La ex ministra está acusada del delito de encubrimiento sobre el origen de ese dinero, que contempla una pena máxima de tres años; y por destrucción de documentos del acta original por el cual personal policial dejó constancia del hallazgo.

Este último delito está contemplado en el artículo 255 del Código Penal, el cual prevé hasta cuatro años para el que "sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público".

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2, la acusación a cargo de los fiscales Fernando Arrigo y Guillermo Marijuan (este último es quien tuvo la causa en primera instancia) y la primera audiencia tendrá lugar en el SUM de los Tribunales Federales de Comodoro Py.

El hecho tuvo lugar cuando el subinspector Patricio Rodrigo Palo, de la División Investigaciones del Departamento Brigada de Explosivos; y el cabo 1°, Carlos Enrique Isaías realizaban una inspección de rutina de seguridad a primera hora del día en el despacho de la ministra ante la eventual presencia de algún artefacto explosivo.

Así fue como encontraron una bolsa papel madera, dentro de la cual estaba el dinero, los 100 mil pesos en un envase termosellado y con un número de lote, el 38.057, que indicaba procedencia del Banco Central de la República Argentina, y se labró un acta del hallazgo.

Cuatro horas más tarde, arribó la ministra a su despacho y al ser informada del episodio requirió a su secretaria privada el acta original en cuestión, la cual luego desapareció pero quedó una copia que sacó un subcomisario de la División Brigada de Explosivos antes de que el original le fuera entregado a Miceli.

El hecho derivó en la renuncia de Miceli como ministra de Economía, luego de que ensayara varios argumentos sobre la procedencia del dinero, y el destino que tenía pensado darle.

Ante la jueza federal María Servini de Cubría, la ex ministra reconoció por un lado que esa suma de dinero le pertenecía, y dijo que iba a darle como destino una operación inmobiliaria la cual se terminó frustrando.

Para el juicio, en el que están citados más de 60 testigos y el cual se estima que durará hasta mediados de diciembre, se prevé que declare personal inmobiliario con la cual Miceli habría tomado contacto, y personal de bomberos y policías que intervinieron en el hallazgo así como en la entrega del acta del mismo, entre otros.

Al solicitar su elevación a juicio ante la jueza María Servini de Cubría, el fiscal federal Guillermo Marijuan determinó "la mendacidad con la que se desenvolvió la imputada a lo largo de la investigación", a raíz de las varias versiones que ensayó para intentar justificar el dinero en su poder.

Por eso Marijuan, quien ahora volverá a tener la acusación en su poder, sostuvo que los fondos "tenían un origen espurio", y "llegaron a su poder por afuera de una operación financiera legal, regular y debidamente registrada, que contara, además, con su correspondiente respaldo documental".