Según el artículo 15 de la Ley Provincial 10.751 “los profesionales colegiados conforme a esta ley quedan sujetos a la potestad disciplinaria del colegio por las siguientes causas”, y en primer lugar se cita la “condena criminal por comisión de delitos y/o imposición de las accesorias de inhabilitación profesional, siempre que los hechos tuvieren relación directa e inmediata con la profesión”. El secretario del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, el tandilense Manuel Mallardi, precisó que “según la ley profesional y el procedimiento disciplinario del colegio profesional, se plantea que cualquier trabajador social que es declarado culpable en un delito, de oficio o por medio de una denuncia de cualquier matriculado, tiene que evaluar las distintas instancias, si ese delito está vinculado al ejercicio profesional”. El profesional explicó que “en este caso, como para cualquier matriculado, la institución prevé un procedimiento de evaluación donde el Tribunal de Disciplina evalúa todas las causas, se lo convoca, se le plantean las acusaciones, se le plantea la posibilidad de que pueda defenderse solo o con un asesoramiento letrado y si el tribunal de disciplina considera que incumplió con sus deberes éticos, puede tener una sanción”. De acuerdo a cada caso, las sanciones van desde apercibimientos, multas, suspensiones hasta la cancelación de la matrícula, pero siempre que haya una causa penal el colegio sólo podrá actuar cuando se cierre el trámite judicial.  

Cuatro consultas  

En cuanto a la labor profesional en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, la presidenta del distrito de Azul Julia Méndez confirmó que “sólo habíamos tenido el pedido de asesoramiento con respecto al instrumento de los informes sociales”. 

Y agregó que “actualmente nos han pedido asesoramiento dentro de la Secretaría de Desarrollo Social por administrativos de carrera que estarían realizando funciones de la incumbencia del trabajador social. Hemos recibido cuatro pedidos de asesoramiento”. 

Las inquietudes giran en torno a personal de carrera que realizaría informes o pediría datos personales en situación de entrevistas, pero “formalmente no hemos tenido ninguna presentación en Tandil”, afirmó la representante del distrito de Azul que incluye a Tandil. Por este motivo resaltó la importancia de que organismos estatales e instituciones recurran a profesionales matriculados y alertó a la población, ya que el trabajador social es el único que se compromete a resguardar la información personal gracias al secreto profesional.   

El antecedente  

En relación a la causa en la que fue condenado Claudio Mastino, desde el colegio destacaron que el Municipio estaba incumpliendo en exigir la matrícula profesional. Es decir, el trabajador social no estaba habilitado por el colegio para ejercer la profesión porque nunca había hecho el trámite de la matrícula, con lo cual estaba haciendo un ejercicio ilegal de la profesión. “Por eso insistimos a las instituciones, ya sean del Estado o de la sociedad civil, que exijan la matrícula profesional porque se garantiza que no hay ninguna sanción disciplinaria, ninguna causa ética. No es solamente que la persona paga la matrícula sino que el colegio es responsable como espacio delegado del Estado en supervisar el ejercicio profesional de esa persona”, destacó Mallardi. Detalló que en el antecedente de Fabián Mastino “la Municipalidad estaba contratando a alguien que no estaba habilitado para firmar informes sociales y para ejercer las incumbencias propias de la profesión”.  En cuanto al funcionamiento actual del área municipal, analizó que “la particularidad en el caso de Rubén Diéguez es que es trabajador social porque históricamente en esa secretaría ningún funcionario político era colega o sólo en algún caso, como el de Graciela Ubach. Puede darse, como en este caso, que tiene su función política pero también el ejercicio de la profesión al firmar estos informes sociales o gestión de subsidios”.u     ---------     “La urgencia no debe ir en contra de la rigurosidad profesional”   Uno de los argumentos principales del oficialismo a la hora de explicar las presuntas “desprolijidades” en la administración de la Secretaría de Desarrollo Social es que se trabaja en situaciones de emergencia. En este aspecto, Manuel Mallardi manifestó que “está instalado que el profesional del trabajo social tiene que comprobar la pobreza del destinatario de esa asistencia mediante una visita domiciliaria. Esa es una posibilidad”. Y explicó que si bien “siempre llegan situaciones nuevas, generalmente son familias con las que ya hay una trayectoria de trabajo, con lo cual se conocen esas situaciones problemáticas que afectan a esas personas y no es que para cada intervención o subsidio haya que volver a hacer una visita para comprobar el estado de pobreza”. Aclaró que en la mayoría de los casos con los que vienen trabajando se hace una entrevista, donde “uno considera prioritario y urgente tener que responder con la asignación de determinado recurso. Esto va más allá de Desarrollo Social, generalmente en todas las áreas donde se asignan recursos la urgencia es un elemento fundamental”. 

Ante este panorama advirtió que “la urgencia no debe llevar a una intervención inmediata y superficial que vaya en contra de la rigurosidad profesional. Más allá de la urgencia, tiene que haber una evaluación profesional que fundamente porqué se asigna determinado recurso”. De todos modos, indicó que ante situaciones como un desalojo o alguien que está en la calle, el profesional no puede esperar y debe responder “en el aquí y ahora”, aunque luego iniciará el proceso de evaluación para determinar cómo seguir.   

Guardias y  planillas  

En cuanto a los imprevistos en Tandil, Julia Méndez agregó que “pasado el horario laboral, quienes realizan esa atención son las autoridades de Desarrollo Social. No está previsto que haya un equipo para las urgencias, porque esta gestión no lo ha contemplado. Con lo cual, cuando se nos ha planteado a los trabajadores sociales, como no hay una remuneración económica acorde al estar a disponibilidad, no se ha aceptado”. Por otro lado, explicó que en las planillas de ayuda social directa hay una carátula donde puede figurar la identidad de quien percibe el dinero, pero está especificado el nombre del beneficiario. Por ejemplo, se consigna al dueño de una pensión si se lo asiste con alojamiento, pero se debe poder mostrar quién fue la persona asistida. 

Además, el secretario del colegio provincial remarcó que el Tribunal de Cuentas de la Provincia controla que la ayuda social directa esté validada por un profesional, no tiene acceso a los legajos que lleva el trabajador social en donde registra datos de la intimidad de las personas asistidas, que están protegidos por el secreto profesional. 

La estructura institucional  

En el distrito de Azul del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, que comprende once localidades y una de ellas es Tandil, hay unos 700 matriculados de los cuales cerca de 160 trabajan en esta ciudad. La ley de colegiación es la 10.751 y cumple 25 años de vigencia, dando un marco legal y ético que regula la profesión. “El graduado tiene, para hacer ejercicio de su profesión, que previamente matricularse. Eso lo hace en cada distrito, la provincia está dividida en 19. En el momento de contratación, en cualquier ámbito laboral, deben exigir la matriculación previa al contrato laboral. Esa es la condición que está estipulada en la ley de colegiación”, explicó Julia Méndez, presidenta del distrito de Azul. A nivel provincial, en La Plata funciona un consejo superior integrado por un representante de cada uno de los distritos, que está coordinado por la mesa ejecutiva compuesta por presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. 

Por otro lado, también está el tribunal de disciplina, con ocho integrantes que trabajan de manera independiente del consejo y del resto de las autoridades de los distritos. “El trabajo social como profesión tiene reguladas sus incumbencias por el Ministerio de Educación de la Nación. Además, la ley profesional establece cuáles son las tareas del trabajador social y las que son privativas, aquellas que puede hacer solamente un trabajador social”, indicó Manuel Mallardi. El secretario recalcó que existe “el ejercicio ilegal” de la profesión y catalogó como una de las tareas exclusivas más conocidas la realización de informes sociales para hacer un diagnóstico de la situación de un ciudadano, grupo familiar o institución. Es decir que si alguien con otro título o trayectoria en el área social hiciera estos informes estaría cometiendo un delito.