Cómo aprovecha K el efecto de la Ley de Medios

Por Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría.
El oficialismo obtuvo una clara victoria política con la aprobación de la ley de medios en el Senado. El proyecto en general obtuvo 44 votos a favor y sólo 24 en contra (restando 8 senadores que no estuvieron o se abstuvieron). En la aprobación en particular, el kirchnerismo tuvo también la mayoría suficiente para aprobar el proyecto sin modificaciones, con lo cual evitó que volviera a la Cámara de Diputados.

El polémico artículo que da un plazo de sólo un año para que los grupos que tienen varias licencias de radio y televisión las transfieran, fue aprobado por 38 votos. Subrayando la prioridad y urgencia del tema, la Presidente promulgó el proyecto en menos de 24 horas. El 28 de junio el Gobierno tuvo una categórica derrota electoral y 102 días después ha reconstituido su poder, con la sanción de esta ley, así como el 17 de julio del año pasado el oficialismo era derrotado en el Senado al votarse la Resolución 125 y cuatro meses después -el 20 de noviembre- reconstituía también el poder con la estatización de las AFJP. De ahora en más, los medios de comunicación, y en particular el Grupo Clarín, iniciarán acciones en la justicia para impedir la aplicación de determinados artículos de la ley.

La batalla perdida por los medios privados en el Congreso tendrá ahora una nueva secuencia en la justicia.

Kirchner está decidido a usar rápidamente el efecto político favorable de esta victoria e impulsará nuevas iniciativas en el Congreso para que sean sancionadas en los próximos 60 días. Cabe recordar que el 10 de diciembre entrará en funciones el nuevo Congreso, en el cual el oficialismo perderá la mayoría en las dos cámaras. El año pasado, en las semanas posteriores a la estatización de las AFJP, el kirchnerismo logró el blanqueo de capitales, la aprobación del presupuesto y las prórrogas de los superpoderes y la emergencia económica. Ahora la prioridad es la aprobación del presupuesto, que ya tiene dictamen favorable, y con lo cual el oficialismo lo aprobaría en diputados el próximo miércoles 14, teniendo la mayoría para ello.

El proyecto permite al Ejecutivo manejar en forma arbitraria a través de los superpoderes 30.000 millones de pesos y suspende la ley de responsabilidad fiscal, para permitir que las provincias se endeuden para pagar salarios. También intentará la aprobación de una nueva ley de entidades bancarias, que entre otras disposiciones impondrá nuevos tributos a la renta financiera. La intención -además de aumentar los recursos fiscales- es lograr una mayoría aún más amplia que la lograda con la ley de medios, ya que legisladores del Acuerdo Cívico y Social -la principal fuerza opositora- votarían a favor del proyecto. También se impulsaría una reforma política, estableciendo internas abiertas y obligatorias simultáneas en todos los partidos, pero indirectas, con lo cual el kirchnerismo cree que podría impedir un eventual triunfo de Reutemann en el PJ. Respecto a los medios, el oficialismo parece decidido a impulsar otras acciones, además de la ley de medios, para afectar al grupo Clarín, como el avance estatal sobre la empresa Papel Prensa o la adquisición de Telecom por parte de un grupo afín al kirchnerismo.

La oposición por su parte muestra una tendencia creciente a la división. Los legisladores que responden a Margarita Stolbizer han formalizado el bloque GEN, separado de la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Por su parte, ambas han criticado a Julio Cobos. En la UCR, su Presidente Gerardo Morales ha lanzado una línea interna, desde una postura que ha generado críticas entre los seguidores del Vicepresidente.

En el Senado, legisladores que teóricamente responden a Cobos, la UCR y Carrió, respectivamente, terminaron votando la ley de medios junto con el oficialismo. El peronismo disidente, liderado por Reutemann, Romero y Puerta, presentó una posición común en el Senado contra la ley de medios. Pero las afirmaciones de Eduardo Duhalde, de que podría ser candidato a Presidente en 2011, recibió el apoyo de los dirigentes sindicales peronistas contrarios a Moyano, pero tuvo poco eco en el campo político. El efecto de estas declaraciones fue profundizar las disensiones en el peronismo antikirchnerista.

En cuanto a los intendentes del Gran Buenos Aires, proponen separar las elecciones municipales de las nacionales y provinciales, para evitar así el arrastre negativo que puede implicar apoyar la eventual candidatura de Kirchner. Mientras los diputados de centro-izquierda coincidieron con el Gobierno en la ley de medios y apoyarían también una nueva ley de entidades financieras, los grupos de ultra-izquierda están dispuestos a seguir potenciando las acciones en las calles a partir del conflicto Kraft, convocándose nuevos cortes para el miércoles 14 y una concentración frente al Congreso para el día siguiente. A su vez la Iglesia, en la semana organizada por la Pastoral Social, volvió a insistir en la necesidad de enfrentar la pobreza.

Las denuncias de corrupción siguen afectando al oficialismo y son impulsadas desde los medios de comunicación, en conflicto con el Gobierno por la mencionada ley de medios. El ministro de Economía (Boudou) y el secretario de Comercio (Moreno) han sido acusados por compras irregulares en la papelera a cargo del segundo. En la causa por el avión del ex secretario de Transporte (Jaime), éste sería citado a indagatoria por el Juez Oyarbide.

Las causas por enriquecimiento ilícito contra los dos secretarios privados de la Presidente (Gutiérrez y Bounine), que han multiplicado decenas de veces su patrimonio desde que cumplen esta función, están avanzando en la justicia. A estas denuncias se agrega la exclusión del proyecto de presupuesto de una partida de 12 millones de pesos para reparar caminos internos de la Residencia de Olivos y el anuncio de que se agregarán 8 aeronaves a la flota presidencial, que deterioran aún más la imagen del Gobierno. Las amenazas del secretario de Comercio (Moreno) a directores y directivos de la empresa Papel Prensa, ya han originado acciones judiciales. A su vez la Suprema Corte ha entrado en conflicto con el Ejecutivo, al reclamar el manejo por sí misma de los 1200 millones de pesos de presupuesto que se le asignan.

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