El senador radical Julio Cobos (Cambiemos) presentó un proyecto de ley para analizar el conflicto de intereses, mientras desde la oposición admitieron la existencia de “lagunas” legislativas y reclamaron someter a “un control parlamentario” a las estructuras del Estado.

Cobos explicó que “el proyecto surge de la necesidad de prevenir el conflicto de intereses en la gestión de los funcionarios y transparentar la toma de decisiones en el ejercicio de sus funciones para preservar el interés general”.

Por su parte, Carla Pitiot, diputada nacional por el Frente Renovador y dirigente de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), evaluó que “hay una laguna en la legislación actual” porque según explicó “el Código de Ética Pública no ha sido lo suficientemente comprensivo de la realidad argentina”.

La propuesta presentada por Cobos promueve un marco regulatorio para controlar al presidente y vicepresidente de la Nación; al jefe de Gabinete; ministros, secretarios y legisladores y a todos los abarcados en la Ley de Ética Pública.

En un comunicado, el mendocino indicó que a través de esta iniciativa “se incorpora la figura de la Oficina de Conflicto de Intereses como organismo responsable y autárquico para llevar adelante el análisis, seguimiento, investigación y recomendación de las infracciones y sanciones que correspondan”.

A su vez, en la propuesta apuntó que se incluye un registro de actividades en conflicto “con el fin de detectar de manera temprana los posibles conflictos que puedan surgir en el desempeño de la gestión” y que “se establece el seguimiento de las declaraciones juradas presentadas por parte de los funcionarios al principio y al final de la gestión”.

Pitiot tuvo reparos de la creación de una oficina para atender estos casos al señalar que “una superestructura no dará respuesta” a estos casos y se mostró a favor de “un control y seguimiento parlamentario” porque le daría “mayor independencia del poder político”.

En este contexto, la legisladora apuntó que “los estudios vinculados al estado del funcionario que está por asumir un cargo es un trabajo muy arduo desde lo administrativo”, por eso, consideró que una alternativa sería dar “más facultades a la Oficina Anticorrupción”.

“Hay muchísimos proyectos en el Congreso sobre este tema y esto denota que hay una preocupación de parte de la dirigencia y de la ciudadanía”, señaló Pitiot, quien insistió en trabajar “en lo preventivo y no cuando explote la bomba como ocurrió entre el gobierno anterior y éste”, en referencia al caso del Correo Argentino.

La dirigente insistió en la necesidad de “dar contenido a la Ley de Ética Pública”, pero señaló que en la controversia generada por el acuerdo entre el Estado y el Correo, “el Poder Ejecutivo podría haber pedido a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) expedirse con un estudio especial acerca de si comprometía el interés del Estado, pero no lo hizo”.

El 1 de marzo el presidente Mauricio Macri anunció en el Congreso, al inaugurar las sesiones ordinarias, que serán publicados “dos decretos” referidos a los "conflictos de intereses”