Colapso del Tribunal de Cuentas para el control del gasto estatal

Tiene bajo su órbita la fiscalización de más de 2000 cuentas del Estado provincial. Hay problemas para el control de la inversión de regalías.
El Tribunal de Cuentas está excedido en su capacidad para ejercer el control de todas las cuentas del Estado Provincial que representan un poco más de 2000 por año. Tiene una prolongada demora para investigar y resolver las auditorias que se inician por supuestos casos de daños a la hacienda estatal. Pero además encuentra obstáculos varios para fiscalizar áreas como la inversión de las regalías mineras cuando existen algunos vacíos en la ley 5.128 que el organismo debió suplir mediante acordadas. A esto se suma las estrategias que implementaron los intendentes para escapar del control de los auditores.

Según la Constitución de la Provincia, el Tribunal de Cuentas tiene la obligación de "fiscalizar la percepción e inversión de los caudales públicos hechos por todos los funcionarios y administradores de la Provincia". En este marco una gran cantidad de cuentas de ejecución y programas provinciales y nacionales que llegan a la Provincia quedaron bajo la órbita del organismo a punto tal que debe fiscalizar a 545 cuentas de haberes de la administración central; 532 Fondos permanentes de la Administración Central, 600 cuentas especiales, 193 fondos de organismos descentralizados, 63 informes de recaudación, entre otros.

En el 2004 se sumó el control sobre el manejo de los recursos provenientes de la distribución secundaria de regalías mineras por parte de los municipios bajo una doble modalidad: por un lado el análisis de la legalidad de los distintos proyectos de inversión, por otro lado, a través de la ejecución de auditorias in situ tendientes a evaluar el cumplimiento de los proyectos.

Según consta en la memoria correspondiente al año 2008 - y para tomar real dimensión de la labor que cumple el organismo - en ese período ingresaron 2045 rendiciones de cuentas de la administración pública y 127 proyectos de regalías mineras.

En el ejercicio de sus funciones, el Tribunal emitió fallo en 258 juicios de cuentas y en 34 juicios de responsabilidad. Este último tiene por objeto determinar la culpa y en su caso, el daño causado por el funcionario en su gestión, respecto de los bienes del Estado, tras haberse confeccionado el sumario correspondiente que determinó que existió alguna irresponsabilidad. También en el 2008, unas 20 causas prescribieron porque venció los plazos que el organismo tenía para emitir dictamen.

Los juicios de cuentas prescriben a los cinco años y - por la aplicación del Código Civil- y el juicio de responsabilidad que inició con un sumario debería resolverse antes de los diez años. Diversas fuentes confirmaron a este diario que los sumarios que deberían labrarse en 90 días exceden en ese plazo legal y luego se registran una nueva demora por el incumplimiento de los plazos procesales . Así cuando las causas llegan para que los integrantes del Tribunal emitan dictamen ya pasaron los 10 años y por lo tanto la causa prescribe.

Una muestra de la lentitud del organismo es la causa Brandán, cuya investigación inició en el 2004. Existe un dictamen que ordenó el inicio del juicio por responsabilidad pero todavía el proceso no fue concluido para que el Tribunal dictamine.

En la actualidad el TC enfrenta algunos desafíos tales como contar con un edificio propio ya que se distribuye en cuatro casas que alquila en la capital y por otro lado requiere cubrir los vacíos legales que existen para controlar la racionalidad del gasto puesto que en la práctica gran cantidad de trampas fueron ideadas por los funcionarios para justificar gastos.

$ 83 mil Es lo que ingresó al Tribunal de Cuentas por la aplicación de multas y por reintegros. La multa por transgresiones corresponde a tres meses de sueldos del funcionario sancionado.

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