la antigüedad en los sueldos.

Siempre en el terreno de las posibilidades (ni siquiera los legisladores saben hoy con precisión a quién le tocarán los incrementos ni en qué valores) están en esa línea de largada Marcelo Urlézaga (es arquitecto de Infraestructura de la Policía de la Provincia desde hace años, de licencia), y los concejales de larga data como Julio Alem, Gustavo Alvarez y dos veteranos de otras épocas, como Ignacio Aramburu y Héctor Cavallieri (aunque con éste último hay dudas por su edad).

Otras dos ediles estarían afuera: Mirta Barragán y Zulema Tejado. Y queda la duda por el caso de Enrique Alfieri, quien fue Intendente en la década del 70.

Es muy probable que la noticia caiga como baldazo de agua fría entre contribuyentes que todavía están escaldados por la suba de tasas y tarifas de servicios locales, porque la innovación implica que el Municipio de Olavarría debe cargar sobre sus espaldas con antigüedades que en realidad son de la Provincia o de la Nación.

Y porque, a fuer de ser sinceros, el actual Concejo es uno de los de menor nivel político de todos los tiempos y varios concejales están muy lejos de hacerle honor a las cifras que van a cobrar, por tiempo y por calidad de trabajo.

Para los legisladores que aprobaron la norma se trató simplemente de una interpretación de lo que realmente quisieron hacer los creadores de la norma. Y dijeron que en el medio hubo una interpretación equivocada del Tribunal de Cuentas de la Provincia sobre el tema.

“Estuvo en la voluntad del legislador incluir dentro de la remuneración de los concejales aquellos adicionales o bonificaciones regulares que sufran descuentos previsionales, lo cual colisiona con la errónea interpretación del H. Tribunal de Cuentas”, fundamentaron en noviembre.

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