En debate, con opiniones fuertemente divididas pero muy enriquecedor, se produjo en la antevíspera en la sede del Colegio de Abogados de Corrientes en torno al proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Provincia. Una de las voces consultadas por EL LIBERTADOR fue la del propio titular de la entidad convocante, Ricardo Villar, quien expresó su convicción de que "es necesaria la reforma, que implica cambiar el sistema inquisitorio atenuado que rige actualmente por el sistema acusatorio, que es el que más se adapta a nuestro régimen constitucional".

Puso de relieve que "incluso el Senado de la Nación está tratando un proyecto orientado en el mismo sentido de reforma del Código Procesal Penal de la jurisdicción nacional". Dijo que el encuentro de anteanoche apuntaba precisamente a "tratar de destrabar la situación" legislativa donde el proyecto se encuentra retenido.

"El panorama que trazó, por ejemplo, el doctor Juan Ramón Alegre sobre la Justicia en Corrientes es caótico; por lo que urge una reforma de este tipo", remarcó Villar.

"Creemos -dijo finalmente- que entre las opiniones favorables y las opiniones críticas, se puede compatibilizar un proyecto que posibilite que surja la mejor Ley posible. Creo que algunas de las dificultades observadas pueden ser sorteadas".

Una opinión muy diferente fue la que EL LIBERTADOR escuchó del ex presidente del Colegio de Abogados, Yamandú Barrios: "Quedó en claro -señaló- que no está agotada la discusión. Me da la impresión que el proyecto así, como está, prácticamente le otorga la suma del poder público a la Fiscalía".

"Me parece -agregó- que se está generando un sistema muy desequilibrado.

En mi opinión personal, me inclino por un sistema como el del actual Código Procesal Penal de la Nación, con algunas mejoras".

En el debate disertaron los especialistas que participaron en la redacción del proyecto, como Gabriela Aromí, Juan Ramón Alegre, Jorge Buompadre.

También se oyeron voces críticas, como la de los penalistas Nelson Pessoa y Ramón Leguizamón.

Hablaron también Guillermo Rojas Busellato y el ex juez Roberto Mendíaz, entre otros. La última exposición fue la del ex convencional nacional constituyente y ex presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia Rodolfo Martínez Llano, quien lo hizo desde el campo del derecho y de la política poniendo de relieve que la demora que se advierte en el tratamiento se debe precisamente a la falta de consenso en torno a la redacción de la reforma. Abonó con críticas al proyecto en análisis, poniendo de manifiesto la necesidad de lograr un equilibrio que no está dado por el proyecto en tanto se le otorgan demasiados poderes a los fiscales respecto a cuyas decisiones y recusaciones no hay controles de los órganos jurisdiccionales. "Así como está es difícil que prospere, aunque seguramente habrá posibilidad de efectuar correcciones", remarcó luego de señalar otras seis o siete observaciones.

Al final del interesante intercambio de ideas quedó la sensación de que el tema no se había agotado, por ello es que el Colegio de Abogados está preparando una segunda jornada.

Resulta ya evidente que en este el año con el proyecto volverá a ocurrir lo de años anteriores. Las sesiones ordinarias concluyeron sin que las comisiones hayan emitido dictamen, fundamentalmente porque las posiciones contrapuestas en el campo del Derecho no se zanjan, lo que torna difícil al legislador avanzar.

TRABAS

"No quisiéramos que las trabas sean de índole política o personal, sino genuinamente de orden técnico", discrepó el doctor Villar ante este diario.

El debate fue organizado por el Colegio de Abogados conjuntamente con el Círculo de Legisladores de la Provincia. Es por ello que actuaron como moderadores el vicepresidente de la primera entidad, Julio Ramón Fernández y el ex legislador Lucio Portel.

La voz crítica de Yamandú Barrios fue bastante contundente: "Yo creo que más que pasar a un sistema acusatorio puro, se está pasando a un 'sistema fiscal' puro.

Al menos hoy hay un fiscal y una contraparte que es la defensa, y el juez de instrucción que mediaba. Pero ahora ¡todo el poder pasa al fiscal! ¿Y las garantías para el imputado? Dicen que para eso está, precisamente, el juez de garantía. Pero en este proyecto el juez está pintado".

Acotó que "en la práctica, al imputado lo condena la prensa, lo condena el fiscal que tiene todo el poder de la investigación, un juez "pintado"… No hay muchas esperanzas para el defendido".