Claves para preservar el empleo

Los especialistas coinciden en que la desaceleración económica impactará en la tasa de desocupación a no ser que el Estado intervenga activamente para impedirlo. Reivindican algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno y sugieren otras.
Por Julio César Neffa *

Retomar la iniciativa

Los dramáticos indicadores de desempleo, subempleo, pobreza e indigencia cayeron rápidamente desde fines de 2002, debido a las elevadas tasas de crecimiento del producto estimuladas por el “tipo de cambio alto y competitivo” que promovió exportaciones, frenó importaciones de bienes, estimuló la demanda y la inversión generando luego incrementos en los salarios reales y mejoras en la distribución funcional del ingreso.

Ahora estamos frente a una crisis financiera internacional provocada por la errónea política crediticia de las entidades financieras norteamericanas, la especulación y la falta de regulación. La Argentina forma parte de una economía mundializada y, por lo tanto, la crisis nos va a afectar. Todavía existen suficientes reservas, hay excedente fiscal y del comercio exterior, pero es posible que aun así –de no mediar políticas adecuadas– durante uno o dos años el ritmo de crecimiento del PIB va a disminuir, se generarán poco nuevos empleos netos, las tasas de desempleo y de subempleo aumentarán; la caída en la demanda efectiva frenará el ritmo de crecimiento de la inflación, sin impedir por ello el crecimiento de la pobreza y de la indigencia.

El libre juego de las fuerzas del mercado no puede dar respuesta adecuada a estos problemas pues por su misma naturaleza generan crisis cíclicas, desequilibrios y conflictos. Aplicar una política neoliberal ortodoxa de ajuste sería recesiva. No se necesita mucha reflexión teórica para que el Estado vuelva a ser aceptado (incluso por el empresariado) como un actor válido que debe intervenir y adoptar políticas de corto y mediano plazo.

¿Cuáles parecen ser prioritarias en el tiempo? A nivel macroeconómico: 1) estimular la demanda de bienes de consumo familiar reduciendo el IVA sobre los productos de la canasta básica, otorgar subsidios a los desocupados precarios y no registrados y facilitar el crédito para inversión (garantías, tasas de interés, plazos de pago y años de gracia); 2) créditos para la construcción de viviendas; 3) inversión pública para infraestructura: construcción y reparación de edificios de hospitales, escuelas, universidades y organismos de investigación; modernización de los medios de transporte; construcción y reparación de vías férreas, caminos, canales y diques; aumentar la capacidad de generación de electricidad sin deteriorar el medio ambiente; programación de prospección y extracción de petróleo y gas para aumentar las reservas y evitar la dependencia energética, etc.

La prioridad en cuanto a la importancia consiste en convocar al sistema académico y científico a fin de desarrollar estudios macroeconómicos prospectivos y de carácter estratégico para identificar las diversas alternativas que se le presentan al país respecto del mundo en cuanto a su mejor especialización productiva e innovar para aumentar la productividad, reducir los costos unitarios y mejorar la calidad recurriendo al cambio científico y tecnológico para lograr una competitividad genuina que no dependa solamente de la tasa de cambio. No tiene futuro basar el crecimiento exclusivamente sobre productos exportables del sector primario poco elaborados, pues en el largo plazo se confirma la tesis cepalina del deterioro de los términos del intercambio.

Pero el crecimiento económico por sí solo no resuelve adecuadamente los problemas de empleo y distribución del ingreso: si derrama, lo hace para otro lado. El de-sarrollo requiere acompañarlo con cambios en las instituciones y en la legislación laboral y social para evitar sistemáticamente los despidos colectivos arbitrarios e injustificados, cumpliendo los convenios de la OIT ratificados por el país. El sistema del seguro contra el desempleo debe reformarse porque el monto es insuficiente y protege a menos del 10 por ciento de los desocupados. Las políticas pasivas de empleo son ayudas alimentarias necesarias pero no generan nuevos empleos estables y de calidad. Deben complementarse con políticas activas que promuevan la creación de nuevos empleos estables y de calidad, formación profesional y reconversión de la mano de obra amenazada por la obsolescencia tecnológica, combatiendo el trabajo no registrado (“en negro”) y desalentando el crecimiento del empleo precario sin garantías de estabilidad y con escasa protección social. Las políticas sociales deben coordinarse asignando prioridad a los niños y jóvenes, mujeres jefas de hogar con familia a cargo y ancianos sin jubilaciones o pensiones.

Las condiciones están dadas para que el Estado retome la iniciativa de proponer un programa nacional tripartito de empleo, productividad e ingresos, donde de manera transparente todos los actores sociales, sin negar sus propios intereses, participen, discutan, negocien y hagan mutuas concesiones buscando acuerdos durables para controlar y reducir el impacto negativo de las crisis.

* Director de Ceil-Piette. jneffa@ceil-piette.gov.ar

Por Fernando Groisman *

El Estado debe intervenir

El Gobierno acaba de anunciar una serie de medidas tendientes a morigerar los efectos que la crisis internacional tendrá sobre la economía doméstica. El plan contempla un importante programa de obras públicas, la apertura de líneas de crédito preferenciales para la actividad industrial y el consumo, beneficios impositivos para la repatriación de capitales, una moratoria y facilidades de pago para las obligaciones tributarias y de la seguridad social junto con ciertas disposiciones tendientes a mejorar la calidad de las relaciones laborales. Se espera evitar una retracción significativa en el nivel de actividad e impedir, en todo caso, que el ajuste derive en un aumento marcado de la desocupación. Por ello demanda de los empresarios el compromiso de no efectuar despidos para acceder a estos beneficios.

La inclusión de acciones tendientes a elevar el cumplimiento de las normas laborales debe ser destacada. En especial porque la experiencia argentina ha mostrado que bajo diferentes contextos institucionales y macroeconómicos el acatamiento de las leyes laborales está lejos de ser un fenómeno generalizado.

Para estimular el empleo protegido por la legislación laboral se instrumentarían dos modalidades de intervención con prioridad en las pequeñas y medianas empresas. De una parte el blanqueo de relaciones laborales preexistentes y, por otra parte, la reducción de contribuciones patronales para los nuevos empleos. Bajo la primera de ellas las firmas que registren a sus trabajadores obtendrán un amplio perdón tributario. A su vez, se prevén incentivos previsionales para el , ya que por su registración podría computar hasta 60 meses de servicio para su futura jubilación. Bajo la segunda modalidad se propone la reducción de las contribuciones patronales por 24 meses para los nuevos empleos y/o la regularización de empleos preexistentes. El monto de la reducción sería del 50 por ciento durante el primer año y del 25 por ciento a lo largo del segundo.

Se aprecia entonces que el espíritu general de estas disposiciones es el de otorgar incentivos –vía reducción de las cargas laborales– para alentar la registración del empleo precario y para que los nuevos puestos de trabajo que se encuadren dentro de las regulaciones vigentes. Dadas las características de estas iniciativas cabe preguntarse acerca de la magnitud del problema que se busca atender. Algunos datos permiten ilustrar la situación. Alrededor del 40 por ciento de los asalariados se desempeña en un puesto de trabajo que no se encuentra registrado en la seguridad social, y por lo tanto, no está cubierto por la normativa laboral. Esta proporción de trabajadores precarizados persiste luego de 6 años de fuerte expansión económica. Si bien una gran mayoría de los trabajadores no registrados se encuentran en las empresas de menor tamaño –algo más del 60 por ciento en establecimientos con menos de 6 ocupados– el fenómeno no se limita a éstas. Efectivamente, uno de cada cuatro trabajadores no registrados se desempeña en establecimientos con más de 10 trabajadores. Por último, quienes se desempeñan en un puesto de trabajo precario perciben una remuneración menor al 50 por ciento de la que obtienen los asalariados protegidos.

Ante este complejo escenario laboral se desprende el interrogante acerca del impacto que tendrían estas compensaciones o beneficios. Puesto en otros términos, cabe preguntarse por la eficacia de un régimen de incentivos como el propuesto para que el empleador que durante varios años de buenos negocios mantuvo a todo o parte de su plantel en condiciones precarias mute su actitud e inscriba a sus trabajadores. En numerosas ocasiones, además, la reducción de las obligaciones asociadas a las regulaciones laborales ha tenido efectos de signo contrario al buscado debido, entre otros factores, a que las firmas asumen que el control del Estado será menor. El resultado se anticipa entonces incierto.

El empleo no registrado es un fenómeno complejo y responde a múltiples causas. Entre otras, a las dificultades en la coordinación de acciones para su eliminación y a una débil demanda de empleo en ciertos niveles de calificación, zonas geográficas y sectores económicos. Su erradicación requiere por lo tanto de una batería más amplia de medidas.

La reducción de las cargas laborales como incentivo para la registración de trabajadores guarda razonabilidad bajo el diagnóstico de que las firmas no pueden afrontar esos compromisos porque afectan su competitividad. Sin embargo, existe amplia evidencia que demuestra que las normas laborales ejercen un impacto positivo sobre la productividad. En efecto, entre otros aspectos, inducen a los empleadores a invertir en el entrenamiento de los trabajadores alentando una visión de más largo plazo y promueven un mayor compromiso de éstos con su labor. Elementos que en un contexto de crisis conviene no perder de vista.

* Investigador Conicet.

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