Una comisión de juristas, encabezada por Ricardo Lorenzetti y Aída Kemelmajer, trabajó durante más de dos años, a propuesta del Poder Ejecutivo, en el proyecto de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial de la Nación. Cristina de Kirchner modificó este texto por el camino. La Conferencia Episcopal Argentina lo terminó de pulir, definiendo minucias como el principio de la existencia humana para el Derecho argentino. Y Javier Mac Allister, Martín Insaurralde -de viaje en Miami con Jesica Cirio-, Sergio Massa -recién recibido de abogado- junto a otros 127 diputados como el exárbitro Horacio Baldassi o Miguel del Sel, que nunca participaron de las audiencias, de los debates que comenzaron hace dos años, ni aportaron a la firma del dictamen, lo convertirán en ley a partir de marzo de 2014.

La Corte Suprema de Justicia había solicitado que el proyecto se apruebe este año, no sólo para respetar el mandato de los diputados nacionales que trabajan en el principal plexo normativo en materia civil y comercial, sino evitar nuevas deformaciones al texto en el que trabajaron los más prestigiosos juristas de la Argentina. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció que la reforma será convertida en ley recién en 2014 por media Cámara de Diputados nueva, es decir, por 127 diputados que jurarán sus bancas el próximo miércoles con el dictamen ya cerrado. Los magistrados supremos habían rechazado asistir la semana pasada al Congreso para exponer sobre un dictamen que fue modificado en reiteradas oportunidades por el camino. Ahora la obra de la comisión de especialistas sufrirá otra desprolijidad. Será votado por un 50% de la Cámara de Diputados que nada tuvo que ver con el proceso de debate.

El ascenso político de Capitanich no sólo acomodó a la Corte Suprema. También le marcó la agenda a la Cámara de Diputados. Julián Domínguez se esfuerza por contener el malestar de los legisladores nacionales. Siempre promovió una salida política para los Códigos. Su intención era votarlos en la última semana de diciembre para respetar el mandato y el trabajo de los diputados que venían trabajando desde 2011. No sólo los oficialistas, sino también radicales como María Luisa Storani y Ricardo Gil Lavedra, que recorrieron todo el país en el proceso de audiencias. En cambio, ahora primará la postura de 127 diputados nuevos que jurarán el 4 de diciembre, recién llegados, quienes levantarán la mano para aprobar el plexo normativo. Massa, Julio Cobos y otros con, tal vez, algo menos de noción jurídica, como Del Sel y Mac Allister.

La eliminación de la función social de la propiedad también generó tensión en la Cámara, una disposición jurídica que rozaba a la Constitución nacional. La carta magna de 1853 es de neto corte liberal, de protección solemne de los derechos individuales, más allá de la incorporación de protección a los interés colectivos como el derecho a un medio ambiente sano. Basta con leer el artículo 17: "La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley".

Ahora el Gobierno podría prorrogar las sesiones ordinarias en Diputados para tratar el proyecto de ley que aumenta impuestos a los compradores de autos de lujo. Una llamativa lógica parlamentaria que buscará emitir dictamen sobre autos para, mientras tanto, mantener congelado el dictamen ya firmado de reforma y unificación de códigos que, en el mejor de los casos, deberá esperar a marzo. Un estiramiento de agenda para volver a sacudir el Congreso a partir de marzo. Lo que nadie especificó desde el oficialismo es si el dictamen ya firmado podría volver a sufrir modificaciones, ya sea de la Iglesia Católica o de alguno de los 127 diputados que ingresarán a partir del 10 de diciembre de este año y que deberán votar un dictamen cerrado al que no realizaron aportes ni manifestaron conformidad o disconformidad alguna.

Por ahora, y de cara a la última sesión ordinaria del año, la Cámara tiene previsto aprobar este miércoles y girar al Senado el proyecto del Poder Ejecutivo que busca reducir la responsabilidad civil del Estado. La norma que limita la responsabilidad civil del Estado es resistida por el arco opositor, que considera que la cuestión debió ser debatida dentro del nuevo Código Civil y Comercial, que el mismo día se discutirá en la Cámara alta.

Se espera una discusión extensa sobre la cuestión, que fija la responsabilidad del Estado "por los daños que su actividad o inactividad produzca a los derechos o patrimonio de las personas".

El proyecto en tratamiento, que deberá pasar al Senado tras su aprobación en Diputados, establece que el Estado "no responde" por "los perjuicios ocasionados por concesionarios de servicios públicos".

Los códigos, con dictamen ya firmado, podrán esperar. En la última sesión del año el oficialismo priorizó el tratamiento de otras iniciativas, como la creación del Registro Nacional "No Llame", en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que un usuario pueda evitar recibir propagandas u ofrecimientos de ventas a través de su teléfono. O el proyecto que instituirá el 14 de junio de cada año como Día Nacional del Barrendero en homenaje a Mauricio Silva, sacerdote barrendero desaparecido en 1977, y el 6 de diciembre será el Día de las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes), en coincidencia con el día en que Manuel Belgrano fue designado secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires en 1793.