Cloacas: en 3 años, ni jueces ni fiscales movieron la causa

Los ex concejales de Intendente Alvear, acusado en la causa por el fraude con la administración pública cometido en la obra de cloacas para esa localidad, pidieron el desdoblamiento de la causa y la prescripción de la acción penal en su contra.
La presentación se realizó el martes pasado ante la Cámara del Crimen de General Pico. La última actuación de jueces o fiscales en la causa es del 29 de junio de 2006 y de ese argumento se toma la defensa.

La presentación fue realizada por el abogado Miguel Angel Palazzani, defensor de los ex concejales Juan Pedro Alazia, Héctor Miguel Ruiz, Jorge Horacio Damico, Alicia Navazzotti, Delia Beatriz Schoeder, Rubén Hugo Beltrán, Simón Víctor Berclaz y Lidia Haydee Iglesias. Los ex ediles están acusados de incumplimiento de los deberes.

La causa tiene como principal acusado el ex intendente y ex diputado provincial Oscar Alberto Pepa (PJ) por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública y su ex secretario, Omar Ghizzio.

En el escrito presentado Palazzani señala que sus defendidos no fueron juzgados en un plazo razonable y que las dilaciones en la causa, que son notorias y evidentes, no fueron por la intervención de esa defensa. Es decir la presentación de Palazzani -en su acción de defender a los ex concejales. revela las dilaciones.

El defensor dice que los plazos para que opere la prescripción están cumplidos para el caso de los ex concejales. Es que el delito por el que se los acusa -incumplimiento de los deberes- tiene una pena de multa o un año de prisión. "Por las penas que tiene previstas, el plazo de prescripción de su acción penal es de 2 años", dice la presentación.

Precisa que "el art. 67 del C.P., nos dice que la prescripción se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública para todos los que hubiesen participado, mientas cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público". Y en el caso de los ex concejales afirma que "6 de los 8 concejales dejaron de serlo en el año 1999 y los otros dos (Alazia y Ruiz) dejaron el Concejo Deliberante en el mes de septiembre de 2000".

"Sin entrar a analizar la cuestión de que el plazo de prescripción desde la óptica constitucional debiera ser personal, en el presente nos encontramos con que de acuerdo al cómputo de los plazos y de los actos interruptivos que pudieron haber ocurrido en la causa (según podrán observar los Sres. Jueces del Tribunal) la misma está prescripta para mis defendidos", afirma Palazzani.

El abogado remarca un dato que revela la inacción en la causa: "de acuerdo a la última actuación hábil para interrumpir los plazos procesales que data del 29 de junio de 2006, en el momento de la presentación de este escrito los plazos para la persecución penal se encuentran prescriptos y han violado de manera flagrante la garantía constitucional del "plazo razonable" para ser juzgados, como se verá, sin ninguna actividad dilatoria por parte de esta defensa".

A modo de advertencia, Palazzani dice que no le pueden imputar a su defensa "la demora en el juzgamiento por alguna actividad dilatoria".

También considera que el cargo de diputado provincial que ocupó Oscar Pepa hasta el 2007 no tiene, según entiende la defensa de los ex concejales, relación con el cargo por el cual es acusado.

Asimismo, el abogado dice que "se realiza este planteo en este momento, en sintonía con el pedido de desdoblamiento de juicios (que reitero en este escrito, toda vez que había sido solicitado hace un año), a efectos de no dilatar más una causa de alto impacto público".

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