Comenzaron los alegatos en el juicio por Cromañón

Los abogados de las víctimas de la tragedia en el boliche de Once solicitarán que el ex gerenciador de la disco y el grupo de rock sean condenados a 26 años de prisión por estrago doloso y pago de coimas
Las solicitudes se realizan desde las 9:30. Las principales acusaciones recaen sobre Chabán y Callejeros, que la noche del 30 de diciembre de 2004 ofreció un show en el que el público arrojó pirotecnia, lo que inició el incendio que emanó gases mortales.

Para la fiscalía, ambos fueron co-organizadores del recital y permitieron que ingresaran al predio alrededor de 3.000 personas cuando estaba habilitado para 1.031.

También se les endilga no haber realizado un cacheo minucioso para evitar el ingreso de bengalas y hacer el show a sabiendas de que la única salida de emergencia tenía candado y alambre.

En el caso de Chabán, también se le imputa haber tenido vencido el certificado contra incendios; y a los músicos, incentivar el uso de pirotecnia por parte del público.

Todos los abogados y la fiscalía intentarán demostrar que Chabán actuó con dolo, es decir, que se tuvo que representar que en el local se podía producir un incendio y morir personas, ya que en 2004 había habido allí dos siniestros por uso de bengalas.

La primera querella en alegar es la encabezada por el abogado José Iglesias, cuyo hijo Pedro murió en el incendio, y Beatriz Campos, quienes representan a cerca de 800 familiares de víctimas y sobrevivientes.

Consultado por Télam, Iglesias adelantó que en el caso de Chabán y su ex mano derecha, Raúl Villareal, pedirá las "penas máximas" previstas para el estrago doloso y el cohecho activo (pagar coimas).

El Código Penal establece de 8 a 20 años para el primer delito y de 1 a 6 para el segundo. Respecto de la banda Callejeros, el letrado dijo que hará algunas distinciones entre los integrantes, pero la pena a pedir será similar a la que reclamará para Chabán y Villareal.

Lo mismo ocurrirá cuando acuse al ex subcomisario de la seccional 7ma., Carlos Díaz, mientras que para el ex titular de esa comisaría Miguel Ángel Belay, reclamará una condena sólo por cohecho pasivo (recibir coimas).

Iglesias también reclamará se condene por estrago doloso a los ex funcionarios porteños Fabiana Fiszbin, Ana María Fernández y Gustavo Torres.

En tanto, para mañana está previsto que aleguen las querellas encabezadas por los abogados Mauricio Castro y Patricia Nuñez Morano, en nombre de unas 400 víctimas, y Marcelo Parrilli y María del Carmen Verdú, en representación de unos 40.

Lo que diferencia a estos abogados del resto es que no formularon ninguna acusación contra Callejeros cuando el expediente se elevó a juicio y por lo tanto, ahora no pedirán ninguna condena para la banda.

Castro explicó que pedirá para Chabán una condena por estrago doloso y cohecho, aunque por la falta de antecedentes del ex gerenciador de Cromañón solicitará una condena de 25 años.

Sobre Villareal, el letrado dijo que le endilgará los mismos delitos, pero en calidad de partícipe secundario, lo que significa una reducción de entre un tercio y la mitad de la pena máxima.

Respecto de los ex funcionarios, el letrado entiende que incurrieron en "estrago culposo" (sin intención), al igual que el ex subcomisario Díaz, y en el caso de Belay sólo le imputará incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La dupla Verdú-Parrilli insistirá en que los imputados cometieron "homicidio simple" y no acusará a los policías, porque cree que no tiene legitimación activa para hacerlo y que es función de la fiscalía.

Por último, el miércoles alegarán los abogados Patricio Poplavsky y Susana Rico, en representación de 222 víctimas, quienes pedirán penas para Chabán, Villarreal, Callejeros y Díaz por estrago doloso.

Sin embargo, considerarán autor al ex gerenciador de Cromañón y al resto les adjudicarán una participación secundaria. Ese mismo día pero por la tarde será el alegato del fiscal Jorge López Lecube, quien se excusó de adelantar detalles, pero fuentes judiciales señalaron que analiza solicitar la detención inmediata de algunos imputados y la absolución de otros.

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