Claves para entender el nuevo escenario

Por: Pablo Abiad

La primera consecuencia del fallo de la Corte Suprema, siempre que se instrumenten medidas para que estos criterios se hagan efectivos, es que ahora cualquier trabajador podrá ser representante de sus compañeros.

Hasta acá, se exigía que los delegados estuvieran afiliados a un sindicato reconocido por el Ministerio de Trabajo -o sea, con personería gremial- y que las elecciones correspondientes fueran organizadas por la burocracia de ese sindicato. Este requisito -artículo 41, ley 23.551- es lo que se declara inconstitucional.

2 Ese es el aspecto "individual" -en palabras de la Corte- de esta sentencia. Por otro lado, se establece una consecuencia "social" para las organizaciones que, como CTA, carecen del reconocimiento oficial. Aunque parecen cuestionarlo, los jueces no reprueban la distinción vigente entre sindicatos con y sin personería, siempre a razón de uno por actividad. Sí marcan que esa diferencia "no puede privar" a ningún grupo no reconocido -sin personería- de "defender los intereses profesionales de sus miembros" como garantiza el 14 bis de la Constitución.

3 En síntesis, la Corte quiebra la base del sistema de monopolio sindical. Sostiene que una cosa es el "monopolio mantenido por la ley", que hoy limita los derechos de participación de algunos trabajadores, y que otra cosa es el monopolio que "voluntaria y libremente quieran establecer los trabajadores", si eso sucediera en la Argentina. ¿Alusión a quienes llevan décadas al frente de sus organizaciones? Como fuere, en términos políticos, la Corte apunta a la relación históricamente trabada entre los gobiernos de origen peronista, como el actual, y los sindicatos nucleados alrededor de la CGT.

4 ¿Qué pasa si un trabajador, en un gremio cualquiera, mañana se presenta a elecciones sin estar afiliado al sindicato reconocido por el Ministerio de Trabajo? Por más que vaya con la sentencia de ayer en la mano, necesitará que su candidatura sea aprobada por el gremio. Y si le niegan el derecho a participar, cosa probable, deberá hacer un juicio de cinco años como éste. Al menos hasta que el Gobierno, el Congreso y la propia CGT vayan tomando nota de este fallo.

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