El comercio quiere acuerdos por sectores para no poner en riesgo a toda la actividad.

Ante la decisión del Gobierno de avanzar en el proyecto de ley para aumentar impuestos, desde la Cámara de Comercio de Río Grande se reclamó un acuerdo por sectores, para evitar que se ponga en riesgo a toda la actividad. Advierten que en la actualidad «a todos nos va mal y cuando a nosotros nos va mal, quebramos». Piden que se evalúe el impacto que puede causar una nueva tarifaria en los puestos de trabajo.
RIO GRANDE.- «Creemos que es necesario consensuar por actividad qué alícuota pueden pagar para que no tengamos riesgos en la actividad privada, de manera tal de no poner en riesgo puestos de trabajo y toda la actividad económica de la provincia».

Así lo aseguró Diego Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, al plantear la posición del sector sobre el nuevo embate del Gobierno para lograr que la Legislatura apruebe el proyecto de nueva tarifaria, a pesar que en su momento hubo rechazo de todos los sectores de la producción.

El Gobierno ha calificado de «prioritario» contar con una ley que aplique mayores impuestos y alzas en la tasa por servicios, como así también eliminar el beneficio de «Tasa Cero», que para los responsables de la Dirección General de Rentas es considerado un «privilegio» para los sectores alcanzados por esa medida.

Con la sanción de la nueva normativa se busca recuperar el nivel de recaudación al momento de estar vigente la «ley corta» tarifaria y de esa forma mitigar el aumento del déficit público como consecuencia del nivel de gastos que mantiene la actual administración de Fabiana Ríos.

Por un acuerdo político

Hasta el momento la Gobernadora y su actual ministro de Economía, Rubén Bahntje, han considerado clave lograr un acuerdo con el sector político para que los legisladores de la oposición no pongan trabas a la sanción de la nueva tarifaria, evitando -por ahora-, acordar la medida con los que se verán alcanzados con el aumento de impuestos.

Precisamente, Diego Navarro consideró que la nueva tarifaria debe ser el resultado «de un trabajo mancomunado y de consensos», rechazando que la medida se busque imponer tal como ocurrió cuando se generó la prórroga por cuatro meses de la «ley corta» tarifaria que estuvo vigente durante casi todo el año pasado.

El titular de la Cámara de Comercio de Río Grande recordó que el año pasado, a través de la multisectorial, donde se conjugaron los sectores productivos, sindicales y entidades intermedias del ámbito privado de ambas ciudades de la provincia, se planteó la necesidad de «concretar un trabajo mancomunado», para lo cual se esgrimieron algunas propuestas que el Gobierno nunca evaluó.

«Nos va mal y quebramos»

«A todos nos está yendo mal en estos momentos y cuando a nosotros las cosas nos va mal, quebramos», dijo Navarro, al dimensionar la crisis que se ha instalado en la provincia, como consecuencia de la fuerte caída en el consumo y en la demanda de servicios que está en manos privadas.

Navarro comparó la situación del sector privado con el estatal, indicando que «cuando nos va mal no pedimos que nos subsidien, como al parecer sí pretende hacer el Estado, con esta tarifaria, ya que con el producto de nuestra actividad quiere subsidiar su déficit».

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