La Coalición Cívica quiere usar los cuarteles como cárceles.

La propuesta de la fuerza prioriza el destino de los inmuebles a “delincuentes peligrosos o de mala conducta”. En el documento también se propone que Prefectura y Gendarmería hagan “inteligencia y represión del delito”.
La Coalición Cívica de Entre Ríos elaboró un documento sobre la inseguridad en la provincia en el que postula la necesidad de que el Estado recluya, a través de un convenio con el Ministerio de Defensa, a los “presos con condenas firmes y buena conducta” en cuarteles de las Fuerzas Armadas.

La propuesta difundida este domingo consta de 13 puntos donde se refleja la propuesta de seguridad que la Coalición Cívica realiza.

Uno de los puntos resaltados postula un “acuerdo con el Ministerio de Defensa para emplear cuarteles para la reclusión de presos con condenas firmes y buena conducta, priorizando las cárceles para los delincuentes peligrosos o de mala conducta”. En el mismo apartado se propone “laborterapia y educación obligatorias en las cárceles” y remarca el concepto constitucional de que “los establecimientos penales deben ser sanos y limpios”.

Los integrantes de la CC Entre Ríos aseguran que analizaron “con absoluta intranquilidad la progresión del índice de inseguridad, el crecimiento de la violencia, la disminución de la edad en que se comienza a delinquir, el alto grado de reincidencia, la tenencia ilegal de armas y el crecimiento del consumo y tráfico de drogas, que se padece en nuestra provincia y en todo el país”.

Por eso, sindican como otro paso a dar que el Estado provincial celebre “convenios con Gendarmería y Prefectura para asignarle tareas de prevención, inteligencia y represión del delito en zonas compatibles con sus jurisdicciones, donde conforme el mapa del delito que sea más necesario”.

“La lucha contra el delito y la inseguridad es tarea de todos, pero la responsabilidad es del gobierno, la Legislatura, la Policía y la Justicia. Hay que atacar el problema ya, mañana será tarde”, advierte la Coalición.

Otros de los ejes que propusieron es la “urgente” implantación del servicio 911 y del nuevo Código Procesal Penal (que comenzará a ser puesto en práctica en algunos departamentos a mediados de año), la “profesionalización de la Policía, desterrando la ingerencia de punteros políticos, la declaración de la emergencia en seguridad en el marco de la Ley de Seguridad Interior, habilitando que se celebren convenios con fuerzas federales.

También solicitan la “discusión en la Legislatura del proyecto de creación del Defensor de la Seguridad y de los Consejos Municipales y Rurales de Seguridad”, así como “más presupuesto y estructura a la Dirección de Toxicología de la Policía, asumiendo la decisión política de combatir al narcotráfico en Entre Ríos”.

En el documento se propone también “abrir un padrón para que los retirados de la Policía se anoten para desempeñar funciones administrativas en las dependencias policiales, liberando personal activo para incrementar su presencia en las calles. Con igual objetivo, se pueden reasignar transitoriamente empleados públicos de otras reparticiones del Estado, previa capacitación”.

“Una política criminal nunca estará aislada ni será indiferente de la política social: los programas y políticas sobre el delito deben estar relacionados con los procesos sociales e históricos y las políticas sociales y económicas de un país, porque el fenómeno del crecimiento del crimen se encuentra inserto en los primeros y condicionado por las segundas”, define el documento.

“Para ello se requiere un desarrollo concertado de todas las otras políticas relacionadas con la prevención del delito: sociales, educativas, prevención y tratamiento de adicciones, protección de las víctimas, tratamiento de adolescentes infractores de la ley penal, cárceles, acceso a las armas, etc. El delito y el delincuente deben considerarse como fenómeno social”.

“La seguridad como tal no puede ser tratada desde una postura ideológica sino desde una perspectiva seria y republicana: debe atender con firmeza las causas que llevan al individuo a delinquir, para evitarlo; debe investigar exitosamente descubriendo al responsable para su juzgamiento y condena en establecimientos que favorezcan su reinserción social, como mecanismo de defensa de la comunidad frente al elevado índice de reincidencia”, consigna el documento titulado “La inseguridad en Entre Ríos: aportes para el debate. Propuesta de la Coalición Cívica”.

“Tendrá que ser eficaz dentro de la ley, para lograr el castigo del delito en todos los casos, pero especialmente en lo relacionado con los delitos muy violentos, la criminalidad organizada, el ilícito económico, el narcotráfico y la corrupción gubernamental y administrativa: la sociedad debe percibir que efectivamente ‘el que las hace las paga’”, grafica el texto.

Por otra parte, consigna: “Las causas profundas de los males que nos aquejan en este tema son múltiples y exceden largamente el marco penal. La crisis de la seguridad tanto en el país como en Entre Ríos reconoce orígenes socio-económico-educativos y políticos”.

“La lucha para recuperar los índices de seguridad y tranquilidad como modo de vida que caracterizaban a nuestros pueblos en otras épocas, demanda políticas públicas de fuerte contenido inclusivo, donde la escuela y la generación de empleo no público, son elementos vitales. En ese sentido, también es importante la defensa del federalismo y de un plan agropecuario e industrial que proteja a las principales fuentes de actividad de la economía provincial”.

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