La Comisión Bicameral, sin funcionar

Hace casi un año que la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones dejó de funcionar porque no se reemplazó a los legisladores que cumplieron sus mandatos en diciembre.

La comisión, integrada por seis diputados y seis senadores, debería estar siguiendo todas las instancias del proceso que llevó al Estado provincial a intervenir a través de la ejecución de la garantía a EDECAT. De hecho, en su artículo quinto, el decreto solicita la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.

Pero la Comisión no se integró y tampoco analizó la rescisión del contrato con Aguas del Valle y la conformación de Aguas de Catamarca. Hasta el año pasado, estuvo integrada por los diputados mandatos cumplidos Pedro Vega, Rafael Castillo, Pablo Gaffet, María Julia Acosta de Ahumada y los legisladores en actividad Néstor Tomassi y Nicolás Verón. El Senado estuvo representado por Carlos Acevedo, Luis Rodríguez, Silvina Tello, Víctor Luna y los mandatos cumplidos Pedro Casas y Dalmacio Mera.

Según la ley que establece su creación, la presidencia de la Comisión será designada a propuesta del bloque político de oposición con mayor número de legisladores en la Legislatura, por lo que sería para un representante del Partido Justicialista.

El año pasado, en un despacho de minoría, la comisión presidida por Acosta de Ahumada determinó que había suficientes elementos para rescindir el contrato con la prestataria del servicio energético.

El oficialismo, que se impuso con el dictamen de mayoría, tras analizar la relación contractual con la empresa, consideró que, a partir de la ejecución de algunas obras, EDECAT debía continuar brindando el servicio.

Qué dice la Ley

La ley Nº 5064 establece que se autoriza al Poder Ejecutivo provincial a negociar, en su caso, los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, para lo que deberá tener en cuenta: el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; la calidad de los servicios y planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; la seguridad de los sistemas comprendidos; y la rentabilidad de la empresas.

También prevé que los contratos que resulten negociados deberán ser comunicados a ambas Cámaras Legislativas dentro de los 30 días de su instrumentación y aprobación por el Poder Ejecutivo. Y a partir de esto, se crea la Comisión Bicameral.

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