Las comisiones del Concejo evaluarán los pedidos para que Arroyo aparte a Mourelle

Las comisiones del Concejo evaluarán los pedidos para que Arroyo aparte a Mourelle

Además del planteo de ocho concejalas, también existe un pedido de la Multisectorial de la Mujer para que el funcionario sea apartado. Desde el STM le reclamaron al intendente una "pronta intervención ante la gravedad de los hechos".

Mientras la Justicia reúne declaraciones de testigos para establecer si los hechos de acoso sexual descriptos por una empleada municipal constituyen un delito que merezca actuar contra el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, en las últimas horas se produjeron algunos gestos de apoyo hacia la mujer que presentó la denuncia.

Este jueves, la aspiración de máxima de algunas concejales de lograr que el Concejo Deliberante reclamara que el intendente Carlos Arroyo separara al funcionario de su cargo no prosperó.

No obstante el planteo será considerado la semana que viene en la comisión de Legislación donde también serán analizados algunos otros elementos.

Uno de ellos es una manifestación de la Multisectorial de la Mujer que al conocer detalles del caso expresó su “enérgico repudio a la actitud machista y misógina de este funcionario” y le reclamó al intendente que lo aparte del cargo “hasta que la Justicia se expida”.

Sumado a eso la comisión de Legislación deberá considerar dos notas remitidas por el Sindicato de Trabajadores Municipales, una de ellas al Concejo Deliberante y la otra al jefe comunal.

“La trabajadora se presentó en el sindicato manifestando que el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, la ha acosado reiteradas veces haciendo comentarios fuera de lugar, siempre manifestando un interés sexual hacia su persona, lo que ha sido presenciado por algunos jefes y distintos compañeros”, describió el gremio.

Al relatar los dichos de la denunciante, la secretaria de la Mujer del STM, María de los Angeles Irazábal, precisó que esos episodios ocurrieron mientras la trabajadora insistía formalmente para que se le reconociera el pago de una bonificación, la cual requeriría de la autorización definitiva del secretario.

Desde el gremio le pidieron al intendente, quien aún no emitió opinión sobre el caso, una “pronta intervención ante la gravedad de los hechos” y que en base a la legislación vigente el tema sea considerado en el plano de la violencia laboral.

En ese sentido, Irazábal destacó que la ley prevé sanciones para quienes protagonicen tales conductas, las cuales van desde apercibimientos hasta cesantías o exoneraciones.

El otro elemento a considerar por los ediles, será la nota que este jueves presentaron 8 concejales mujeres de diferentes bancadas (exceptuando a Patricia Serventich, de Agrupación Atlántica y a Cecilia Martínez de CREAR), algunas de las cuales mantuvieron un encuentro con la denunciante.

“Sé que con esta denuncia tengo más para perder que para ganar porque posiblemente quede en la nada. Pero después de haberla hecho me siento más tranquila”, dijo ante las concejales la mujer, quien desde julio se encuentra de licencia y con un diagnóstico de “trastorno de estrés agudo producto de la situación de acoso”, según se indicó desde el sindicato.

En la nota presentada este jueves, las concejales censuraron duramente la conducta de Mourelle y pidieron su apartamiento.

Allí expresaron su “solidaridad para con la denunciante” y su “acompañamiento para quien sin duda transcurre por momentos de angustia y temor, iniciados desde el momento en que sintió que alguien quería abusar de su posición hasta pasar por las distintas denuncias administrativas y finalmente a la Justicia”.

Las concejales coincidieron en que “ninguna mujer debería pasar por esta situación y mucho menos sentirse amedrentada por dichos del funcionario tendientes a descalificarla y sugiriendo posibles actuaciones en su contra, pensando que quizá sea mensaje también para potenciales testigos”.

La nota expresa además subraya que el eventual apartamiento del secretario de su actual función debería ser de utilidad para que ante “la grave denuncia de acoso sexual” quienes “fueran convocados a dar su testimonio” tengan garantizada una “absoluta libertad y tranquilidad”.

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