Por el gas y por Cleto, CFK empezó la semana con dos denuncias penales

Por el gas y por Cleto, CFK empezó la semana con dos denuncias penales
Pidieron que se la investigue por "incumplimiento de deberes" a raíz del tarifazo del gas y por negarle a Cleto, mientras fue presidente interino, un avión oficial para ir a Tartagal. Con la mira en el campo, Cristina negó una rebaja impositiva.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue este lunes denunciada penalmente en dos oportunidades ante la Justicia Federal por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", a raíz del decreto que modificó las tarifas de gas y por la negativa a facilitarle al vicepresidente en ejercicio de la presidencia el avión oficial para visitar la zona de desastre en Tartagal durante su estadía en España.

La primera de las denuncias recayó en el juzgado de Julián Ercolini, quien ya investiga una presunta asociación ilícita que habría encabezado el ex presidente Néstor Kirchner, hombres de su Gabinete y amigos.

La acusación apunta al "recargo tarifario en la factura del servicio de gas con destino a la creación de un fondo fiduciario para la importación del hidrocarburo", establecido a través del decreto 2026/2008 que -según la denuncia- es "torpemente inconstitucional".

El abogado José Lucas Magioncalda presentó la denuncia esta mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002 directamente contra la presidenta Fernández, al sostener -además- que "la conducta típica denunciada carece de todo atenuante". El denunciante hizo hincapié en "las circunstancias personales de la autora del hecho, quien además de tener todos los recursos del Estado para asesorarse jurídicamente, ha cursado la carrera de Derecho y sostiene que se ha recibido de abogada".

"En definitiva, pareciera imposible que la nombrada desconociera los límites que la Constitución y las leyes de la Nación le imponen en relación a la creación de tributos", advierte el escrito.

La denuncia cuestionó el decreto 2026/08 del 27 de noviembre del año pasado, en donde se creó un "Fondo Fiduciario para atender las importaciones de gas natural y toda aquella necesaria para complementar la inyección de gas natural que sean requeridas para satisfacer las necesidades nacionales de dicho hidrocarburo, con el fin de garantizar el abastecimiento interno y la continuidad del crecimiento del país". Para el abogado Magioncalda, ese decreto "viola la ley 24.076 que establece el marco regulatorio del gas" en donde se define que la tarifa del gas se compone de la suma de "a) Precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte; b) Tarifa de transporte; c) Tarifa de distribución".

Según Magioncalda, "el nuevo 'cargo tarifario' que se crea por decreto constituye, en realidad, un tributo ilícito" y por si "fuera poco, sobre éste, se aplica el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) según surge del segundo párrafo del art. 2º del Decreto P.E.N. Nº 20672008".

"¿Cuál es el valor agregado de un tributo? En este punto de la presente denuncia, podemos advertir que el Decreto P.E.N. N° 20672008 no sólo es manifiestamente inconstitucional sino torpemente inconstitucional", se señaló.

En la presentación, también se alude a las consideraciones advertidas por el defensor del Pueblo Eduardo Mondino, quien también denunció ante la justicia en lo contencioso administrativo la "inconstitucionalidad manifiesta" del decreto.

El juez Ercolini remitirá ahora la presentación ante la Fiscalía para ver si promueve o no la investigación de la causa.

OTRO DOLOR DE CABEZA POR CLETO. El abogado Ricardo Monner Sans reclamó nuevamente investigaciones judiciales, esta vez para averiguar las razones por las que le fue negado al vicepresidente Julio Cobos un avión para viajar a Tartagal, cuando fue afectado por el alud.

El abogado promovió una denuncia pidiendo una investigación sobre la presunta negativa de estamentos oficiales a concederle un avión a Cobos mientras ejercía la Presidencia. La presentación recayó en el juzgado federal Nº8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Oscar Amirante.

El profesional dijo que "habrá que ver cuáles fueron las –razones- materiales y cuáles las ideológicas, que le demoran la posibilidad de la imprescindible inmediatez del titular del Poder Ejecutivo Nacional".

El escrito alude a publicaciones periodísticas en las que constaría que la Presidenta, desde España, habría dado "órdenes respecto de quiénes sí debían viajar. Ella, por cierto, no estaba en condiciones constitucionales de dar órdenes por la recta delegación efectuada al partir". Asimismo, menciona la posibilidad de que se hubieran cometido los delitos de "resistencia o desobediencia a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones" y "violación de deberes de funcionario público".

Monner Sans pidió que sean citados a prestar declaración testimonial el titular de la Unidad Vicepresidente, el Jefe de la Casa Militar y el secretario general de la Presidencia de la Nación, Oscar Parrilli.

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