Codello debería comparecer

En la Comisión de Juicio Político no lo quieren admitir públicamente para evitar controversias con los defensores del magistrado del Superior Tribunal de Justicia (STJ), pero lo cierto es que el libreño no podrá eludir esta vez la investigación. Y el mejor elemento que tienen los diputados, facultados constitucionalmente para hacerlo, es la junta médica que examine al acusado de nada menos que doce pedidos de enjuiciamiento político por mal desempeño e inhabilidad física y mental. Todos los miembros de la Comisión coinciden en que no puede suceder lo mismo que en el proceso anterior, cuando Diputados quedó "pagando" y en una situación incómoda, como consintiendo el privilegio del juez, que primero amenazó con ir a hacer su descargo, pero luego ni siquiera habló por los medios.
El juez de la Corte provincial Juan Carlos Codello, o mejor dicho su defensa, que por estos días buscó hacer ruido denunciando ante el Inadi a quienes denunciaron a su defendido a sabiendas que eso no tiene más que un efecto mediático, podrían considerarse en problemas.

Su estrategia de "esconder" al magistrado y amagar que concurriría a la Legislatura primero o que asiste a su lugar de trabajo, ya no podrá seguir en pie. Porque al menos cuatro de los cinco miembros de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja ya han decidido que su criterio no será el mismo que sostuvieron durante el primer proceso, en el que Diputados quedó "pegado" a los privilegios del juez para eludir la Justicia, gravísimo si se tiene en cuenta que se trata de un miembro del máximo órgano jurisdiccional de la Provincia, sino que además se pensó que había una suerte de connivencia porque no se asumían las "amplias facultades" que confiere la Constitución Provincial a los legisladores encargados de investigar cualquier acusación contra los integrantes de la cabeza del Poder Judicial o del Ejecutivo.

Y en este caso, Codello llegó a sumar, con aquellos que fueron rechazados o no llegaron a resolverse, quince pedidos de juicio político y todos por mal desempeño de sus funciones e inhabilidad física e intelectual.

La situación de Codello es difícil, porque se hace insostenible que justamente un magistrado se niegue a dar cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución, que como miembro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), es, en última instancia, uno de los que debe interpretarla.

Pero además llama poderosamente la atención que la andanada de pedidos ante Diputados no haya siquiera motivado un mea culpa del presidente del STJ, Eduardo Farizano, quien es consciente de que las denuncias tienen asidero y nadie desconoce el estado de salud de Codello.

Al contrario, Farizano mostró la hilacha en una jugada arriesgada que los memoriosos no recuerdan de una investidura como la suya, cuando remitió recientemente una carta tratando de intimar a la Cámara de Diputados -esto es otro poder del Estado- para que acelere los juicios contra el acusado.

Ahí fue cuando los legisladores le salieron al cruce en masa y le recordaron, por caso, que hace más de cinco meses que el máximo órgano judicial no resuelve una cuestión de fondo -planteo de inconstitucionalidad de dos artículos de la nueva Carta Magna- que hiciera el fiscal general César Sotelo y por el que consiguiera una cautelar en tiempo record. Por esa causa, hasta hoy el Senado no puede -o no quiere- nombrar a los funcionarios creados por la nueva Constitución para completar la labor del Ministerio Público, esto es el Defensor y el Asesor Generales.

Así las cosas, Codello deberá comparecer ante la Comisión, o en todo caso, no podrá negarse cuanto menos a ser sometido al examen psicofísico que le realizará una junta médica para determinar su aptitud o no para desempeñar el cargo que ocupa, lo único que llevaría tranquilidad a la opinión pública, que asiste azorada a la posibilidad de que quien decide sobre sus bienes y su libertad no esté en sus cabales.

La necesidad de esclarecer esta situación es la que llevó en los últimos días a dar parte a la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que sea quien aporte los profesionales médicos que examinen a Codello, con el objetivo de aventar suspicacias.

La suerte de Codello parece estar echada. Por más que sus allegados traten de demorar, casi en forma cómplice, una situación que no da para más y terminará por revelarse.

Quizás lo más grave, en este caso fueron las desafortunadas expresiones del Arzobispado local que no midió en su justa medida la importancia sustantiva que para la Provincia significa recuperar el servicio de justicia, y la credibilidad de la gente en sus instituciones.

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