Comienza hoy el juicio penal contra el ex secretario general del gremio Sitramune

Está acusado de coacción agravada, por los hechos ocurridos en 2005 durante un conflicto salarial con las autoridades municipales de Neuquén. Otros 16 empleados comunales deberán responder ante los jueces de la Cámara Criminal Dos, por el delito de malversación de caudales públicos.
Neuquén > Hoy, a partir de las 9, la Cámara Criminal Dos debatirá la conducta penal del sindicalista Luis Oscar Martínez, quien hasta hace poco tiempo conducía el Sindicato de los Trabajadores Municipales de Neuquén (Sitramune). Durante las audiencias, que se desarrollarán durante toda la semana, los magistrados investigarán también las responsabilidades penales de otros dieciséis trabajadores de la comuna capitalina.

Martínez, y el resto de los empleados, fueron imputados por conductas delictivas que se habrían producido durante un largo conflicto salarial, que se inició el 9 de junio del 2005 y que se prolongó por casi tres meses, dentro y fuera del edificio municipal ubicado sobre avenida Argentina cuando Horacio Quiroga era intendente. Éste último fue citado a declarar el miércoles.

Fuentes judiciales señalaron que los primeros dos días del juicio oral y público, los jueces informarán a los acusados sobre los delitos por el que son investigados, se resolverán también los incidentes y, además, se ofrecerá la oportunidad para que los acusados hagan su descargo.

Luego de la declaración de Quiroga del miércoles harán lo propio otras cuatro personas, entre ellas el director de Asuntos Jurídicos del Municipio, Luis Oscar Cobos, un periodista de Canal 7 y trabajadores del Departamento Servicios Públicos.

Se adelantó que el jueves testificarán funcionarios de Obras Públicas y el director de Seguridad del Municipio.

El abogado José Ignacio Gerez, que actúa como querellante en la causa, también desplegó una intensa investigación de los hechos, aportó material de importancia al juez de la causa y además requirió el auto de elevación a juicio del caso.

La acusación

El titular del Juzgado de Instrucción Cinco, Marcelo Benavides, y la Fiscal de Graves Atentados Contra las Personas, Sandra González Taboada, incriminaron a Martínez de ser penalmente responsable del delito calificado como "coacción agravada".

Malversación de caudales

En cuanto al resto de los acusados, que en su mayoría trabajan en el edificio comunal ubicado en la calle Bahía Blanca y Richieri, se les imputa malversación de caudales públicos.

Las investigaciones judiciales probaron que en la mañana del 13 de junio de 2005, los empleados retiraron del lugar maquinarias viales y camiones asignados a la prestación de los servicios públicos de mantenimiento, riego de calles y suministro de agua potable, "engañando al personal jerárquico".

Se sostuvo en el auto de elevación a juicio, que los imputados utilizaron los bienes mencionados un uso diferente al cual están destinados, dado que habrían sumado los elementos de trabajo "a la medida de fuerza que se encontraban llevando a cabo los agentes del gremio de los municipales, en igual fecha".

Benavides afirmó que los vehículos fueron entregados conforme una metodología de trabajo, para asignarlos a la prestación del servicio público. Y, se observó además, que la planilla diaria de consumo de combustible, acredita el engaño del que fueron víctimas los superiores, quines de esta manera "no sospecharían el cambio de destino que luego le darían" a las máquinas viales y camiones.

"Coacción agravada"

El juez, luego de examinar la abundante prueba colectada, sostuvo que el 16 de junio del 2005, en momentos en que la lucha por reivindicaciones salariales se encontraba en su mayor ebullición, Martínez, en su carácter de Secretario General del Sitramune, brindó una conferencia de prensa en el Municipio. En su resolución, dijo que el gremialista afirmó a viva voz que "si lo trabajadores somos apaleados, si somos reprimidos, tenemos elaborada una serie de estrategias que le van a complicar el futuro político al intendente Quiroga".

Benavides consideró entonces que dichas expresiones "amenazantes" fueron realizadas con la finalidad de que el intendente Horacio Quiroga "desista del desalojo judicial requerido y efectúe una propuesta seria y responsable a la suba salarial solicitada".

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