Comienza el debate sobre la distribución de la publicidad oficial

La comisión de Legislación General iniciará el debate sobre la reglamentación de la Publicidad Oficial que se incluyó en el proceso de reforma de la Constitución en el año 2008 para lo que convocará a periodistas de la provincia de diferentes especialidades.
La comisión de Legislación General iniciará en los próximos días el debate sobre la reglamentación de la Publicidad Oficial que se incluyó en el proceso de reforma de la Constitución en 2008 para lo que convocará a periodistas de la provincia de diferentes especialidades, según confirmó a RecintoNet el diputado Daniel Bescos (PJ).

Como mecánica de trabajo, Bescos precisó que "se tomará la provincia en cuatro zonas" con la finalidad de "agrupar a los medios y debatir el proyecto con los interesados, para así escuchar a todos los actores involucrados" en esa profesión, dijo Bescos.

Como se recordará, Bescos había solicitado el listado de medios de la provincia al titular del COMFER, Néstor Rodríguez, precisamente con el fin de articular la tarea en la comisión que- anticipó – "comenzará en los próximos días" para debatir los dos proyectos que proponen regular la publicidad oficial, ya que tanto el justicialismo como el radicalismo formularon propuestas de ley.

Como se sabe, el proyecto de ley que propuso la bancada justicialista, contempla la reglamentación del artículo 14 de la Constitución. Y establece criterios para los tres poderes del Estado, sus entes descentralizados y autárquicos, empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado Provincial, y la de los municipios y comunas en todos sus estamentos y organismos, y define la publicidad oficial como "toda comunicación gubernamental realizada por los organismos detallados en el artículo anterior, a través de los medios oficiales o pertenecientes al sector privado".

El proyecto, indica que "la adjudicación de la publicidad oficial esta regida por los principios de transparencia, eficacia, acceso pluralista a las oportunidades de expresión y austeridad en la administración del gasto y, en su artículo 5º deja en manos de la ley el precio de la publicidad que se regule para cuyo pago deberá certificarse antes la emisión.

A su vez, dice que la publicidad oficial no podrá incluir mensajes discriminatorios ni contrarios a los principios constitucionales y que los contenidos "deberán tener relación directa con el objeto social" de los organismos auspiciantes. Para ello, se creará un Registro Público Provincial de Medios de Difusión de la Publicidad Oficial en cada una de las áreas de prensa de los poderes del Estado, donde deberán inscribirse todos los medios de comunicación que deseen resultar adjudicatarios de publicidad oficial, mientras que el artículo décimo asegura que la publicidad oficial "tenderá a asegurar la distribución equitativa y no discriminatoria de espacios en los medios de comunicación social que se inscriban"

Y, establece tres criterios: "Los años de antigüedad en la actividad; la tirada, las mediciones de audiencias y, en el caso de los portales o diarios digitales, la cantidad de visitas que registren". También se valorará la especialidad en relación a la materia publicada, los programas o medios de exclusiva realización y producción local con programación extensiva como aquellos destinados a difundir principalmente información y noticias locales, entre otros puntos.

Finalmente, propone que la medición del nivel de audiencia y consumo quede en manos de estudios ejecutados por una institución universitaria o una consultora que se adjudique la licitación pública correspondiente. "En caso de igualdad de condiciones se dará prioridad a las universidades nacionales que tengan regionales, seccionales o delegaciones en la Provincia. Los resultados de las mediciones deberán ser publicados en el Boletín Oficial" dice finalmente la propuesta del PJ.

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