Las clínicas rechazan lo que les quieren cobrar por los residuos patológicos

La recolección y tratamiento de esos desechos costará tres veces más que ahora si se implementa el sistema adjudicado por Jaque. La Legislatura tiene la palabra final.
Cuando el gobierno Celso Jaque creía que tenía resuelto el futuro de la recolección y tratamiento de los residuos patológicos que se generan en la provincia, explotaron algunos frentes de conflicto de compleja resolución.

Una hipótesis que días atrás ni siquiera se consideraba en los despachos oficiales ligados a la problemática hoy hace temblar a los funcionarios a cargo de los mismos: el proceso licitatorio que avanzó hasta la adjudicación mediante un decreto del gobernador podría volver a foja cero si el Gobierno no consigue conciliar los intereses contrapuestos que coparon el escenario.

La chispa que prendió la mecha de la bomba que ya estaba plantada entre las partes involucradas se produjo el viernes cuando chocaron en la Casa de Gobierno la Asociación de Clínicas y Sanatorios con los responsables de la disposición final de los residuos, tarea que hoy tiene a cargo una firma ligada a la UTE que ganó la licitación del futuro sistema, controlada por el holding Pescarmona.

La reunión fue convocada por la Fiscalía de Estado para ajustar el manejo de los residuos en la actualidad, pero Ricardo Diez de Oñate, secretario de la entidad que nuclea a los centros privados de salud, no perdió la oportunidad de adelantar que las clínicas no están dispuestas a pagar el precio establecido en el contrato de adjudicación firmado por Jaque.

La prestadora del servicio cobrará alrededor de $11,50 por kilo de residuos patológicos, cuando en el resto de las provincias "no cuesta más de $4 pesos", advirtió Diez de Oñate. La abultada diferencia que se estableció en Mendoza es atribuida por los generadores a que la UTE regenteada por Pescarmona no tuvo competencia de precios en la licitación, ya que a la apertura de los sobres que definieron ese aspecto llegó en soledad, y como el Estado decidió que la prestación fuera responsabilidad de una sola empresa, el precio quedó fijado en la concesión sin posibilidad de que ‘se ajuste mediante una competencia con otro prestador.

Precisamente, el principal cuestionamiento, sostenido desde sectores diversos por motivos distintos, es que la prestadora que se quedó con la operación del sistema abusa de su posición monopólica. Las críticas comenzaron cuando se conocieron las condiciones de la concesión y se centraron principalmente en dos cuestiones, según quien emitía la queja: al menos un par de los actuales transportistas de los residuos patogénicos autorizados por la Secretaría de Ambiente –son cinco– protestaron formalmente con recursos administrativos y planteos en la Legislatura porque no se contempló su situación, mientras los generadores cuestionaron por lo bajo el precio del futuro servicio hasta que el viernes levantaron la voz y aseguraron que darán pelea.

Jaque adjudicó el sistema integral –comprende la recolección, el transporte y el tratamiento con dos técnicas diferentes, según sean desechos orgánicos o no– a la unión transitorias de empresas Tysa Lamcef, la que compitió con otros dos oferentes que quedaron en el camino por impugnaciones no saldadas durante el proceso licitatorio. Si bien el Gobierno decidió adjudicar la prestación, para que la misma entre en vigencia el decreto del Ejecutivo debe ser refrendado por la Legislatura, en donde la oposición no está ni cerca de convencerse de que la propuesta de Pescarmona es la mejor alternativa. Incluso entre los legisladores hay propuestas para implementar un sistema distinto al que desarrollaría Tysa Lamcef.

Mientras se define el nuevo sistema, los desechos hospitalarios que ponen en riesgo la salud de las personas y la calidad del ambiente son destinados a celdas subterráneas ubicadas en El Borbollón, de Las Heras, en donde quedarán para siempre sin ser sometidos a ningún tipo de tratamiento ni incineración. Este procedimiento no cumple en lo más mínimo los parámetros de seguridad establecidos en la ley 7.168 aprobada en 2005 y reglamentada por decreto 2.108/05.

El depósito subterráneo dispuesto para salir del paso colapsaría a finales de 2008, según las previsiones iniciales.

Sin embargo, las celdas se siguen llenando con basura hospitalaria sin que se genere riesgos de contaminación, según la Secretaría de Ambiente, que tiene a cargo el monitoreo del sitio.

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