Un comisario dice que Jefatura no investiga la trata

Un comisario que está tramitando su retiro de la fuerza denunció públicamente ayer las trabas que le impusieron desde la propia cúpula de la policía provincial para investigar a las redes de trata que operan en La Pampa, ligadas a la prostitución. Se trata de Hugo Ledesma quien fuera jefe de Migraciones de la Policía de La Pampa y como tal investigara a las redes de explotación sexual. En una entrevista con el matutino porteño aseguró que desde la propia institución le boicotearon las pesquisas. "Lo dejaron sin móviles, le rompieron la PC, le negaban allanamientos y hasta recibió amenazas", enumeró el diario de la Capital Federal.
El artículo de P/12 lleva la firma de la periodista Mariana Carbajal, la misma que en plena ebullición del "tiernismo" logró que la ex esposa y madre de dos hijos de Juan Carlos Tierno, radicada desde hace años en La Plata, relatara el terror que padeció a su lado y confesara que debió escapar de su marido porque la golpeaba. "Un comisario de La Pampa denunció que le pusieron numerosos obstáculos dentro de la misma policía provincial cuando quiso combatir a redes de trata que explotan mujeres en prostíbulos pampeanos. El uniformado que rompió el silencio es Hugo Ledesma, que se desempeñó como jefe de Migraciones de la Policía de La Pampa entre 2003 y 2004", escribió en la víspera.

Acusaciones.

¿Qué denunció el comisario? Que le quitaron vehículos para realizar tareas de inteligencia y operativos en horario nocturno, que misteriosamente apareció destruido el archivo de su computadora donde tenía cargada información clave que comprometía a proxenetas después de que pidiera varias veces que se guardara esa PC en un lugar especial, y también señaló que desde la subjefatura policial le ordenaron que frenara un procedimiento en una "whisquería" de Toay, donde él tenía información de que había muchachas paraguayas, entre ellas una adolescente de 16 años, que ejercían la prostitución.

El último embate de las autoridades policiales para detener sus investigaciones fue el traslado a la delegación policial de Cuchillo Co, ubicada a más de 300 kilómetros de Santa Rosa, sin teléfono. "Estos hechos ocurrieron cinco años atrás pero un dato los reactualiza: el jefe y el subjefe de la policía pampeana son los mismos que en aquel momento, Ricardo Alberto Baudaux y Juan Domingo Pérez, respectivamente", dice el artículo.

"El Chipi".

Ledesma le contó a P/12 que en 2003 cuando llegó a Migraciones empezó a detectar un fluido tráfico de mujeres extranjeras, muchas de ellas paraguayas, también menores de edad, que eran traídas como inmigrantes ilegales a trabajar en diversos locales habilitados como "whisquerías" por los municipios de La Pampa, pero que en la práctica funcionaban como verdaderos prostíbulos, donde se las explotaba sexualmente.

El cabaret que el uniformado investigó durante meses fue El Chipi, ubicado en la avenida 13 de Caballería Nº 980, en la localidad de Toay. "Tenía la información de que había muchachas paraguayas, entre ellas una adolescente de 16 años", precisó Ledesma al diario porteño. Según el artículo, el entonces jefe de Migraciones quiso realizar un operativo durante la madrugada, pero cuando pidió "apoyo logístico y de personal", el jefe del Departamento Judicial de la policía, comisario mayor Carlos Alberto Muñoz, le respondió que el subjefe de la policía, Pérez, le había ordenado que desistiera de concretarlo y que tal procedimiento lo llevaría a cabo la Seccional Quinta de Toay.

"Lo dicho está escrito en una nota que Ledesma le mandó a Muñoz, el 17 de diciembre de 2004, con sello de la Policía de La Pampa, y a cuya copia certificada tuvo acceso este diario -dijo P/12-. En esa nota, Ledesma le cuenta a Muñoz que recibió una comunicación de la propietaria del local donde funciona El Chipi, de nombre Elsa Hernández, que le dice que su inquilina tendría trabajando como prostitutas a "ciudadanas de nacionalidad extranjera" y, entre ellas, "una menor de 16 años".

"Fueron de día".

Ledesma contó que en aquel momento le mandó un correo electrónico al ingeniero Alejandro Meringer, titular de la Delegación de Bahía Blanca de la Dirección Nacional de Migraciones, en el que le relataba los hechos.

El propio Ledesma le dijo al periódico porteño que denunció esa situación -las trabas al procedimiento- ante el fiscal Jorge Marcelo Amado (actualmente ocupa la Fiscalía de la Cámara del Crimen Nº 2 de Santa Rosa). Más adelante relató que finalmente obtuvo una orden de allanamiento del juez federal Pedro Vicente Zabala pero "la tuve que devolver porque nunca pude hacer el operativo".

-¿Qué pasó con El Chipi? -le preguntó P/12.

-Siguió funcionando. Tengo hasta el contrato de locación.

-¿Nunca se hizo el operativo en ese prostíbulo?

-Lo hizo la Seccional Quinta, pero en horario diurno y dijeron que sólo encontraron a la señora Martha I. Morán de Gigli, la encargada del lugar.

Según Ledesma, las trabas de los jefes policiales pampeanos fueron tales que cuando avisó sobre su intención de llevar a cabo el operativo le asignaron otra tarea: "Recorrer la plaza central de Santa Rosa entre las 24 y las 5 de la madrugada (el horario en que funcionan los prostíbulos). Unos meses antes me sacaron el vehículo que tenía asignado para recorrer los bares nocturnos".

En otros pueblos.

Ledesma entregó a P/12 la copia de otra nota fechada el 23 de junio de 2004. Esta vez estaba dirigida al comisario inspector Miguel Díaz, jefe del Departamento Judicial de la policía pampeana, y en ella le refería la necesidad de contar con un vehículo para Migraciones atento a las dificultades que la ausencia de ese elemento les acarreaba, ya que no podían realizar inspecciones migratorias ni controles en otros lugares de la provincia, como el caso de Toay, "donde hemos individualizado tres locales comerciales que estarían cumpliendo las funciones de cabarets y en alguno de ellos trabajarían dos o tres ciudadanas de nacionalidad paraguaya, que se encontrarían con sus residencias irregulares". En la nota también describía situaciones similares en otros prostíbulos de Trenel, Ingeniero Luiggi, Conhelo, etc.

Filtraciones.

Otra de las denuncias que realizó Ledesma ante P/12 alude a la frecuencia con que desde la fuerza se filtraba información acerca de futuros operativos en burdeles. "En una nota fechada el 17 de junio de 2004 dirigida al jefe del Departamento Judicial, le detalla que eso ocurrió con el local nocturno Jarana: 'La ciudadana Esther Acosta, esposa de Rubén (Cuky) Arce, propietario, nos estaba esperando en el exterior del lugar de acceso, evidenciando ser 'conocedora' de la noticia de nuestra visita'", se informó en P/12. "¿Cómo le va comisario Ledesma?", aseguró el uniformado que le dijo la regente del lugar.

Ledesma contó que fue víctima de amenazas de muerte y que muchas veces la subjefatura de la Policía le daba órdenes por escrito, que luego, en forma verbal, eran desestimadas por sus mismos superiores. "El 26 de diciembre de 2004, a Ledesma lo trasladaron a la comisaría de Cuchillo-Có, a 360 kilómetros al sudoeste de Santa Rosa. 'No había ni teléfono. Estuve ahí casi dos años. Me dejaron afuera de Migraciones porque sabían que iba a llegar a descubrir la esclavitud sexual'", dijo P/12.

Causa inventada.

Dos años estuvo en ese destino hasta que lo adscribieron a la Unidad Regional de General Acha. Entre otros embates de la fuerza, informó al diario porteño que enfrentó una causa "inventada" por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tramitó en el Juzgado de Instrucción N° 2 de General Acha, de la cual fue sobreseído, y que le iniciaron un sumario administrativo en el Departamento Central de Policía en el que interviene el jefe de la fuerza, comisario general Baudaux. Como no le dejan acceder a las actuaciones, el 2 de febrero pidió al fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Antonio Carola, que tome intervención en el expediente.

Ledesma aseguró en el artículo de P/12 quiso romper el silencio por la indignación que le provoca escuchar a funcionarios provinciales negar que exista la trata de mujeres en la provincia de La Pampa. El 20 de agosto del año pasado pidió su retiro de la fuerza que aún está en trámite. Los últimos dichos de los jefes policiales en ese sentido tuvieron relación con el allanamiento de Privado VIP, una "whiskeria" de Santa Rosa.

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