La comisión interna amenaza con desconocer un acuerdo

Exige que no quede un solo despedido; otro día de marchas en la ciudad
La solución del conflicto gremial por Kraft volvió a ponerse en duda ayer, cuando una asamblea de trabajadores despedidos y suspendidos cuestionó el principio de acuerdo alcanzado el jueves por las partes en el Ministerio de Trabajo de la Nación. La última oferta de la empresa, que dejaba afuera a 53 trabajadores despedidos, generó también tensiones en el seno de la comisión interna, que resolvió supeditar la decisión final a la votación de los obreros de la planta de General Pacheco.

El rechazo parcial al contenido de ese documento fue puesto de manifiesto durante una marcha que colapsó el tránsito vespertino de ayer en la Capital. Desde las 18.10, la columna se desplazó desde la Plaza del Congreso hasta la Plaza de Mayo, lo que generó embotellamientos a lo largo de toda la Avenida de Mayo.

La manifestación fue encabezada por medio centenar de obreros de Kraft, seguidos por las columnas del Partido Obrero, el MST, el PTS, el MAS y la Izquierda Socialista, que aportaron el grueso de los manifestantes. También participaron las federaciones universitarias de Buenos Aires y La Plata, junto con organizaciones piqueteras lideradas por el MTR Cuba y el Movimiento de Barrios en Lucha. Se sumaron gremialistas del diario Crónica , el Banco Provincia de Buenos Aires, docentes contratados de UTE y estatales de Suteba.

Fue la movilización más numerosa desde el comienzo del conflicto, ocurrido hace 59 días, cuando Kraft despidió a 162 trabajadores luego de que éstos rodearan un edificio administrativo el 3 de julio, en reclamo de medidas de seguridad frente a la gripe A. La planta, que permaneció tomada durante 38 días por los trabajadores, fue desalojada el 25 de septiembre por la policía bonaerense. Por esos hechos, la empresa suspendió a otros 36 operarios.

Desde el inicio de las audiencias con las carteras de Trabajo nacional y bonaerense, Kraft reincorporó a 30 despedidos y suspendidos y se comprometió a agregar otros 40. El gobierno bonaerense, a su vez, prometió arbitrar ante cada uno de los 53 trabajadores que queden fuera de la empresa.

A cambio de su última propuesta, la empresa pidió 60 días de "paz social" y aseguró que no modificaría las condiciones de trabajo actuales. Ayer, además, solicitó en un comunicado que "se respeten los derechos y las garantías constitucionales de todos" los involucrados en el conflicto y afirmó que, por el "apoyo" de los empleados, la actividad de la planta se desarrolla con "absoluta normalidad".

Los miembros de la comisión rechazan la posibilidad de firmar una "paz social" mientras queden obreros despedidos. "¡El mandato es todos adentro!", desafió durante el acto de ayer Javier Hermosilla, el delegado que, según fuentes del sector, fue el principal opositor al acta elaborada por Trabajo.

Ayer, tanto Hermosilla como el líder de la comisión interna, Ramón Bogado, negaron el rumor de un enfrentamiento directo entre ellos, aunque reconocieron diferencias entre los cinco miembros de la comisión, cuya cúpula adhiere al Partido Comunista Revolucionario. En los pasillos de Trabajo y en la Plaza de Mayo circulaba la versión de un aumento de la influencia de Hermosilla, vinculado al PTS.

Con todo, la comisión interna cerró filas para que sólo se considere candidatos a ser reincorporados a los obreros despedidos. Los suspendidos, consideran, deben reintegrarse normalmente a la planta.

Pero esa distinción no se encuentra en el acta del miércoles y la cartera que conduce Tomada anticipó que sólo aceptará "un sí o un no" de parte de los delegados, que deberán dar su respuesta hoy, a las 15.

Unas horas antes, el Tribunal Laboral N° 3 de San Isidro decidirá si levanta definitivamente la medida cautelar que impide el ingreso de Hermosilla a la planta. Si se mantiene la restricción, todo el conflicto podría agravarse.

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