Las claves de un fallo que la Corte no revisará ahora

Por Adrián Ventura

Existen algunas claves para entender el fallo de la Cámara Nacional Electoral, que despejó definitivamente la carrera de los candidatos y que no será revisado por la Corte Suprema antes de las elecciones.

Ayer, según pudo saber La Nacion, los ministros de la Corte estuvieron tratando el asunto en reserva: el máximo tribunal nunca sustanciará el recurso en los plazos abreviados que establece el Código Electoral de 48 horas, sino que dará 10 días.

Además, la Corte enviará el expediente al procurador general, Esteban Righi, por lo cual nunca estaría en condiciones de ser estudiado por el máximo tribunal antes de julio.

La primera clave del fallo de la Cámara Electoral es fundamental: los jueces Santiago Corcuera y Rodolfo Munné, que votaron en favor de las testimoniales, y Alberto Dalla Vía, que votó en contra, tienen una visión distinta sobre cuál es su tarea frente a la política.

La mayoría del tribunal hizo una aplicación literal del artículo 73 de la Constitución nacional: para ellos, la norma no prohíbe que Daniel Scioli y Sergio Massa se presenten como candidatos a legisladores, sino tan sólo que el gobernador desempeñe ambos cargos simultáneamente.

Para redondear la idea, sostienen que esas candidaturas no son testimoniales, porque en el expediente no hay prueba de que ellos tengan la intención de no asumir las bancas. Dicen los jueces que la mera aceptación de las candidatura hace que deban presumirse la buena fe y el compromiso de los candidatos.

El tercer juez, Dalla Vía, tiene una visión opuesta. Citando a importantes constitucionalistas clásicos, un fallo de la Corte y, también, recurriendo a conceptos de filosofía constitucional, entiende que el juez no debe hacer una interpretación literal de la norma, sino buscar su significado dentro del sistema constitucional: el juez debe limitar el poder para garantizar la libertad.

Para él, el artículo 73 directamente prohibiría presentarse como candidato a quien se desempeña como gobernador. Además, afirma, el sistema representativo exige que el ciudadano debe tener la expectativa de que la persona a la que vota por sus calidades efectivamente asumirá.

La mayoría y la disidencia expresan dos visiones distintas de la función del juez: para los jueces que avalaron las candidaturas, a menos que las normas jurídicas sean categóricas, no es tarea de los magistrados corregir la ética política. La política tiene, así, muy pocos límites. Para Dalla Vía, en cambio, el juez debe intentar frenar los abusos políticos y reencauzar a la política.

Una duda subsiste: ¿puede esperarse que la política, especialmente con los ribetes que tiene en la Argentina, pueda autocorregirse?

La segunda clave. No fue fácil para el tribunal de apelaciones arribar a esta sentencia.

Los tres jueces están acostumbrados a votar por unanimidad. Dos semanas de fuerte debate interno no alcanzaron para acercar posiciones.

En esta ocasión los tres jueces fueron conscientes de que estaban tratando temas fronterizos que pueden tener un fuerte costo para la credibilidad futura del tribunal y la que cada uno de ellos mismos merece como jurista.

Por eso, Corcuera y Munné, que consienten las candidaturas, dicen que las de Scioli y Massa "no son testimoniales". Ambos jueces no se animaron a avalar con todas sus letras semejante maniobra. Ellos confían en el "compromiso" de los candidatos y abren el paraguas: "Si se llegase a comprobar, en el futuro, que los candidatos no fueron honestos, la ciudadanía resultaría traicionada", afirman.

En cambio, Dalla Vía directamente se inclina por evitar que los ciudadanos corran el riesgo de esa traición.

Reunión en la Corte

El fallo será apelado por Ricardo Gil Lavedra, candidato y abogado de Acuerdo Cívico y Social, y llegará a la Corte, que preside Ricardo Lorenzetti. Ayer, los ministros conversaron en profundidad sobre este tema y no quieren ser objeto de utilización política por los partidos.

Dados los plazos procesales y la necesidad de que la Procuración General revise el caso, el expediente sólo estaría en condiciones de ser estudiado dos o tres días antes del 28 de junio. Y ningún tribunal constitucional cometería la imprudencia de alterar a último momento la oferta electoral.

Por eso, en la Corte consideran que el caso sólo podría ser comenzado a estudiar seriamente después de julio.

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