En mayo la economía se desplomó 20,6%, mientras que en 2001, cuando se registró la peor eclosión social de la historia argentina, el PBI perdió un 4,5%. La asistencia del Estado resultó esencial para contener las necesidades de los sectores más vulnerables, sobre todo en el conurbano bonaerense. La articulación de Arroyo y Larroque asegura el control territorial.
Por Guillermo Gammacurta
El último relevamiento del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), mostró que la actividad económica cayó un 20,6% interanual, un retroceso histórico por la magnitud, lo que muestra las tremendas consecuencias sobre la economía vernácula que la pandemia del coronavirus deja a su silente paso. Lo más fresco en el (in)consciente colectivo es la fenomenal crisis económica que eclosionó en diciembre de 2001 como punto cúlmine de una convertibilidad insostenible, y que tuvo como correlato una profunda crisis de representatividad política, y un desmadre social debido a la desesperación de las personas de los distintos estratos sociales. Todavía muchos argentinos podemos revivir límpidamente las imágenes dantescas de saqueos, represión y muertos en las calles.
En aquel escalofriante 2001 el PBI de la Argentina se hundió un 4,5%, ya con el corralito en marcha y una pobreza de hambre que punzaba a los sectores más desprotegidos de la escala social. Ya en 2002, el PBI se hundió 10,9%, con una pobreza que superó el 50%. Dependiendo de numerosas variables, entre las que se cuenta la evolución de la curva de contagios por Covid-19 y si hay que volver o no a una cuarentena estricta, lo que ralentizaría el rebote de la economía, distintas estimaciones pronostican una caída del PBI de entre 10% y 15% para este año.
Los números no dejan dudas sobre la magnitud del porrazo que el país se está pegando por culpa de la pandemia del coronavirus. Tal es la caída, que es más profunda que la de 2001. Sin embargo, a más de 130 días del comienzo de la pandemia, la eclosión social como la ocurrida hace 19 años, nunca llegó.
Entonces, cabe preguntarse cómo es posible que con un desplome del PBI más significativo que en aquel 2001, la situación social goce de cierta calma con un nivel de pobreza que según la UCA ya está en torno al 45%. La respuesta hay que buscarla en la rapidez de reflejos del Gobierno nacional para implementar y articular la asistencia para los sectores más vulnerables. “No hay un escenario como 2001 porque el nivel de asistencia social que hay ahora no tiene nada que ver con lo que pasó en 2001”, explica a Ámbito un dirigente con vasta trayectoria en los quehaceres de políticas sociales.
Luego de un comienzo dubitativo en el que se estaba acomodando al cargo y golpeado por el escándalo por la compra de alimentos con sobreprecios, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le imprimió velocidad a las políticas de ayuda. Para tomar dimensión, desde el inicio de la pandemia se distribuyeron unos 19 millones de kilos de alimentos secos desde los dos depósitos del Ministerio, ubicados en Tafí Viejo (Tucumán) y Villa Martelli (Buenos Aires).
“Daniel todos los días visita algún municipio y después viene para el Ministerio, está en la calle”, dice a Ámbito un funcionario cercano al ministro. La idea de Arroyo es marcar la presencia territorial, que el Estado fortalezca su rol de organizador social, pero que la ayuda se canalice a través de los distintos actores sociales. Sin dudas, el lugar más “caliente” para llegar a tiempo con la ayuda es el conurbano bonaerense en donde habitan más de 11 millones de personas. “Pusimos mucho esfuerzo para llegar rápido con la asistencia en los barrios más vulnerables, sobre todo porque le estamos pidiendo a la gente que se quede en su casa”, explica el mismo funcionario.
Andrés "Cuervo" Larroque y Daniel Arroyo, trabajan codo a codo para que la asistencia llegue de forma eficiente al territorio.
Ministerio de Desarrollo
“Con la Provincia estamos coordinando muy bien el trabajo, con el ‘Cuervo’ la verdad que estamos trabajando codo a codo”, revela un funcionario del Ministerio de Desarrollo que comanda Arroyo. La referencia es para Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. Ambos de bajo perfil, Arroyo y Larroque entendieron que juntos y coordinados dinamizan la gestión de ayuda social. A ellos dos se suman los intendentes de los 135 distritos bonaerenses, las iglesias de los distintos credos, las ONG y organizaciones sociales.
“Estamos trabajando mucho con los municipios, y con Arroyo articulamos la asistencia porque si no la Nación no tendría llegada al territorio”, explican desde el gobierno bonaerense. En esa amalgama son clave los Comité Operativo de Emergencias (COE) que funcionan a nivel nacional, provincial, municipal y barrial. “La asistencia a través de los COE es muy eficiente”, afirma la misma fuente, y agrega que “sin el trabajo que estamos haciendo, el conurbano sería la Bastilla”.
Tanto en Nación como en Provincia afirman que “cuando estalló la pandemia la situación era muy mala a nivel de asistencia social por la pésima tarea que se hizo en los cuatro años de Cambiemos”. “Muchas organizaciones sociales tenían buena relación con el gobierno de Macri vía Carolina Stanley, pero después la ayuda no llegaba al territorio”, se quejan.
En el frente interno, aunque en su entorno reconocen que hay “fuego amigo”, Arroyo procura alejarse de las intrigas palaciegas y también articula con varios dirigentes sociales que están en la función pública, como Fernando “Chino” Navarro del Movimiento Evita, secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete; Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y dirigente del Movimiento Evita, y Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de la Economía Social, entre otros.
Operativo Invierno en Hurligham: Daniel Arroyo y el intendente Juan Zabaleta en la presentación de la ayuda para los más vulnerables.
Ministerio de Desarrollo
Planes para sumar y dar trabajo
El programa más emblemático que está en marcha es el Potenciar Trabajo, que busca reconvertir los planes sociales en trabajo a través de propuestas socio-productivas sustentado en la finalización de estudios, formación laboral y capacitación en oficios. En este plan convergen los antiguos Hacemos Futuro y Salario Social Complementario, abarcando en total a 580 mil beneficiarios. El Potenciar Trabajo apunta a cinco sectores productivos como construcción; producción de alimentos; textil; economía del cuidado; y la recolección y reciclado de residuos urbanos, que serán clave en la etapa pospandemia.
A este programa se suman el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular para reconocer, formalizar y garantizar los derechos de los trabajadores de la economía popular para que accedan a herramientas que les permitan potenciar su trabajo; el Banco de máquinas, herramientas e insumos que genera en los municipios un sistema de bancos de máquinas, herramientas e insumos que sirvan de apoyo para los trabajadores; el Programa Recuperar que establece una línea de asistencia específica para las empresas recuperadas con financiamiento no bancario a una tasa de interés del 3 por ciento anual, para máquinas, herramientas o bienes de capital; y el Programa Microcréditos encabezado por la Comisión Nacional de Microcréditos (Conami) que, a través de organizaciones administradoras y por medio de gobiernos provinciales y municipales, ofrece financiamiento para Proyectos Integrales de Desarrollo Territorial. Ofrece tasas del 3 por ciento anual, destinadas a dar respuesta rápida al desendeudamiento y la necesidad de escalar el volumen de las finanzas solidarias.
La asistencia en números
Bono programa Potenciar Trabajo: en junio se volvió a pagar un bono de $3.000 para los 345 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que no recibieron el IFE.Entrega de alimentos secos: desde el inicio de la pandemia se distribuyeron unos 19 millones de kilos de alimentos secos desde los dos depósitos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ubicados en Tafí Viejo (Tucumán) y Villa Martelli (Buenos Aires), destinados a ONG, organizaciones sociales e iglesias de todo el país.Tarjeta Alimentar: hay 1.500.000 tarjetas Alimentar en todo el país, que significan unos $7.600 millones para que las familias compren alimentos. En abril se depositó un refuerzo de $4 mil o $6 mil. Eso implicó un total de $15.200 millones en abril.Convenio con comedores: desde el inicio de la pandemia en marzo, se transfirieron fondos por $1.320 millones a comedores y merenderos para la compra descentralizada de alimentos.Comedores escolares: se incrementó el presupuesto entre el 100% y 150% con respecto a 2019. Se llegó a $2.700 millones. El monto no se actualizaba desde 2015.
En la articulación territorial, el Ministerio de Desarrollo administra los llamados Fondos rotatorios para provincias y municipios. En abril se transfirieron $500 millones para compras de alimentos y artículos de limpieza. En mayo ese fondo se duplicó y pasó a $1000 millones. Ahora, se volvió a duplicar a $2000 millones de ayuda para julio. “La realidad es que hay municipios que son más eficientes para ejecutar los fondos, y otros que tardan. Es por eso que los ayudamos también a agilizar el uso de los fondos para que la ayuda se haga efectiva y le llegue a la gente más necesitada”, cuentan fuentes oficiales.
En la provincia de Buenos Aires, uno de los programas esenciales es el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que antes de la pandemia destinaba $1.000 millones, y ahora implica $2.600 millones por mes para asegurar el funcionamiento de los comedores escolares, que durante la pandemia siguen abiertos a pesar de que las clases están suspendidas. “Como el SAE es por beneficiario específico, en general los municipios no les sirve para hacer política por eso muchos municipios no lo ejecutan. En el conurbano donde hay mayoría de intendentes del oficialismo funciona muy bien, en el interior de la Provincia en donde hay más intendentes opositores, no se ejecuta de manera eficiente”, se queja un funcionario que conoce cómo funciona el “toma y daca” territorial. El SAE se complementa además con otros programas como Operativo Invierno y Bonaerense solidario.
ATP, IFE y créditos
En línea con la ayuda social a los sectores más vulnerables, los planes del Gobierno destinados a la clase media y media-baja, también surtieron efecto para morigerar las consecuencias del parate económico obligado por el aislamiento para frenar el avance del Covid-19.
El programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) fue ideada para cubrir el salario complementario. En sus dos primeras rondas se aprobaron pagos por casi $93.000 millones que beneficiaron a 310.000 empresas y 2,8 millones de trabajadores. En tanto que para los salarios de junio que se cobraron este mes, fueron beneficiarias 218.000 empresas con más de $32.000 millones. Asimismo, con respecto a los comercios, fueron beneficiados 55 mil en esta última etapa, cuando su pico llegó a ser de 81 mil en abril, lo que demuestra el incremento en los índices de facturación una vez que se comenzó a flexibilizar el aislamiento.
Asimismo, y con respecto al crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos, por un monto máximo de $150.000, el Gobierno informó que más de 450 mil cuentapropistas han sido beneficiados por montos superiores a los $50 mil millones. Por su parte, los créditos productivos a las pymes que cuentan con garantía estatal como la brindada a través del FoGAr, ya acumulan un desembolso superior a los $305 mil millones destinados a 88 mil empresas de todo el país.
En paralelo el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que consiste en un bono de $10.000 y que alcanza a casi 9 millones de personas, evitó que 2,2 y 2,8 millones de personas caigan en la pobreza y que 1,8 a 3,1 millones de personas caigan en la indigencia, a lo que hay que sumarle el refuerzo de la tarjeta Alimentar y el bono para la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El entramado de asistencia social, también abarca a los subsidios del Programa Hogar y las Tarifas Sociales de Gas y Transporte que pueden tramitarse en el sitio web de la ANSES, y que ya beneficiaron a más de 7 millones de personas. En concreto, la Tarifa Social Federal de Transporte, un subsidio para los viajes realizados con la Tarjeta SUBE, alcanza a más de 4.100.000 ciudadanos. Por su parte, el Programa Hogar, que garantiza el abastecimiento de garrafas a un precio accesible en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural, auxilia a 2.103.708 beneficiarios de todo el país. Y la Tarifa Social de Gas asiste a 874.230 titulares del servicio.
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