"Acá se ha demostrado que el delito no existió", dijo el defensor oficial Santiago Marino Aguirre en la primera de las tres jornadas de su alegato, el último en este juicio en el que también se juzga al exjefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, por el presunto pago de 5 millones de pesos/dólares para votar la ley de flexibilización laboral, en el año 2000.

En la primera jornada, el defensor se refirió a temas procesales pero cargó contra la versión del arrepentido Mario Pontaquarto, el exsecretario administrativo del Senado designado por el radicalismo y que dijo haber retirado el dinero de la SIDE y entregado al entonces senador justicialista Emilio Cantarero, imputado pero fuera del juicio por una grave enfermedad.

Otros imputados eran el senador radical José Genoud, quien se suicidó antes de llegar a la instancia oral, y el exministro de trabajo, Alberto Flamarique, además del exsenador peronista Ricardo Branda, para quienes la fiscalía ya declinó la acusación.

La querella y la fiscalía pidieron 6 años de prisión para los imputados a excepción de Pontaquarto, para quien la fiscal Sabrina Namer pidió 3 años de prisión en suspenso.