Columna: Alejandro Cacace | UCR.

El Gobernador de la Provincia critica constantemente al Gobierno Nacional, pero él tiene las mismas prácticas. Mientras se discute en la Nación la limitación de las facultades de reasignación de partidas de la Presidente al 5% del presupuesto o menos, aquí el Gobernador tiene facultades ilimitadas para reasignar los recursos que la Legislatura ha atribuido a cada programa. Puede reescribir el presupuesto en un 100% y disponer el destino de cualquier ingreso no previsto.
La Ley de Presupuesto es la "ley de leyes", ya que establece los recursos a ser utilizados para satisfacer cada necesidad pública. En una democracia con división de poderes, el Poder Legislativo dispone los gastos del gobierno. En San Luis, por el contrario, la mayoría oficialista delega su responsabilidad en el Gobernador y le da un cheque en blanco para que modifique todo a su antojo en el curso del año. Y es así que, las prioridades de política pública (educación, salud, seguridad) quedan siempre postergadas frente a los placeres culturales del Gobernador.

Lejos de corregir la discrecionalidad, el gobierno encubre la realidad con la iniciativa del presupuesto participativo, que atenderá sólo a pedidos muy puntuales surgidos de distintas localidades, y no a los reclamos de mayor envergadura. Ya tenemos experiencia en las convocatorias del gobierno a presentar ideas que luego no son realizadas. Si no, ¿dónde está el 23% del presupuesto que la Constitución asigna a educación[2] y que año a año el Gobierno desvía a sus programas de "cultura, ciencia y técnica", con los cuales financia festivales, promoción del cine y de la música, espectáculos deportivos, y actividades varias de la Universidad de la Punta? ¿Dónde están los fondos que los municipios necesitan para implementar sus políticas de desarrollo local, cuando la coparticipación media en el país es el doble de lo que el gobierno de la provincia transfiere a los municipios de San Luis? ¿Dónde están los recursos para garantizar la independencia y efectividad de la justicia, cuyo presupuesto está muy por debajo de las recomendaciones internacionales?

Días atrás, los legisladores oficialistas aprobaron la Cuenta de Inversión 2008, que contenía masivas diferencias entre los gastos presupuestados y los ejecutados. De 55 obras para construir y reparar hospitales, se hicieron 7. De lo presupuestado para obras en educación, se ejecutó sólo un 30%[3]. Lo grave, además, es que como ciudadano uno no puede acceder a la información y controlar el destino de los fondos públicos, ya que las rendiciones de cuentas con las ejecuciones de gastos no están publicadas en Internet. No es extraño, por tanto, que San Luis está ubicado en el antepenúltimo lugar entre las provincias argentinas en materia de transparencia pública presupuestaria[4].

Este mes el Gobernador deberá enviar un nuevo proyecto de presupuesto a la Legislatura, que deberá ser debatido en los próximos meses. Nuestra Constitución no permite que un poder delegue en otro sus facultades constitucionales[5]. Le hacemos a los legisladores dos pedidos concretos: retomen el control del gasto público que la Constitución les encomienda (derogando los superpoderes presupuestarios del Gobernador[6]) y asignen los recursos a las necesidades reales y prioritarias del pueblo, no a lo suntuoso.

Comentá la nota