El caso traído a juicio devino tras un procedimiento policial, con seguimiento de filmaciones de por medio, que desembocó en un allanamiento domiciliario a mediados de marzo de 2012, en el que se incautó droga y por lo que quedó implicada la ahora sentada en el banquillo de los acusados, Clara Soria.

Pasadas las 9, el juez Gustavo Agustín Echevarría dispuso el inicio de la audiencia con el comparendo de los policías que intervinieron en la pesquisa, citados por el fiscal Marcelo Fernández, quien junto al defensor de la acusada, Carlos Kolbl, buscaron ventilar con los respectivos interrogatorios el entramado de las dirigencias que desembocaron en este desenlace.

El ministerio público hablaría sin preámbulos en sus lineamientos acusatorios precisamente sobre la investigación y las pruebas obrantes en la causa para dar por acreditada la responsabilidad penal de la mujer. La defensa, en tanto, trazaría una hipótesis contraria, adelantando que no fue probada la comercialización de droga, que lo secuestrado en la casa de su pupila era de consumo personal.

Testigos

Desfilaron, entonces, los policías que intervinieron en la pesquisa y posterior allanamiento domiciliario. Como recurrentemente ocurre en este tipo de causas, los efectivos hablaron de un inicio de investigación a partir de un llamado anónimo que denunciaba la situación. Léase, que la mujer ahora imputada, que fuera nombrada como “La Clarita”, vendía droga desde su casa sita en calle Movediza.

Las diligencias así comenzaron a pergeñarse de parte de los uniformados, apostando una presencia policial de incógnito en la cuadra de la finca en pos de registrar, vía filmaciones, el movimiento que se sucedía en dicha propiedad.

Fue así que los videos editados que obran en el expediente hablan de un intenso movimiento de personas acudiendo a la vivienda, donde la mujer los recibía desde la puerta de ingreso o el garaje. Encuentros que, al decir de los policías, duraban apenas unos minutos, dejando entrever alguna transacción comercial.

También los testigos policías declarantes dieron cuenta de posibles intercambios de estupefacientes por dinero en la vía pública, pleno centro (en la esquina de Alem y Sarmiento, alrededor de las 18).

Sobre los encargados de realizar el seguimiento y respectivo registro de imágenes, uno de los funcionarios policiales de narcotráfico, Jorge Paz, no dudó en aseverar frente al magistrado que efectivamente observó lo que se denomina pasamanos, en los que si bien no pudo precisar qué se intercambiaban entre los protagonistas, por la gestualidad y el consiguiente accionar de ambos lo hacían suponer sobre intercambio de droga por dinero.

Ya al turno de los responsables del allanamiento que derivó en el secuestro de droga (27 gramos de cocaína, un par de tizas de la misma sustancia, además de teléfonos celulares y dinero), fue Nicolás Yuvisa el responsable de comandar el procedimiento junto a una comisión policial y dos testigos civiles convocados para la ocasión.

Se detalló sobre la requisa domiciliaria, de la recorrida por las dependencias (todo fue filmado) hasta llegar a uno de los dormitorios, donde se halló una riñonera con la cocaína. También se levantaron envoltorios de nylon recortados, con lo que sumado a los otros elementos ya citados se conformó la prueba que pesa contra la mujer.

Reparos

El aporte de los testigos del nombrado procedimiento no dejó lugar a fisuras que podrían hacer sospechar sobre alguna irregularidad en la diligencia que permita a la defensa pretender nulidades (por caso sospechar que la droga haya sido plantada por los propios policías) por lo que sus reparos se volcaron hacia otros menesteres.

Kolbl, mediante su interrogatorio, dejaría sentadas las bases de lo que será su alegato futuro, respecto a que no se acreditó la comercialización de droga, apenas una tenencia. Los estupefacientes secuestrados eran para consumo personal de la mujer y los suyos (su madre daría cuenta luego con su testimonio que su hija como su nieto tomaban cocaína juntos).

Acerca del gran movimiento en la casa allanada, el defensor a través de lo aportado también por la madre de la acusada, dejaría abierta la puerta que se trataba de “clientes” siendo que la mujer se dedicaba a la prostitución, y por eso las entradas y salidas de personas.

Sobre los presuntos pasamanos emulados por el policía, el defensor dejaría constancia que había pocas certezas sobre qué entendía por pasamanos.

Como también se repite en este tipo de investigaciones, la defensa preguntó porqué no se utilizó la figura del comprador previo. Esto es, aguardar por un presunto intercambio de droga por dinero, interceptar al comprador a un par de cuadras con la droga obtenida y luego ir por el resto de la prueba a la casa sospechada.

Empero, ningún policía supo -o no quiso- responder con exactitud el porqué. Ya sea por una cuestión de diligencia, celeridad o comodidad, los investigadores dijeron que no recibieron directivas de fiscalía para proceder de esa manera.

Sin mucho más por ventilar en la sala de audiencias, el juez dio por finalizado el primer capítulo y se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, tiempo en que se escuchará a los peritos que atendieron sobre el análisis de la droga secuestrada, con quienes seguramente habrá debate en torno al umbral de tolerancia de una persona consumidora y, a partir de allí, acreditar o descartar si se trata de tenencia o comercialización.