Comisión dictaminaría que violó la Constitución

La comisión que investiga al legislador Miguel Ortiz Pellegrini dictaminaría que el presidente del bloque de legisladores juecista violó la Constitución en varias oportunidades (artículo 88), al patrocinar demandas patrimoniales contra el Estado luego de haber asumido en su banca, el 10 de diciembre de 2007.
Mañana debe reunirse la comisión investigadora, la de Asuntos Institucionales, que preside el peronista Nelson Ipérico, para expedirse con su dictamen final, que luego analizará el pleno de la Legislatura provincial para emitir el pronunciamiento definitivo: sentencia condenatoria o absolutoria.

El peronismo, en particular el presidente del bloque, el delasotista Daniel Passerini, ha insistido desde un principio en ser riguroso con el dictamen de comisión y en el recinto principal, y también fue en el proceso quien cargó con el aporte de pruebas contra Ortiz Pellegrini.

Pero la representación peronista no ha sido homogénea en la consideración del caso, siendo nada menos que el presidente provisorio de la Unicameral, Frank Fortuna, el más contemporizador con el legislador juecista.

Demás está decir que sin una postura homogénea en el oficialismo sobre una tesis que requiere de mayoría agravada (47 votos), la embestida es más que problemática, en particular para ganar necesarias adhesiones en el resto de las bancadas cercanas a la que conduce Passerini.

Aun con estas restricciones y con las ambivalencias en el radicalismo, virtual árbitro en la disputa, lo más seguro hasta estos momentos es que Ortiz Pellegrini se llevará una sanción, de una gravedad que se conocerá a último momento.

Incluso cuenta a favor con los guiños de Fortuna, la favorable disposición de los legisladores negristas -en paralelo con las buenas relaciones que mantienen Mario Negri y Luis Juez- y la postura del influyente Miguel Nicolás, con tratos con Ortiz Pellegrini que sólo ellos dos conocen.

De todo el proceso de aporte de pruebas y descargo, quedan como causas incriminantes los juicios contra la Tamse -este diario fue quien publicó la documentación que abrió el proceso-, y patrocinios contra la Caja de Jubilaciones y la Provincia, iniciados con anterioridad al 10 de diciembre de 2007, pero sin renuncia explícita y, además, con aparentes pruebas de haber continuado con la representación profesional.

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