Colapsó la playa de vehículos secuestrados de Valle de Uco

Están allí por su participación en accidentes viales, por infracciones a la ley y falta de documentación o bien por orden judicial. En un año y medio se ha subastado más del doble de vehículos secuestrados.
TUNUYÁN– Los vehículos secuestrados por la Policía debido a su participación en accidentes viales, por infracciones a la ley y falta de documentación o bien por orden judicial han hecho colapsar la playa de secuestros ubicada en Zapata. Igual situación soportan algunas comisarías del valle. En un año y medio se ha subastado más del doble de vehículos secuestrados, tomando como parámetro los últimos cinco años.

Echar una simple mirada desde el acceso a la playa ubicada en el destacamento policial de Zapata, situado a la vera de la Ruta Nacional Nº40 en Tupungato, basta para apreciar la magnitud de un problema que no encuentra una solución.

El espacio ha colapsado ante el flujo de vehículos que son allí colocados por las más diversas causas. Esta realidad afecta además a las distintas localidades valletanas, debido a que al no haber lugar para depositarlos, los rodados secuestrados quedan estacionados frente a las dependencias policiales. Su presencia no sólo afea el paisaje sino que además genera un problema para el normal tránsito vehicular.

Tal es el caso de la Comisaría 41 de La Consulta, quizá el más referencial de esta situación. Meses atrás un camión secuestrado, que obstruía la visión, provocó un choque, que involucró a una camioneta de la policía y a un vehículo particular, en las puertas de esa dependencia.

Remates

Al momento de hablar de las posibles soluciones, Diario UNO dialogó con la abogada Judith Peñafiel, quien está a cargo de los remates en las playas de secuestros de la provincia, dependientes del Ministerio de Seguridad.

Según la Ley 8018 –modificatoria de la 7202– el ministerio intima al titular registral del rodado secuestrado a presentar la documentación pertinente –tarjeta verde, título de propiedad, seguro, libre deuda de multas y patentes– para poder retirarlo.

En caso de no hacerlo, a través de un juicio ejecutivo, el rodado es subastado públicamente. Se trata de un trámite judicial no administrativo, dado que "el Estado no puede apropiarse de bienes de los particulares, ni confiscarlos", explicó Peñafiel.

Al momento de subastar debe hacerse una verificación técnica del vehículo para corroborar número de chasis y motor.

Adulterados

En Zapata se da una particularidad: entre el 35% y el 40% de los rodados allí secuestrados tienen los números de motor y chasis adulterados, situación que constituye un delito penal. Además impide que se llegue a la subasta, por lo que el vehículo continúa depositado en la playa.

A esta situación se suma un importante número de secuestros por hurto y robo, que tampoco pueden ser subastados por estar bajo la órbita de juzgados penales, lo que hace que la capacidad de la playa de secuestros se vea ampliamente superada.

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