CIC: la Comisión Investigadora citó a declarar al ex titular del Instituto de la Vivienda

Se trata de Luis Zanazzi, quien asumió al frente del órgano luego de la renuncia de Alfredo Migone, en 2007. La cita es para hoy, en el ámbito del Concejo Municipal.
Según un informe realizado sobre las auditorías hechas por el Tribunal de Cuentas, son innumerables las irregularidades cometidas en el proceso de ejecución de las obras. El manejo de los fondos, la entrega de materiales, los contratos firmados con las cooperativas y el cumplimiento de lo estipulado en los mismos, más los plazos previstos son objeto de análisis en la investigación. Desde la Comisión Investigadora son pesimistas en cuanto a la asistencia del funcionario a la cita.

En el pasado mes de septiembre, los integrantes de la Comisión Investigadora, encargada de determinar –si las hubo- las responsabilidades de la anterior gestión municipal en ciertos actos irregulares, iniciaron un proceso investigativo a los fines de saber sobre el sorprendente atraso en las obras de construcción de dos Centros de Integración Comunitaria (CIC) anunciados por el entonces intendente, Martín Balbarrey. (Ver aparte).

Dichos trabajos se iniciaron en el segundo semestre de 2005 y tenía un plazo estipulado de 180 días corridos desde la fecha de inicio de las obras que, claro está, no se cumplió.

El objetivo de los denominados CIC es albergar consultorios para la atención primaria de la salud y espacios para favorecer el desarrollo social. Con los Centros Integradores miles de personas se beneficiarían cuando se habiliten los edificios de 715 metros cuadrados.

Es en ese sentido que el órgano de investigación resolvió citar, para hoy miércoles 29 de octubre, al ex director del Instituto Municipal de la Vivienda, Luis Zanazzi. El entonces funcionario asumió al frente de la cartera luego de la renuncia de Alfredo Migone, en mayo de 2007.

La audiencia se llevará a cabo a partir de las 9.30, en las instalaciones del Concejo Municipal de Santa Fe.

Según consultó este portal, los ediles integrantes de la comisión son más que pesimistas en cuanto a la asistencia o no del ex funcionario a declarar.

Informe sobre las auditorías hechas por el Tribunal de Cuentas

Por otro lado, Notife tuvo acceso a un informe realizado en base a las auditorías (Nº 06/060 y 09/07) llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Santa Fe.

Dichas auditorías consistieron en la fiscalización concerniente a recursos, erogaciones, archivos, rendiciones de comprobantes de acuerdo a la fuente de financiamiento, administración de los fondos, como también la ejecución propiamente dicha.

El Tribunal de Cuentas concretó exhaustivos controles sobre el cumplimiento de las responsabilidades por parte del Municipio y apuntó a saber detalles relacionados a la utilización de los fondos para financiar exclusivamente los gastos aprobados, asegurar la presencia de representantes técnicos, los plazo de ejecución, documentación técnica de la obra, certificaciones de avances de obra, las formas de pago, los terrenos y la contratación de pólizas de responsabilidad civil por riesgos de accidentes.

Según se desprende del informe, la fuente de financiamiento de los CIC fueron fondos del Gobierno Nacional y en algunos casos, los convenios específicos determinan el aporte municipal, aunque no se explican los motivos ni los montos.

Vale recalcar que el órgano responsable de la ejecución del proyecto, dentro del Municipio santafesino, es el Instituto Municipal de la Vivienda, al mando primero de Alfredo Migone, y luego de Luis Zanazzi.

Con respecto a las cooperativas que intervienen en el proyecto de los CIC, se determinaron la participación de cinco por obra y son las siguientes:

CIC de Av. Facundo Zuviría y Azcuénaga: Emprendimiento Social Cooperativo Ltda. (ESCOOP); San José Ltda. (SANCOOP); InterServ Ltda.; Construcciones Pompeya Ltda. (COPOM); La Cordial Ltda.

CIC de Callejón Roca y República de Siria: Consar Ltda.; 8 de Septiembre Ltda.; Coop. de Industria y Vivienda (COPIV); San Agustín Construcciones Ltda..; Santa Rita.

En este aspecto, el informe destaca que en la construcción del CIC de Callejón Roca se comenzó a trabajar Consar Ltda. el 23 de mayo de 2005 y desarrolló sus tareas hasta el día 7 de octubre de ese año y abandonó de la obra el 11 de dicho mes. Por tal motivo, se disolvió el contrato que vinculaba a la Municipalidad de Santa Fe con la cooperativa en cuestión.

Sin embargo, existen comprobantes de la entrega de materiales con fecha posterior a la de abandono de obra por parte de la firma, por lo que, desde el informe sobre las auditorías, se preguntan:”¿Qué sucedió con los materiales recibidos por la nombrada cooperativa? ¿Se entregaron al Municipio, quedaron en la obra o fueron utilizados para la finalización de la obra?”. En definitiva se pretende determinar el destino de los materiales entregados por el proveedor, Santa Fe Materiales. Sobre este punto, el Instituto Municipal de la Vivienda no realizó ningún tipo de aclaración.

Más adelante, el resumen advierte que las cooperativas tienen que estar inscriptas en el registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, según lo establecen los convenios suscriptos entre el DEM y las cooperativas de trabajo. Sin embargo, las cooperativas San Agustín Construcciones Ltda. y San José Ltda. no figuran inscriptas en el registro mencionado, lo que significa no cumplir con uno de los requisitos para conformar la nómina de firmas para la concreción del proyecto.

De las auditorías realizadas por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Santa Fe, se evidencian otras irregularidades entre las cooperativas intervinientes. La empresa InterServ Ltda., cuyo presidente, Alejandro José Galván no figura inscripto en los registros del Ministerio de Trabajo, o bien, su nombre aparece en la página web de dicha cartera escrito de dos maneras diferentes (Galván y Galbán) y además, su DNI coincide pero le corresponde números de CUIL distintos. Este punto tampoco fue resuelto por el Instituto de Vivienda.

“De la información suministrada, se observa que el Instituto Municipal de la Vivienda no contaba con registros actualizados de los integrantes de las cooperativas y tampoco realizaba tareas de coordinación con los organismos oficiales (INAES, Registro de Efectores, etc). Es decir, que las irregularidades también se encuentran en la contratación de las cooperativas”, sostiene el Tribunal de Cuentas.

Otras de las anomalías detectadas por el órgano de control municipal tienen que ver con la contratación de Seguros. En ese sentido, el informe explica que para la construcción de los CIC estaba prevista la contratación de dos tipos de seguros: uno destinado a cubrir todos los accidentes que pudieran sufrir los miembros de las cooperativas durante la realización de la obra –que sí fue contratado- y otro, a cubrir los daños a terceros que pudieran causar las personas y/o las cosas que intervengan en el proyecto.

Los Seguros debían ser contratados por la Municipalidad de Santa Fe, según dictaba la cláusula cuarta del convenio de financiamiento de los materiales. De todos modos, “en acta fecha 12 de diciembre de 2006, personal del Instituto de la Vivienda manifestó que este seguro no fue contratado por el Municipio” lo que fue corroborado al no ingresar al Tribunal de Cuentas actuaciones relacionadas con el tema. Vale aclarar que dicho seguro tampoco fue contratado por las mismas cooperativas.

A su vez, el DEM firmó contratos de Locación de Servicios para realizar tareas de albañilería, instalación sanitaria y eléctrica en las obras de construcción del CIC ubicado en Callejón Roca y República de Siria. “El punto álgido es que se presenta superposición de funciones con las tareas que debían realizar los integrantes de las cooperativas de trabajo”, sostiene el Tribunal.

Plazos de ejecución

Otra singularidad en la investigación tiene que ver con los tiempos previstos para la concreción de los trabajos. Según se desprende del informe de la auditoría del Tribunal de Cuentas, el plazo fijado por los contratos era de 180 días corridos a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio de obra.

En tal sentido, el órgano de control advirtió que “ante el requerimiento de las actas, no fueron suministradas. Las actas de inicio como de replanteo de obra son instrumentos fundamentales en la ejecución de una obra a los efectos de determinar el atraso en el cumplimiento de los plazos”, observan.

Debido a la “inexistencia o falta de exhibición” de las actas como de las presentaciones escritas por parte de las cooperativas, a fines de justificar las demoras por suspensiones o retrasos en la ejecución de las obras- el Tribunal de Cuentas tomó como fecha de inicio el 11 de mayo de 2005. La fecha fue detectada en los comprobantes de Caja como recepción del anticipo por parte de las cooperativas.

“El plazo que media entre la fecha tomada como inicio de la obra y la fecha de la constatación realizada el día 26 de diciembre de 2006 es de 594 días, evidenciando un atraso de aproximadamente un 230% en los plazos”, explica el ente y aclara que “cuando se realizó la mencionada constatación, las obras de los CIC aún no habían sido terminadas”.

En cuanto a las formas de pago, de la auditoría surge que el DEM como organismo ejecutor de la obra y receptor de los desembolsos girados por la Nación, liquidó a las cooperativas las sumas correspondientes al monto total, mediante tres etapas; anticipo: $33.450; a mitad de obra: $22.400; a final de obra: $11.900.

En este punto, el TCM cuestiona el abono total del anticipo a la cooperativa Consar, a pesar de que la misma abandonó la obra el día 7 de octubre de 2005, sin previa constatación de los trabajos realizados.

Además, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación rechazó facturas por un monto de $24.000, relacionadas a la la rendición del subsidio “Capacitación en obra-CIC”. Los rechazos de basaron, únicamente, en el incumplimiento del objetivo contractual. A esto debe sumarse que hay comprobantes de Caja que no se encuentran aprobados por la Dirección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas como por ejemplo: $1.200 por gastos de refrigerio a las cooperativas Santa Rita, san Agustín y Consar; $19.998 por adquisición de tarjetas de colectivos por lo que se hizo pedido de informes por factura con fecha de emisión posterior a su fecha de vencimiento (nunca respondida).

En ese sentido, vale recordar la polémica generada por los pagos realizados a la Universidad Católica de Santa Fe en concepto de Capacitación en Obra, de los cuales fueron cuestionados los tres último, por un monto de $9.000 cada uno.

Documentación técnica y certificaciones de obra

De la constatación realizada el día 26 de diciembre de 2006, se desprende que ante la solicitud de la documentación técnica de las obras, los representantes técnicos de cada uno de los CIC manifestaron que “los planos y libros de obra así como las certificaciones se encontraban en el IMV”, mientras que el personal del IMV señaló que “la documentación técnica, acta de inicio, certificaciones de avances de obra, registro de ingresos de materiales así como registros de beneficiarios se encontraban en cada uno de los CIC”.

A raíz de lo expuesto hasta aquí, el Tribunal de Cuentas fue tajante: “lo que surge de la constatación realizada en los lugares donde se llevaron a cabo la construcción de los CIC, es que la intervención de la Municipalidad de Santa Fe fue defectuosa y con muchas irregularidades”.

Asimismo, denuncia que “la información suministrada por el Instituto Municipal de la Vivienda no cumple con los atributos de contenido apropiado, oportunidad, actualización, exactitud y accesibilidad” y subraya que “no existe, en el organismo, cultura del control”.

Para la elaboración de las auditorías estuvieron presentes en las obras personal dependiente del Tribunal de Cuentas y del Gobierno Nacional. Por parte del TCM se trabajaron: CPN, Alfredo Salusso de Michlig; CPN, Ana María Vizziello; CPN, Valeria Somasco y Dr. Lucio Palacios. En cuanto a los representantes de la Nación, fueron: Arq. Rubén Farioli y Arq. Cecilia Mafficci.

“En el CIC de Av. Facundo Zuvirí y Azcuénaga, lo que se destaca en su aspecto edilicio es que para ser habilitado se requería se ejecuten algunas reparaciones como la presencia de humedad a la altura de las capas aisladoras y en algunas paredes anexas a los núcleos húmedos. En cuanto al CIC de Callejón Roca y República de Siria, se estableció que la obra se encuentra paralizada e inconclusa, en la que no se encontró ninguna persona encargada de su custodia, ni barretas físicas que impidieran el ingreso a la misma. Los ambientes no se encuentran techados en su totalidad, y las paredes existentes están revocadas en forma parcial, la colocación del piso también es parcial. Faltan todas las aberturas, cielorrasos, artefactos sanitarios, mesadas, accesorios y terminaciones finales”, relata el informe.

Por último, el Tribunal de Cuentas asevera que “los fondos nacionales para la construcción de los CIC fueron enteramente cumplimentados pero a la fecha, no se encuentran cumplimentadas las obras. Hubo incumplimiento por parte del Municipio, a cargo del intendente Martín Balbarrey, responsable por la no conclusión de las obras de los CIC. No hubo claridad en el manejo del dinero enviado por la Nación. Inoperancia de quien estaba a cargo del Instituto Municipal de la Vivienda, Alfredo Migone”.

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