Sus amigos le decían Eli, tenía 20 años y hacía unos meses que había llegado a Chajarí. Esa madrugada, después de la explosión, dos mujeres la envolvieron en una sábana, la cargaron en un auto y la llevaron hasta el Hospital Delicia Concepción Masvernat. Prácticamente la dejaron tirada en la guardia y huyeron sin dar casi explicaciones. A las pocas horas, ya de día, aparecieron dos hombres por los pasillos a preguntar por ella. Uno de ellos dio un nombre falso, pero el policía que estaba de guardia lo reconoció y su denuncia fue la punta de un ovillo que hoy tiene a esos dos hombres sentados en el banquillo de los acusados. Mariela Elizabeth Tamay, Eli, agonizó durante tres días con el 85 por ciento de su cuerpo quemado, hasta que finalmente murió.

El Tribunal Oral Federal de Paraná comenzó a juzgar ayer a dos hombres por los delitos de producción y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Se trata de Rafael Salvador Benítez, de 50 años, y Carlos Gabriel Olmos, de 45, quienes podrían ser condenados a penas de entre cuatro y 15 años de prisión.

En el inicio del debate, el abogado Edelmiro Díaz Vélez, defensor de Benítez, planteó la nulidad de toda la causa por considerar que se habían violentado “actos procesales fundamentales”, dado que se habría iniciado la investigación de manera irregular, sin intervención del defensor, y también estaría viciada la forma en que asumió su competencia la Justicia Federal, sin participación del fiscal. El reclamo, sin embargo, fue rechazado por el tribunal; y entonces comenzó el desfile de testigos.

El 27 de marzo de 2011, alrededor de las 3 de madrugada, una estruendosa explosión sorprendió a los vecinos del centro de Concordia. Ocurrió en una antigua casona ubicada en la esquina de Las Heras y Laprida. Allí vivía la joven Tamay.

Los investigadores llegaron varias horas después y el escenario que se encontraron fue asombroso: la explosión había derrumbado una pared de 30 centímetros de espesor, provocando daños en las cañerías; una de las habitaciones estaba cubierta de un polvo blanco, los muebles estaban carbonizados y varias prendas estaban chamuscadas. El estallido fue de tal magnitud que había restos de polvo blanco hasta en la vereda.

Las pericias químicas que se realizaron con posterioridad demostraron que la explosión se produjo porque en el lugar había elementos inflamables que se utilizaban para la producción de drogas. Allí, donde vivía Tamay, Benítez había montado un laboratorio clandestino para la transformación de la pasta base en clorhidrato de cocaína.

Sin embargo, la investigación comenzó a orientarse unas horas después, cuando dos hombres llegaron al hospital preguntando por el estado de salud de la joven. La voz cantante la llevaba uno de ellos, que se identificó como Alejandro Quiroga, pero no pudieron explicar qué había pasado con ella ni cómo se habían enterado de que estaba internada. Entonces, abrumados por las preguntas, se fueron. Así lo contó ayer ante el tribunal el policía que los entrevistó y que luego lo reconoció en sede judicial.

El mismo policía los siguió, alcanzó a ver que se iban en un automóvil Renault Clío gris y tomó nota de la patente; y otro efectivo reconoció a Benítez, ya que estaba siendo investigado por su vinculación con el tráfico de drogas y la trata de personas. Con esa información, los investigadores comenzaron la búsqueda y encontraron a Benítez a bordo del mismo auto frente a la casa de Olmos. Cuando lo detuvieron llevaba dos envoltorios con dinero, en uno había 7.100 dólares y en el otro, 2.472 pesos. Un perro adiestrado detectó lo que se llaman restos muertos de drogas en el vehículo, lo que indicaba que en ese vehículo se había transportado cocaína.

Según se supo, en la casa de Las Heras y Laprida, los peritos lograron recolectar un total de 965,4 gramos de cocaína y algunos gramos de marihuana; además de líquidos similares a los que se utilizan para la producción de estupefacientes, ollas, coladores y el documento de Elizabeth Tamay. En otro procedimiento, en la casa de Olmos, hallaron dos bidones de plástico quemados de los que salía una espuma; y en un allanamiento en donde vivía Benítez encontraron restos de sustancia blanca.

Benítez, que está sindicado como el jefe de la banda, fue detenido inmediatamente. Ante el juez, intentó despegarse de la acusación y dijo que no conocía a la joven Tamay, a pesar de que ella lo presentaba como su pareja y que la había acompañado en los trámites para el alquiler de la casa. Olmos cayó casi un año después.

En el primer día de juicio declararon los padres y la abuela de Elizabeth. Contaron que la chica había llegado a Concordia en agosto de 2010 y que enseguida consiguió trabajo en una casa de familia, cuidando unos chicos, según les dijo.

Horacio Tamay, el padre, contó que conoció a Benítez una semana antes de la explosión de la casa de Las Heras y Laprida, a quien Eli se los presentó como su pareja. “Y lo vuelvo a ver después, el día del accidente, cuando nos pidió que nos encontráramos unas cuadras antes de llegar al hospital”, recordó. Les dijo que Eli se había levantado en medio de la noche, prendió una luz y por un escape de gas se produjo la explosión. Enseguida extrajo de su bolsillo un fajo de dinero y les dio 16.000 pesos; les pidió que sacaran a Eli del hospital y la trasladaran al Instituto del Quemado, en Buenos Aires. Prometió hacerse cargo de los gastos que demandara su recuperación, pero pidió que no lo mencionaran, que se reservaran su nombre.

También declararon policías que realizaron los primeros pasos de la investigación. Uno de ellos reconoció a las dos mujeres que dejaron a Eli en el hospital, envuelta en una sábana: Rosa Luna, la pareja de Olmos, y Yolanda Evangelina Gamarra, regente de prostíbulos en la ciudad y esposa de Carlos Pito Montiel, un proxeneta condenado en 2012 por el delito de trata de personas e imputado por haber amenazado a los integrantes del Tribunal Oral Federal de Paraná antes de que le dictaran sentencia. Esa aseveración abona la hipótesis de que detrás de Benítez y Olmos habría una organización criminal de importante capacidad operativa, no sólo en la comercialización de estupefacientes, sino también en la trata de personas con fines de explotación sexual. Más aún, los investigadores creen que esta banda podría estar relacionada con alguno de los integrantes de la organización que había montado una cocina de cocaína en un campo del acceso norte de Paraná.