Cloacas del Butaló: Larrañaga fue al Juzgado y no declaró

Cloacas del Butaló: Larrañaga fue al Juzgado y no declaró

El exintendente fue convocado para las 10 de la mañana y se fue menos de una hora más tarde. "Quiero que me dejen tranquilo", le dijo a la prensa.

El exintendente santarroseño, el bioquímico Luis Larrañaga (PJ), fue citado a indagatoria en la mañana de hoy en el Juzgado Federal de Santa Rosa por las irregularidades de la obra de cloacas del barrio Butaló llevada a cabo en el año 2014.

Larrañaga ingresó al despacho del Juzgado minutos antes de las 10 y se fue casi una hora después. Su abogado Mariano Alomar confirmó que decidió no declarar ante la jueza subrogante María Gabriela Marrón.

Larrañaga no quiso hacer declaraciones ante la prensa. "Quiero que me dejen tranquilo", dijo.

En el turno siguiente, la magistrada llevará adelante el mismo trámite con Nicolás Echevarría, exdirector de DAGSA durante la administración de Larrañaga.

Para mañana, la jueza citó al exsecretario de Obras Públicas Daniel Ucciardello (actual funcionario provincial) y al inspector Adolfo Bruno. El miércoles irán al Juzgado el empresario Omar Jubete y al ingeniero de la constructora, Mario Giandón.

La jueza Marrón firmó el decreto de citación el miércoles y admitió a la Municipalidad de Santa Rosa como querellante en la causa.

Aunque no hay una calificación del delito que habrían cometido los acusados, en principio podría haber una defraudación a la administración pública. Se les atribuye haber intervenido -según sus cargos y funciones- en distintas etapas de la obra de cloacas del barrio Butaló, dándola por concluida, recibiéndola y pagándola (o cobrándola) a pesar de que eso no debió ocurrir por las deficiencias que presentaba. La irregularidad más notable es la falta de conexión a los domicilios.

Obra sin terminar

El pedido de indagatorias lo realizó en su momento la fiscala federal subrogante Adriana Zapico, aunque ahora el fiscal de la causa es Leonel Gómez Barbella.

Larrañaga renunció el año pasado a un cargo en la administración provincial y actualmente se dedica a su actividad privada. Tiene un laboratorio privado y es dueño de la Torre Médica, un edificio donde se hacen prestaciones médicas y se alquilan consultorios.

Ucciardello es el actual director general de Obras Públicas de la Provincia y durante la realización de la obra cuestionada era secretario de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano de la capital pampeana. El actual asesor provincial Nicolás Echevarría era director de Agua y Saneamiento municipal. Adolfo Bruno era inspector de obra. También serán indagados el dueño de la constructora, Omar Jubete, y Mario Giandón, el ingeniero de la empresa.

En el pedido de las indagatorias se afirma que las obras no se completaron. El monto original de la obra fue de $2.233.725,80, de los cuales Nación solamente transfirió en la gestión anterior $223.372. La obra terminó costando $4.300.000 y fue pagada por la gestión municipal de Larrañaga a la empresa Jubete en su totalidad en 2014 y ahora se detectó que se cobraron cosas que no se hicieron. A valores actuales de la obra, más los daños causados, el monto estimado ronda los 20 millones de pesos.

El exintendente Luis Larrañaga fue -según la prueba que aportó la Municipalidad- quien gestionó los fondos ante el ENOHSA con la presentación de los correspondientes certificados de obra.

“La falta de cumplimiento por parte de la empresa contratista no pudo ser desconocida ni por las autoridades municipales intervinientes ni por el inspector de obra, como así tampoco pudieron desconocer el reclamo por escrito efectuado por una vecina en el mes de septiembre de 2015, previo a la confección del acta definitiva y a la devolución de la garantía”, dice el pedido de indagatoria.

Las pruebas

La fiscala Zapico recordó que el actual intendente, Leandro Altolaguirre, contrató al ingeniero Néstor Giorci -exfuncionario de Obras Públicas de la Nación-, quien consideró que hubo “mala praxis” por parte de la empresa. El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) también informó que “la obra no fue ejecutada en su totalidad, por lo cual se certificaron y pagaron trabajos no realizados” y que “la falta de complementación de la obra, en conjunto con su irregular puesta en servicio, sería el origen de anomalías tales como: 1) trastornos en el funcionamiento de instalaciones domiciliarias internas que fueron desvinculadas de la red existente para su posterior reconexión; 2) deterioro de aceras y calzadas consistentes en hundimientos que resultan de cesiones del terreno por presencia indebida de fluidos provenientes de pérdidas de la red y/o compactación defectuosa; 3) acumulación de aguas servidas que ascienden a la superficie asfáltica desde el terreno colmatado mediante las fisuras ocurridas tras los hundimientos; 4) BR con carga estática y cañerías remanentes de AC, materialmente colapsadas”.

Otra prueba de que la obra no se realizó en su totalidad es el nuevo convenio firmado entre el gobernador Carlos Verna y el intendente Altolaguirre, del 24 de noviembre de 2017, con el objeto de asistir financieramente al municipio para la ejecución de las obras “Renovación y Rehabilitación del sistema de agua potable, desagües cloacales, posición de aguas de lluvia y freáticas de los barrios Butaló I, II, III, Vial y Jardín”.

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