Colisión con derechos y garantías constitucionales

La instalación de cámaras de videovigilancia es un tema de alta sensibilidad, porque pone en riesgo derechos constitucionales. Eso aun dentro de la ley, con reglamentación oficial, licitaciones y trámites formales.
En el caso de Macachín, ni siquiera existieron esos pasos regulatorios, por lo que la situación se torna más anómala aún. Hasta podría concluirse que se trata poco menos que de "cámaras ocultas".

El abogado Eduardo Aguirre, que fue subsecretario de Justicia y Protección a la Comunidad, opinó en contrario de las cámaras de videovigilancia aun dentro de la ley: "La instrumentación de prácticas de control en los espacios públicos impacta directamente sobre la consistencia de los discursos correccionales del welfare (el Estado de Bienestar), hasta desnaturalizarlos, colisionando fuertemente con garantías y derechos de raigambre constitucional".

Consideró que el sistema "potencia la disolución de los lazos de solidaridad en sociedades cada vez más fragmentarias y afiliadas a una lógica de enemistad, donde la otredad es percibida como una amenaza en cuyo nombre se instrumentan todo tipo de ’estrategias’ de ’prevención’ de riesgos desde las agencias oficiales".

"Esas decisiones (la instalación de las videocámaras en este caso), casi nunca verificadas empíricamente en lo que hace al alcance de su eficiencia político criminal, deben acotarse al máximo, en tanto constituyen una expresión del poder punitivo del Estado", completó.

La situación es tan polémica que el Gobierno Provincial todavía no ha podido instalar la videovigilancia legal en Santa Rosa, pese a que el servicio fue adjudicado en conjunto con General Pico (y por una cifra cercana al medio millón de dólares).

Hay concejales que resisten la idea, basados justamente en un informe que Aguirre firmó en mayo del año 2007, cuando era asesor del área en la gestión de Néstor Alcala. El intendente Francisco Torroba no se opuso, pero sí su vice Guillermo Di Liscia.

El proyecto original surgió cuando Juan Carlos Tierno era ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad. Se retardó por diversos motivos y se le complicó la posibilidad de ponerlo en marcha, pero sus sucesores (Rodolfo Gazia y César Rodríguez) lo sostuvieron.

La concejala Alicia Iribarren fijó posición: "No hay autorización del Concejo. El bloque del FrePam va a resistir; incluso sobre lo que es tecnología, todo es analizable, pero algunos hacemos prevalecer miradas doctrinarias, otros más de tipo tecnológico, pero sumados a una visión integral. No hay ningún concejal del FrePam que piense que las videocámaras van a bajar el nivel de delitos ni solucionar el problema de seguridad. Cuando hablamos con el ministro y quisimos saber de esta inminente colocación de las cámaras, pedimos sí o sí los estudios, mapas del delito, si habían estudiado o analizado las conductas delictivas y las causas del problema de la seguridad, conductas antisociales, y no tenían absolutamente nada. No hay estudio que justifique esto".

El ministro Rodríguez dijo que el objetivo no era "el control social", sino "cuidar los bancos".

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