El Colegio Médico y funcionarios de la gestión anterior, investigados por irregularidades

Se habrían materializado cuando la Obra Social Provincia firmó convenio con PAMI para que cubra el segundo y tercer nivel prestacional. Las auditorías indican que hay prestaciones que fueron facturadas pero nunca se realizaron.
Desde hace meses en el PAMI San Juan se vienen realizando investigaciones en torno a una situación ocurrida entre los años 2006 y 2008. Lo que se investiga en el área letrada del PAMI y en el ámbito de la Unidad Fiscal de Investigaciones, creada específicamente dentro del organismo nacional para descubrir acciones ilícitas, es el intento de cobro por prestaciones que nunca fueron realizadas ni existieron.

Concretamente las situaciones se habrían materializado entre los años 2006 y 2008, periodo en el que ADOS enfrentó su proceso de quiebra y los afiliados de la obra social nacional quedaron sin atención médica. Como resultado de varias gestiones, se terminó firmando un convenio entre PAMI, el gobierno provincial y la Obra Social Provincia con la finalidad de garantizar la cobertura del segundo y tercer nivel prestacional que otorga PAMI.

El convenio original establecía que PAMI debía pagar una suma fija por mes en concepto de cápita. Esa suma en teoría cubría el total de las prestaciones que los afiliados requerían mensualmente a los prestadores de la OSP. Pero a finales de 2006, en el mes de noviembre, por pedido de la Obra Social Provincia se modifica el convenio y se pasa del sistema de pago por cápita al sistema de pago por prestaciones. Esto implicaba que PAMI dejaba de pagar una suma fija y pasaba a cubrir el total de la demanda que existió en ese periodo, sin que esto implicara un monto específico, sino todo lo contrario, era una cifra fluctuante. Este cambio fue el detonante para que comenzaran los problemas.

Según explicaron fuentes del PAMI, en el primer mes luego de que entrara en vigencia el sistema de pago por prestaciones, estas últimas se incrementaron sustancialmente respecto al promedio que venía registrándose en los meses anteriores, lo que llamó poderosamente la atención. Pero como en el convenio se había establecido un sistema de auditoría compartida donde había profesionales del Sanatorio Almirante Brown, los síndicos, Colegio Médico, PAMI y Obra Social Provincia.

"Como resultado de estas auditoría compartidas y aleatorias que se realizaron, se comprobó que se habían facturado prácticas que nunca fueron realizadas", aclaró Jorge Clavel, responsable de la UGL 21 del PAMI local. Como ejemplo de estos casos (ver facsímil) se pudo constatar que el Colegio Médico facturó prestaciones que no han podido comprobarse que hayan sido realizadas o porque no existe historial clínico de la persona o porque directamente no hay documentación respaldatoria alguna que acredite que ese afiliado recibió tal o cual prestación. Hay casos, también, donde se habrían facturado internaciones a personas que nunca estuvieron en algún sanatorio en ese periodo. También se detectó que las supuestas prestaciones que se habrían realizado no coincidían con la factura presentada, es decir que las fechas eran distintas. En definitiva, se informó desde PAMI que las irregularidades son de variada naturaleza y estarían involucrados varios prestadores de la Obra Social Provincia.

Cabe recordar que en ese periodo estaba a cargo de la OSP el polémico Dr. Arturo Zorrilla, actualmente administrador de la Clínica El Castaño, y el ministro de Salud era Roberto Correa, actual jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rivadavia. Estos dos funcionarios fueron intervinientes del proceso y deberían haber estado al tanto de la situación que se generó en ese entonces, ya que tenían auditores que controlaban las prestaciones.

Como consecuencia de esta situación es que hay un monto de $2.500.000 inmovilizados y que no son girados a los prestadores que brindaron sus servicios en ese entonces, hasta tanto se resuelva esta situación.

Según adelantó Clavel, esta situación está siendo investigada por la Unidad Fiscal de Investigaciones de PAMI y entiende que se habría realizado la denuncia correspondiente en la Justicia Federal para que se investiguen los casos.

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