Un nutrido grupo de comerciantes de barrio Alta Córdoba denunció sufrir graves pérdidas económicas a causa del vallado policial que se mantiene desde la explosión en la planta química el 6 de noviembre.

Daniel Angeletti, en nombre de más de 30 comerciantes de la zona, envió una carta dirigida al gobernador, al intendente de la Ciudad y al jefe de Policía pidiendo que se habilite la circulación por las calles del barrio.

Aseguran que las ventas cayeron entre 30 y 40% y “nadie les comunicó hasta cuándo van a sostener el vallado perimetral”, manifestaron.

Los comercios más afectados se encuentran ubicados sobre calles Góngora, Urquiza, Avellaneda, Rodríguez Peña, Mendoza, Argensola y Anacreonte, colindantes entre 100 y 300 metros del lugar de la explosión.

La carta fue enviada “con el fin de solicitarles que abran las calles aunque sea media calzada, que tengan piedad y compasión”, reza parte de la misiva.

“Después de más de 10 días de la explosión, además de soportar el siniestro, daño moral, lucro cesante, daños materiales y personales en infinidad de formas, ya no aceptamos ni entendemos la necesidad de mantener cerradas las calles 300 metros a la redonda, aduciendo motivos de seguridad por robos, actitud que está perjudicando a cada negocio y que pareciera no lo entienden los funcionarios que viven de un sueldo”, añaden.

Los vecinos se plantean además la estrategia en política de seguridad, “si con más de 100 policías no pueden darnos seguridad deben renunciar y dedicarse a hacer otra cosa, por ejemplo, poner un negocio, así entenderán de qué estamos hablando. De esta forma, nos sentimos rehenes de disputas electorales”, señalaron.

Por otro lado, destacaron el trabajo que los uniformados realizan desde hace más de 10 días en el lugar del siniestro. “ Agradecemos el accionar tanto de mujeres como hombres de la Policía, que se encuentran conviviendo entre nosotros, con buena voluntad y respeto”.

Raponi más complicado

La fiscal Eve Flores, a cargo de la causa, rechazó ayer la excarcelación de Sergio Raponi, dueño de Raponi Industrial Química.

Además, la magistrada agravó la situación del acusado y cambió la imputación de estrago culposo a “estrago doloso calificado por el resultado mortal”. El cambio de la imputación es luego que se diera a conocer que la explosión de la planta se produjo en una parcela que no estaba habilitada por el municipio.

Así lo confirmó la fiscal, quien aseveró que la decisión “se tomó por la presentación de la Municipalidad donde da cuenta que Raponi tenía en funcionamiento la planta en una zona no declarada. Es decir, una parte del predio no estaba declarada de modo que ocultaba la realización de esa actividad”.

Además, otro de los motivos del cambio de imputación es por la muerte de María Angelina Cueto, la mujer que se encontraba internada en grave estado como consecuencia de la explosión en la fábrica de químicos de Alta Córdoba.