Como Diputados olvidó el 82% móvil, el Senado frizó el pliego de Fernando Carbajal

Se adhirió a la suspensión de la Ley de Responsabilidad Fiscal, se dio media sanción a la prohibición de venta de agua al exterior y se avanzó en la reglamentación del mecanismo de audiencia pública (la semana pasada realizaron una sobre Carbajal), pero ni se habló de la falta de dictamen de la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamento. El nuevista Jorge Simonetti afirma que aún así no está caído el pliego de quien fue propuesto por el actual Ejecutivo para ocupar una vacante en el Superior Tribunal.
En una sesión dentro de todo rápida, el Senado provincial demostró ayer que así como Diputados se olvidó de la ley de reforma previsional tan reclamada por los jubilados, sus miembros también pueden hacer lo propio con temas como el pliego de Fernando Carbajal, propuesto por el Ejecutivo actual para cubrir la vacante que dejara el fallecimiento de Eduardo Farizano en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El pliego del hoy fiscal de Estado no está caído del todo, dijo el nuevista Jorge Simonetti (ver aparte), pero lo cierto es que parece decisión tomada del cuerpo no prestarle acuerdo al funcionario, dado que no sería del agrado del gobernador que asumirá el próximo 10 de diciembre, Ricardo Colombi, quien buscará desde luego impulsar otro candidato.

Sin embargo, el cuerpo -que el lunes próximo tendrá su sesión preparatoria donde designará las autoridades para el año parlamentario 2010- avanzó en la regulación de la audiencia pública (la sesión pasada celebró una sobre, precisamente, la postulación de Carbajal, aunque no del mismo tenor). Además, unificó dos proyectos relacionados con la actividad de los martilleros y corredores inmobiliarios, creando un órgano que nucleará a martilleros ambos y, finalmente, adhirió a la reciente suspensión de la ley de responsabilidad fiscal nacional, que entre otras cosas permite a las provincias salirse del corset financiero y recurrir a nuevos endeudamientos.

Con respecto a martilleros y corredores inmobiliarios, se decidió que es posible, aunque no sin previa polémica entre sectores, que un único ente puede contener a ambos profesionales. Con media sanción, el proyecto pasó ahora a Diputados.

En cuanto a la audiencia pública, se trata del instituto creado en 2007 por medio de la reforma constitucional, destinada a involucrar el interés ciudadano en las decisiones gubernamentales.

Y además, los senadores dieron media sanción a un proyecto de Ley que prohibe la comercialización y/o venta al exterior de agua potable extraída de las napas subterráneas pertenecientes a la Provincia de Corrientes. La cuestión del Iberá y el Acuífero Guaraní, reservas de agua dulce mundialmente reconocidas y codiciadas, abrieron el debate de este paso importante en la protección de los recursos naturales de gran valor.

Lo de prohibir la venta de agua fue idea del goyano Horacio Colombo, quien generó el consenso de doce voluntades en torno del proyecto. Ahora, será el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) la autoridad de aplicación, aunque hay mucho por mejorar dado que ni siquiera hoy el organismo cumple con sus obligaciones dada la carencia de recursos suficientes.

"El 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua, pero sólo el 2,5% del volumen total constituye el agua dulce y, de este porcentaje, el 70% se encuentra congelada en los casquetes polares", explicó Colombo, quien sostiene que ante la escasez de agua apta para el consumo humano que se registra en el mundo, "debemos tomar conciencia y adoptar los recaudos necesarios para proteger la existencia de la misma, por ser un elemento vital para la vida".

Agregó también que "como lo hemos sostenido en muchas oportunidades, el agua tiene una gran importancia como recurso natural y estratégico; y quien la posea, controlará la economía mundial", advirtió también el legislador del Panu.

Finalmente, para argumentar su iniciativa, reclamó: "El Estado provincial debe garantizar el acceso al agua saludable y la existencia de control y cogestión social a través del mecanismo que establece la ley", dijo.

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La Cámara alta, tal como se anunciara la semana pasada en este diario, dio la media sanción que le faltaba a un interesante proyecto también de Colombo, que establece la obligatoriedad de que en facturas y tickets a consumidores finales deberá constar un número de teléfono gratuito de la Subsecretaría de Defensa al Usuario para realizar distintos tipos de reclamos.

Y por otro lado, se ocupó de un tema muy en boga al darle el visto bueno a la creación de un Sistema de Seguridad Ciudadana.

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