Codere se va de La Plata

El gobierno bonaerense no le renovó la licencia del Bingo platense a la cuestionada empresa española. Esta compañía regentea, junto con el director del diario El Día, el millonario negocio de las tragamonedas. La investigación judicial y la necesidad de que el Estado asuma el control tota
Luego de casi dos décadas de manejar de forma monopólica el negocio del juego en La Plata, el gobierno bonaerense decidió no renovarle la licencia a la empresa española Codere que administra el Bingo local, donde funcionan numerosas máquinas tragamonedas.

Este grupo empresario de origen ibérico, que está asociado con Raúl Kraiselburd (director del diario El Día), actualmente tiene una licencia provisoria que vence en junio de este año. Pero sus representantes reconocieron ayer, mediante un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, que no seguirá en la ciudad de las diagonales por decisión del gobierno provincial.

La no renovación de la licencia se produce en momentos en que la administración de

Daniel Scioli estaría elaborando un proyecto para regular la actividad, iniciativa que podría incluir la posible ampliación de la cantidad

de distritos con bingos y tragamonedas con

el argumento de que es un reclamo de los

intendentes.

En un principio apareció la sospecha de que el proyecto del gobernador posibilitaría el ingreso al negocio del empresario Cristóbal López, uno de los dueños del Casino Flotante de Puerto Madero, que mantiene estrechos vínculos con el ex presidente Néstor Kirchner. Cristóbal tendría aspiraciones de quedarse con las máquinas que podrían instalarse en el Hipódromo de San Isidro, algo que es rechazado por el obispo de esa localidad, Jorge Casaretto.

Pero los pedidos de las máximas autoridades de la Iglesia Católica, más las denuncias realizadas por la oposición en relación a la estrecha vinculación de los empresarios del juego (Codere, Cristóbal López, etc.) con sectores del poder político hicieron que el mandatario provincial decidiera abrir una ronda de consultas. Scioli anunció que su proyecto será sometido a debate en la Legislatura (en cambio, hace dos años, Felipe Solá renovó las licencias por decreto), y se mostró dispuesto a hablar con la Iglesia y con representantes de las fuerzas vivas para definir el nuevo marco normativo.

Controvertida empresa

Codere desembarcó en la Provincia a comienzo de los años ‘90, de la mano del menemismo y el duhaldismo, que generaron las condiciones para expandir el negocio del juego de forma exponencial, lo que provocó un fuerte impacto social dado que fueron miles las familias destruidas ante este verdadero flagelo social que se conoce como ludopatía (adicción al juego), y que suele afectar principalmente a los sectores más humildes, que ven en el juego una de las pocas formas de esquivar la adversidad económica.

Además, esta firma española se ha visto involucrada en varios escándalos. Por ejemplo, en 2004, el líder del Grupo Royal, Carlos Vázquez Loureda, denunció penalmente a directivos del Grupo Codere por haber realizado una serie de maniobras delictivas: afirmó que la firma ibérica se infiltró, a través de un acuerdo engañoso, en el Grupo Royal y comenzaron a sabotearlo internamente para obtener ventajas económicas. Luego, Codere terminó comprando al Grupo Royal.

Si bien esta firma surgió en los años 80 (fue fundada en España por los hermanos Franco, propietarios del Grupo de Recreativos Franco, y la familia Martínez Sampedro) fue en la década pasada en la que dio el gran salto, obteniendo importantes ganancias en nuestro país a partir de sus vinculaciones con el poder de turno. Y así fue como se quedó con un total de 14 salas de bingo, lo que les permitió administrar unas 4.500 tragamonedas.

Pero los cuestionamientos no sólo apuntan a la ludopatía. También existen serias sospechas respecto a las supuestas entidades sociales que reciben el dinero a partir de las tragamonedas. Y, precisamente, el caso paradigmático se registra en La Plata. Concretamente, la concesión del Bingo platense, a través de la empresa Codere, es explotada por la Fundación Florencio Pérez, que preside Kraiselburd (socio de la firma española); la Fundación Estadio Ciudad de La Plata (que administran los clubes Gimnasia y Estudiantes); y la cooperadora del hospital Sbarra (ex casa Cuna). Todas estas entidades reciben dinero del juego.

A excepción de la ex Casa Cuna, las otras dos entidades prácticamente no realizan actividades sociales, requisito indispensable que exige la normativa vigente para recibir los fondos del Bingo. Esto hace que instituciones sin fines de lucro de reconocida labor social en la región, como es la Fundación del padre Cajade, estén excluidas del sistema y no perciban un solo centavo de la actividad lúdica.

Este conjunto de anomalías provocaron que la Justicia esté investigando a la fundación Florencio Pérez. Esta entidad, llamativamente, fue creada pocos meses antes de asumir la explotación del Bingo y ni siquiera tiene sede propia: funciona en diagonal 80 nº 847, lugar donde existe el periódico platense que es dirigido por Kraiselburd. En la causa, que es

tramitada en la fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, se sospecha que, entre otras irregularidades, la Fundación Florencio Pérez

ni siquiera cumplió con el objeto social propuesto: la rehabilitación de drogadependientes, pese a lo cual siguió recibiendo el dinero del Bingo.

Existe la sospecha de que en la provincia de Buenos Aires, a raíz del proceso de renegociación, existe una pelea de carteles del juego. La pelea es protagonizada por un grupúsculo de empresarios que manejan la actividad desde hace años, y que disputan espacio de poder. Por eso, resulta indispensable, tal como se planteó en reiteradas ocasiones en las páginas de este diario, de que sea el Estado el que asuma el control absoluto de la actividad. Esa es la única forma de evitar que un puñado de empresarios siga obteniendo inmensas ganancias a costa de un flagelo como el juego que, si no es debidamente auditado y limitado, puede causar verdaderos estragos sociales.

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